Yo opino
Helen Barra, la joven de 20 años y madre de una niña de cuatro años, confió. Sabemos que al menos así fue con Fabián Rodríguez, su ex pareja y padre de la niña , quien después de ejercer violencia contra ella por años la asesinó infiriéndole 53 puñaladas. Helen también creyó en las instituciones. Así lo indicó la Ministra Isabel Plá a los medios de comunicación: “Hizo lo que le dijimos que tenía que hacer, que era denunciar y su denuncia no fue oportunamente acogida y tramitada”. Si queremos que las víctimas confíen y denuncien no podemos abandonarlas a mitad de camino. Ni a ellas, ni a sus familias.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informa en su web institucional que el femicidio de Helen Barra es el número 24 del año 2019.
Dice: “26 de junio, en la región de O’Higgins, comuna de Chimbarongo, Helen Rocío Barra Ortega, de 20 años, madre de una hija de 4 años, fue asesinada por su ex conviviente con arma blanca. Existían denuncias previas por violencia intrafamiliar y medidas cautelares vencidas. El sujeto se encuentra detenido y formalizado por el delito de femicidio. Se estableció un plazo de investigación de 120 días”.
Sabemos que realizar este ejercicio es necesario, para contabilizar las mujeres muertas a mano de sus cercanos. Lo anterior, acompañado de una descripción de las principales circunstancias que rodean un femicidio.
[cita tipo=»destaque»] La respuesta del Estado frente al femicidio de Helen entrega un mensaje claro y desolador: confiar en un discurso de protección institucional y encontrarse con una realidad institucional fría, burocrática y carente de protección. [/cita]
La información entregada, en honor a la economía del lenguaje que requiere el formato, deja importantes vacíos sobre las historias que hay detrás de cada mujer fallecida y la situación en que quedan hijos e hijas, en caso de ser víctimas secundarias.
Desde el Instituto de la Mujer y al alero de la investigación “Amores Tempranos. Violencia en Pololeos de adolescentes y jóvenes en Chile”, creemos que el femicidio de Helen Barra es la culminación de los síntomas que nunca fueron escuchados ni tratados.
Es el asesinato de una joven que inició la relación con su asesino siendo adolescente. Pero además, evidenciamos que su femicidio es el resultado de la negligencia de todo el Estado. Dispositivos de protección, asesorías psicológicas y judiciales que no funcionaron y para los cuales se destinan millones de pesos.
Helen confió. Sabemos que al menos así fue con Fabián Rodríguez, su ex pareja y padre de su hija de cuatro años, quien después de ejercer violencia contra ella por años la asesinó infiriéndole 53 puñaladas, según lo informado.
Helen también creyó en las instituciones. Así lo indicó la Ministra Isabel Plá a los medios de comunicación: “Hizo lo que le dijimos que tenía que hacer, que era denunciar y su denuncia no fue oportunamente acogida y tramitada”.
Fallaron todas las instituciones. Y esto no lo decimos solo para constatarlo, lo expresamos desde la indignación y gravedad que este hecho reviste. ¿Qué hicimos con la confianza de Helen, de todas las mujeres que hoy viven violencia?
Quisiéramos saber cuál es la respuesta que el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) tiene para este caso.
El CIF está integrado por el Ministerio Público, la Fiscalía, el ministerio del Interior, Carabineros, PDI, Sename, la subsecretaría de Prevención del Delito, entre otras instituciones, es coordinado por el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Es este último el que entrega las urgencias, el que debe guiar el camino, dar las alertas.
Así quedó claro cuando el 3 de julio del año pasado este organismo estableció sus objetivos estratégicos. El primero de ellos según informa la cartera encabezada por la ministra Plá es “reforzar la confianza en las instituciones de prevención, persecución y sanción de femicidios y violencia contra la mujer para disminuir el tiempo que demora una mujer en denunciar”.
Nos preguntamos qué ha pasado con ese objetivo hoy. Revisamos cada día la prensa nacional y nos encontramos con una avalancha de casos de violencia de todo tipo contra las mujeres y las niñas. Es obligación del Estado, y en este caso por ley, del ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género transmitir a los integrantes del CIF la urgencia de proteger a las mujeres cuyas vidas están en peligro.
La respuesta del Estado frente al femicidio de Helen entrega un mensaje claro y desolador: confiar en un discurso de protección institucional y encontrarse con una realidad institucional fría, burocrática y carente de protección.
Si queremos que las víctimas confíen y denuncien no podemos abandonarlas a mitad de camino. Ni a ellas, ni a sus familias.
