Yo opino
“Andá a lavar los platos”, le gritó un defensa contrariado a una jueza de línea tras perder el partido de fútbol. Ocurrió hace apenas unos meses en Argentina. Por más decepcionante que resulta escuchar esa frase, especialmente en 2019, después de un año en que despertó con fuerzas el feminismo y se tomó la agenda en diferentes partes del mundo, no deja de sorprender. Podría ser una anécdota y punto. Pero no lo fue. Es un caso más de los miles o millones que viven a diario las mujeres que han decidido desempeñarse en áreas tradicionalmente consideradas “masculinas”. ¿Interesada en los deportes, las ciencias o la política? Linda, no pierda el tiempo. Mejor dedíquese a la casa y sírvame otra copa.
Es una lucha constante, como si las mujeres debieran probar permanentemente que merecen el lugar que ocupan en el espacio público. Que son lo suficientemente buenas. Que tienen las capacidades que el puesto requiere. Y si lo que dicen o lo que hacen no es del agrado de algunos, deberán soportar que cuestionen su inteligencia y critiquen sus habilidades, además de escuchar una y otra vez frases arcaicas que las manden a ubicarse “al lugar de donde nunca debieron salir”: el espacio doméstico.
Así, soportando, han pasado al menos 3.000 años. Cuenta la académica inglesa Mary Beard en su espectacular ensayo “Mujeres y poder: un manifiesto”, que el primer ejemplo documentado de un hombre diciéndole a una mujer que se calle, espetándole que su voz no debía de ser escuchada en público, se encuentra en una de las obras insigne de la Antigua Grecia: “La Odisea” de Homero. Allí Telémaco, en desacuerdo ante una solicitud en público que hace su madre, Penélope, no la manda a lavar platos, pero sí a ocuparse de “sus labores propias” adentro de la casa, ergo, “el telar y la rueca”. Beard demuestra que en los primeros escritos de la cultura occidental las voces de las mujeres eran silenciadas de la esfera pública.
Históricamente, las mujeres han sido relegadas al espacio doméstico. Suyas han sido las tareas del hogar y la crianza de los hijos, mientras que a los hombres les ha correspondido tener un trabajo remunerado y valorado socialmente, generar ingresos y sacar la voz en la vía pública. La mujer, en tanto, considerada inferior al hombre, ha permanecido en un segundo lugar, a la sombra de él, y entre los dos géneros se ha creado una estructura desigual de poder marcado por la dominación de parte de él versus la subordinación de parte de ella. Hasta los más respetados intelectuales defendían estas ideas. Aristóteles, por ejemplo, argumentaba que la autoridad del hombre por sobre la mujer era algo natural, mientras que Hobbes argüía que la subordinación de las mujeres era consensuado, una especie de contrato social a cambio de protección.
La división sexual del trabajo, implantada hace milenios, se ha transmitido de generación en generación y, a nuestro pesar y aunque muchos nieguen en reconocerlo, persiste hasta el día de hoy y no solo en los círculos más conservadores y machistas.
Los derechos que las mujeres gozan en la actualidad no han llegado por casualidad o por buena fortuna. Si hoy es posible que las mujeres puedan estudiar, trabajar, generar sus propios ingresos, administrar sus bienes a su antojo, votar en las elecciones y un larguísimo etcétera, se debe a la lucha de años de aquellas que nos precedieron y que temerariamente se enfrentaron al poder. El lugar de la mujer en el espacio público no fue bienintencionadamente concedido por la clase dominante, por el contrario, cada milímetro obtenido por la mujer es fruto de una lucha incansable por tener las mismas oportunidades que los hombres y gozar de los mismos derechos.
Uno de los espacios tradicionalmente más masculinizados es la política, por lo que no resulta extraño que exista una baja representación femenina en los altos cargos del gobierno y de la administración pública en diferentes partes del mundo. Si las mujeres no podían alzar la voz en público ni votar, menos aún habrían podido ocupar un cargo de poder.
