Yo opino
Me refiero a la particular situación de las mujeres rurales, que son menos que las urbanas, tienen menos voz y están menos organizadas, pero enfrentan problemas particularmente complejos, pues, a las brechas de género que enfrentamos las mujeres respecto de los hombres, se suman las propias de la ruralidad.
Ahora que la agenda feminista ha puesto la equidad de género como un objetivo relevante de política pública, cabe poner de relieve los problemas que enfrentan colectivos específicos de mujeres, muchas veces invisibles en el marco de un movimiento liderado por mujeres jóvenes urbanas universitarias.
Me refiero a la particular situación de las mujeres rurales, que son menos que las urbanas, tienen menos voz y están menos organizadas, pero enfrentan problemas particularmente complejos, pues, a las brechas de género que enfrentamos las mujeres respecto de los hombres, se suman las propias de la ruralidad.
Me referiré a continuación a la dimensión de autonomía económica, entendida esta, como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres.
Se trata de una dimensión fundamental en la vida de las personas, pues el trabajo no solo reporta ingresos a los individuos, sino que les permite, también incorporarse a otros ámbitos de integración social y política, determinando en parte significativa las relaciones entre las personas y contribuyendo a elevar el nivel de vida.
[cita tipo=»destaque»] Los apoyos que ofrece el Estado para la producción y comercialización de la pequeña producción campesina, recaen preferentemente en los hombres, dejando a las mujeres en una situación de doble o triple invisbilización, que no parece revertirse a pesar el avance de las demandas feministas. [/cita]
Sabemos que la participación laboral de las mujeres es más baja que la de los hombres, que aún en igualdad de condiciones objetivas, ellas ganan menos que ellos por su trabajo; que el trabajo doméstico no remunerado recae mayoritariamente sobre las mujeres. Es decir que las posibilidades de las mujeres de ejercer su autonomía económica están fuertemente determinadas por esta serie de inequidades que el movimiento feminista ha puesto en la agenda pública.
Pero poco se sabe, por ejemplo, que mientras que la tasa neta de participación laboral es prácticamente la misma entre hombres urbanos y rurales, la de las mujeres no sólo es más baja que la de los hombres, sino que es mucho más baja cuando ellas viven en zonas rurales que cuando son urbanas.
Tampoco se discute acerca de la situación de ingresos laborales de las mujeres rurales, que es mucho menor que la de las mujeres urbanas, ni de la mayor cantidad de horas dedicadas al trabajo doméstico por las mujeres rurales, nuevamente en comparación con las urbanas.
Ello en un contexto donde, paradójicamente, en los hogares rurales dedicados a la agricultura la mayor parte del trabajo de la tierra lo hacen las mujeres, pero los ingresos derivados de lo que ellas cultivan, así como la propiedad de la tierra, recae en manos de los hombres. No sólo eso, también los apoyos que ofrece el Estado para la producción y comercialización de la pequeña producción campesina, recaen preferentemente en los hombres, dejando a las mujeres en una situación de doble o triple invisbilización, que no parece revertirse a pesar el avance de las demandas feministas.
Poner este tema, así como el de otros grupos de mujeres que enfrentan problemáticas particulares, pero que tienen menos voz y escasa representación en las líderes del movimiento feminista, debe ser un asunto de primera relevancia para avanzar hacia el diseño de políticas públicas pertinentes para ellas.
