Yo opino
La negación del pago de la mención para educadoras diferenciales y educadoras de párvulo agrega un nuevo elemento a este panorama de discriminaciones sobre las que el ejecutivo se niega a dialogar, ignorado que cuando la sociedad pide educación no sexista, no está pidiendo sólo que abusadores de todos los géneros salgan de los contextos educativos, sino que está exigiendo a que niños y niñas, profesores y profesores, tengan los mismos derechos a educar y ser educados, siempre, en igualdad de condiciones.
Muchos chilenos estamos impresionados por la arrogancia con que el gobierno está enfrentando el problema de la educación pública que esta semana cumplirá un mes paralizada.
Mamás y papás corremos por las distintas ciudades del país tratando de organizar nuestras vidas sin colegio, buscando apoyo en abuelos, amigos, guarderías improvisadas y redes de apoyo de último momento.
Con niños aburridos, tristes y adolescentes preocupados por lo que pueda pasar con su futuro, hacemos lo posible por apoyar el paro reconociendo que, como la lógica indica, mejores condiciones laborales de los profesores, garantizan mejor calidad de la enseñanza pública. Objetivo que supuestamente, todos queremos.
Sin embargo, las respuestas del gobierno tienden a representar la demanda de los profesores como únicamente basada en una cuestión económica, como si los profesores fueran presa de un arribismo improvisado o de una codicia repentina frente a la cual la única respuesta posible es “no hay recursos” con un soberbio agregado de “vuelvan a trabajar”.
[cita tipo=»destaque»]¿qué mensaje está enviando el Estado cuando dice que no hay recursos para igualar las condiciones de trabajo de educadoras de párvulos y educadoras diferenciales con las del resto de los profesores?[/cita]
El problema de la orden que da Cubillos con su despectivo silencio, es que encierra la negación de una de las dimensiones más elocuentes de las discriminaciones de género que han movilizado masivamente al país en los últimos años.
Al dar la orden de volver a trabajar sin pedir más recursos, el gobierno está olvidando responder a varias demandas del petitorio de los profesores, una de las cuales tiene un componente de género fundamental.
El pago de la mención de educadoras de párvulo y educadoras diferenciales es un derecho negado que afecta fundamentalmente a las mujeres, ya que este rubro está cubierto principalmente por personas de este género.
En la educación parvularia los porcentajes son dramáticos: un 99% de los estudiantes universitarios de esta carrera son mujeres, seguido por un 95% de educadoras diferenciales, un 92% de psicopedagogía y un 84% de pedagogía básica.
Entonces ¿qué mensaje está enviando el Estado cuando dice que no hay recursos para igualar las condiciones de trabajo de educadoras de párvulos y educadoras diferenciales con las del resto de los profesores? Está diciendo que es justo y normal que las carreras que ejercen primordialmente las mujeres, son carreras peor remuneradas que otras de horarios y responsabilidades análogas.
Esta normalización de la discriminación laboral por género es grave no sólo para las mujeres que ejercen estas profesiones sin que sean, naturalmente, los recursos que se pueden obtener de ellas el principal motor de su elección.
Esta normalización de la discriminación es grave también porque genera estructuras educativas en las que el trabajo que ejercen las mujeres es naturalmente menoscabado por la propia institución y eso repercute en la forma en que niños y niñas se perciben desde su condición de género; repercute sobre la forma en que los niños entienden las labores de educación y de cuidado.
Hemos visto a partir de diversos estudios cómo este tipo de discriminación actúa en la infancia temprana a partir de una estimulación diferenciada que promueve el desarrollo de habilidades matemáticas y científicas en niños, en desmedro de la promoción de las mismas capacidades en niñas.
Sin embargo, la discriminación por género no existe sólo en este nivel -más refinado y con efectos a largo plazo, si queremos- sino también en condiciones que consideramos naturales, pero que al mismo tiempo parecen nacidas de un razonamiento medieval, como son la división de colegios por sexo (que afortunadamente está cada vez más puesta en cuestión) y la existencia de uniformes escolares en los que la vestimenta de las niñas limita su libre movimiento y tiende incluso, a sexualizarlas tempranamente.
La negación del pago de la mención para educadoras diferenciales y educadoras de párvulo agrega un nuevo elemento a este panorama de discriminaciones sobre las que el ejecutivo se niega a dialogar, ignorado que cuando la sociedad pide educación no sexista, no está pidiendo sólo que abusadores de todos los géneros salgan de los contextos educativos, sino que está exigiendo a que niños y niñas, profesores y profesores, tengan los mismos derechos a educar y ser educados, siempre, en igualdad de condiciones.