¿Pero cuán democrática puede ser una democracia que excluye a la mitad de la humanidad? Suena paradójico, pero es un deber exponerlo y recordarlo cuantas veces sea necesario. En su génesis en la Antigua Grecia, la democracia que supuestamente representaba el sistema político más justo y cuyo nombre remitía a “gobierno del pueblo”, no era así en absoluto. En la práctica, la democracia era el gobierno de algunos, los ciudadanos, ya que solo ellos tenían la facultad para elegir a sus gobernantes. ¿Y quiénes no eran considerados ciudadanos? ¡Las mujeres, por supuesto!
En Chile, gracias a la lucha de las sufragistas, se aprobó en 1934 el voto de la mujer en las elecciones municipales y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Es decir, hace menos de un siglo. Desde entonces hemos visto cómo se han ido desarrollando nuevas geografías del poder. Si bien persiste una sub representación femenina en los cargos políticos, tanto las mujeres como los hombres han podido conquistar poco a poco espacios que la historia, el statu quo o el patriarcado, les tenía prohibido.
Los movimientos feministas a favor del voto de la mujer y el posicionamiento normativo de los derechos humanos han permitido instalar un debate sobre una democracia inclusiva, que considere a esta otra mitad de la humanidad. Es así como surge primero en Europa y luego en diferentes partes del mundo el concepto de la democracia paritaria, reconociendo que la baja participación política de las mujeres no es un asunto menor o irrelevante, sino que constituye uno de los problemas más graves de legitimación que atraviesan las democracias actuales.
El concepto de paridad surge en la Declaración de Atenas de 1992, instancia en la que el Consejo Europeo propone la democracia paritaria como solución al problema de la legitimidad de los sistemas políticos actuales. La paridad se refiere a la proporcionalidad representativa entre ambos sexos. Este principio sostiene que debe haber la misma proporción de representantes hombres y mujeres en los altos cargos de poder y de toma de decisión. Por ende, reconoce a las personas como sujetos sexuales con igualdad de derechos. De este modo, el sujeto universal no es uno solo, sino dos: hombre y mujer.
Francia fue el primer país en instaurar la democracia paritaria en el año 2000, constituyendo un ejemplo para el mundo y el puntapié inicial de una serie de reformas en este ámbito que se extendió a diferentes partes del globo. Es así como este tema llega también a nuestra región y alcanza mucha relevancia en América Latina y en Chile debido a la escasa participación política de las mujeres en nuestras democracias.
Una forma de contrarrestar esta situación de desigualdad y lograr el aumento en el número de mujeres en altos cargos de decisión o de elección popular es el sistema de cuotas, concepto basado en que un cierto número o porcentaje de miembros de una lista de candidatos de un partido político sean mujeres, de modo de garantizar una mayor participación femenina en esos espacios públicos. Este sistema surge desde la comprensión de que la cancha no es pareja para los hombres y para las mujeres, y que las condiciones políticas y sociales tal como están diseñadas no permiten resolver las profundas desigualdades y desequilibrios de poder al interior de las sociedades. Por lo tanto, el Estado debe intervenir a través de la promulgación de leyes que fomenten la igualdad de condiciones en el acceso al poder para ambos sexos. El sistema de cuotas es en su espíritu transitorio, ya que pretende eliminarse una vez que sea derribado el desequilibrio y se genere la anhelada igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el espacio político.
En 2015 en Chile, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se reformó el sistema electoral y se aprobó la Ley de Cuotas que será vigente hasta 2029. Esta normativa establece que en las listas de las candidaturas al Congreso, el porcentaje total de un género no puede ser menor al 40% y superior al 60%. De esta forma, los partidos políticos tienen la obligación de destacar y reforzar la presencia femenina en dichas candidaturas.
La Ley de Cuotas se puso en práctica por primera vez en nuestro país en las elecciones parlamentarias de 2017. Como resultado, Chile se pegó un salto del puesto 129 al 81 en el ranking mundial de paridad de género elaborado anualmente por la Unión Interparlamentaria. Previo a esta norma, Chile contaba con apenas un 15,8% de mujeres legisladoras, sin embargo, tras la entrada en vigencia de la ley, esta cifra ascendió a 22,7%. Específicamente, en la Cámara Baja, el número de mujeres escaló de 19 a 35 diputadas, mientras que en el Senado se aumentó de 6 a 10 escaños ocupados por ellas.
