Braga

Yo Opino

Justicia y reparación para mujeres torturadas en dictadura: una deuda pendiente en Chile

por Carla Tito Ugarte

10 septiembre, 2019

Justicia y reparación para mujeres torturadas en dictadura: una deuda pendiente en Chile

A 46 años del Golpe, como ABOFEM hacemos un llamado al Gobierno a repensar y reconstruir las políticas de reparación y búsqueda de la justicia para todas aquellas mujeres políticas que se vieron afectadas por crímenes de lesa humanidad, especialmente aquellas agresiones sexuales que tan profundamente han afectado su indemnidad.

Compartir esta Noticia

Ad portas de cumplirse 46 años desde el Golpe de Estado, hemos presenciado los daños producidos en memoriales, declaraciones de personajes políticos avalando los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura y la inactividad del Consejo de Monumentos Nacionales ante la posible demolición de Venda Sexy, entre otros.

Así, los temas suman y siguen. Sin embargo, algo que pareciera estar oculto, invisible, es la fuerte presencia de la violencia de género en la dictadura y la impunidad presente en estos casos.

Una ex presa política señala: “A nosotras nos golpeaban por ser políticas y mujeres. Ellos tenían la orden de destruirnos la vagina para que ninguna mujer tuviera hijos miristas o revolucionarios”. Este extracto puede resumir, a mi parecer, muchas complejidades que las mujeres tuvieron que enfrentar.

Al término de la dictadura cívico-militar, esta realidad fue invisibilizada, la neutralidad y caracterización masculina de la figura del “detenido desaparecido” o “del ex preso político” se adueñó de esta parte de la historia.

En los años 70, la apropiación de espacios públicos y especialmente políticos para la mujer era la ruptura del lugar de sumisión en el espacio privado al que la historia le ha condenado. Ser mujer con opinión política, de izquierda y dirigente para el patriarcado es la construcción de la mala mujer.

Muchas “malas mujeres” fueron detenidas, algunas por su fuerte labor política, otras porque para la dictadura sólo eran la “pareja de”, invisibilizando absolutamente su rol como sujeta política.

Sufrieron otro tipo de torturas, pues no sólo se enfrentaban al régimen político, sino que su presencia era un enfrentamiento al patriarcado. Fueron violadas, abusadas, acosadas, denigradas, no sólo en contexto de interrogatorios, sino por funcionarios policiales que abusaban o las violaban en otros contextos.

La aplicación de muchos métodos de tortura, en especial, la aplicación de electricidad, eran focalizadas en vagina y senos, prácticas que se extendían al vientre en el caso de las mujeres embarazadas.

Al término de la dictadura cívico-militar, esta realidad fue invisibilizada, la neutralidad y caracterización masculina de la figura del “detenido desaparecido” o “del ex preso político” se adueñó de esta parte de la historia.

La violencia de género es una realidad invisibilizada en las políticas de justicia transicional del Estado. En la toma de relatos de la Comisión Valech y Rettig, si bien existe una mención a las brutales agresiones sexuales, los relatos no fueron orientados a contener a las mujeres para que pudieran develar estos hechos, siendo que la misma CEDAW ha señalado que la violencia por razón de género puede constituir tortura y que la calificación de estos como tortura requiere un enfoque de género, cosa que estuvo totalmente ausente en la construcción de la Comisión Valech y Rettig.

Por otra parte, las mujeres afectadas por crímenes de lesa humanidad no han obtenido justicia, ya que en muchos casos se ha invisibilizado la violencia que sufrieron sólo por el hecho de ser mujeres y es subsumida como una práctica más de tortura o en el contexto de desapariciones forzosas.

El silencio de los 50 años ha impedido a las mujeres tener acceso a la información y de esta forma la utilización de ésta para procesos judiciales. La visibilización de estas situaciones forma parte de un proceso de reparación inconcluso en el país.

A 46 años del Golpe, como ABOFEM hacemos un llamado al Gobierno a repensar y reconstruir las políticas de reparación y búsqueda de la justicia para todas aquellas mujeres políticas que se vieron afectadas por crímenes de lesa humanidad, especialmente aquellas agresiones sexuales que tan profundamente han afectado su indemnidad.

Además, queremos realizar un llamado al Estado a reconocer expresamente la violencia sexual como un método de tortura grave al ser perpetrada por agentes estatales abusando de su poder y considerando la especial vulnerabilidad  a la que se encontraban expuestas las personas afectadas.

Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad en general a no olvidar, a reconocer la verdad de estas historias para que nunca más se repitan y a reconocer que la violencia de género ha estado presente a lo largo de nuestra historia estableciendo un vínculo de opresión de lo masculino por sobre lo femenino y también violentando a las diversidades y disidencias sexuales, la represión sigue presente criminalizando a quienes no cumplen con el mandato de género impuesto.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Noticias Relacionadas
En portada
Más Destacadas