No se puede negar que la implementación de la Ley de Cuotas ha tenido efectos muy positivos, especialmente al acelerar la integración de las mujeres en el poder legislativo. De hecho, ya se está discutiendo la posibilidad de ampliar este sistema también a las elecciones municipales. Sin embargo, dicha norma no da abasto para la magnitud del desafío que nos convoca. Que no se malentienda: la Ley de Cuotas tiene muchos aspectos valorables y sí genera avances en el acceso de la mujer a las esferas de poder. No obstante, hay que observar este escenario con una mirada a largo plazo y preguntarse cuán efectivo resulta este sistema para alcanzar el objetivo en un espacio de tiempo determinado.
Por un lado, el propio mecanismo tiene falencias internas que se deben reparar, ya que puede ser burlado, como también quedó de manifiesto en las últimas elecciones parlamentarias chilenas. Por ejemplo, los partidos políticos nombraron a última hora a mujeres sólo para cumplir con la cuota, sin preocuparse de nominar candidatas competitivas, y a muchas de ellas las inscribieron en circunscripciones o distritos con bajas posibilidades de salir electas. Por otro lado, la Ley de Cuotas no logra resolver la desigualdad en el financiamiento público y privado de las campañas. Según un informe publicado a principios de 2018 por el PNUD, la distribución de los aportes monetarios privados a las candidaturas de hombres al Congreso fue casi tres veces mayor que para las mujeres. Por ello, el organismo alerta que el gran desafío que dejó el primer ejercicio del sistema de cuotas en nuestro país consiste en asegurar la equidad en el financiamiento de las campañas.
A pesar de estos avances tanto en Chile como en otros lugares del planeta, las mujeres continúan estando fuertemente sub representadas en el poder político. Es por esto que además de la Ley de Cuotas que está enfocada en el Congreso, se debería instaurar una norma que asegure la paridad en los otros dos poderes del Estado: el ejecutivo y el judicial. Establecer una cuota mínima de representación femenina en los cargos de elección popular y parlamentaria es un buen comienzo que empareja las reglas del juego para ambos sexos y termina con la desigualdad en la lista de las candidaturas. Sin embargo, este mecanismo no es suficiente y debe ser acompañado por normas que promuevan, garanticen y amparen una verdadera democracia paritaria más allá de las Cámaras.
Se debe trabajar hacia la promulgación de una ley y su respectiva inclusión en la Constitución que establezca que al menos el 40% de los altos cargos en el poder ejecutivo y judicial correspondan a un sexo, y que ninguno pueda superar el 60%. Esta norma obligaría al Presidente de la República, por ejemplo, nombrar un gabinete paritario de al menos la proporción 60/40, y lo mismo con las subsecretarías y otras instituciones influyentes de la administración pública. Lo mismo debería ocurrir en el sistema judicial a la hora de nombrar nuevos magistrados.
Lograr una democracia paritaria en los tres poderes del Estado es un acto de justicia ya que el Estado no es neutro en términos de género. El Estado fue concebido por y para los hombres. Las leyes fueron diseñadas por y para ellos. Por lo tanto, la estructura completa del poder está sostenida sobre este sesgo patriarcal en el que los hombres eran los poseedores del poder y las mujeres estaban subordinadas a ellos.
Si bien los mandatarios de algunos países de América Latina han establecido el compromiso de nombrar gabinetes con una mayor tasa de participación femenina, estas iniciativas basadas en apenas la buena voluntad de los gobernantes no garantiza la concreción de ella o la continuidad de la misma. Se debe ir más lejos y establecer normas que garanticen el cumplimiento de estas cuotas más allá del gobierno de turno.
Si las reglas del juego fueron hechas por los hombres, no es extraño que les favorezcan a ellos por sobre a nosotras. Por este motivo, como sociedad debemos hacer en conjunto el ejercicio de repensar las estructuras y las normas que nos definen, detectar aquellas que sólo contribuyen a perpetuar esta condición de desigualdad e idear nuevas reglas con enfoque de género, en el que se escuchen y se respeten las demandas colectivas de las mujeres y permitan alcanzar la igualdad de género.
