BRAGA
«Como personas que trabajamos con mujeres sobrevivientes de violencia, tenemos la convicción de que la erradicación de la violencia machista debe ser prioridad para el Estado de Chile, y por lo tanto, se deben implementar políticas públicas destinadas a garantizar condiciones laborales adecuadas al interior del Ministerio de la Mujer», consignaron en la declaración.
Desde «despidos injustificados, retardos excesivos en el pago de remuneraciones», e incluso «no pago de pre y post natal», son algunas de las situaciones que denunciaron las trabajadoras y ex funcionarias de los distintos programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).
Las trabajadoras dependientes del Ministerio de la Mujer, cuyo objetivo es «dar voz a todas las mujeres que han sufrido violencia en el ámbito público y privado», evidenciaron a través de una declaración pública las «precarias condiciones laborales y múltiples vulneraciones» a las que han estado expuestas «durante años».
«Como personas que trabajamos con mujeres sobrevivientes de violencia, tenemos la convicción de que la erradicación de la violencia machista debe ser prioridad para el Estado de Chile, y por lo tanto, se deben implementar políticas públicas destinadas a garantizar condiciones laborales adecuadas al interior del Ministerio de la Mujer», consignaron en la declaración.
Las funcionarias del Sernameg, quienes reciben «sueldos y reajustes precarios», también denunciaron ser víctimas de la total «negación de condición de trabajador conforme al Código del Trabajo», enfrentando situaciones laborales que contradicen los compromisos internacionales del Estado frente a los derechos de las mujeres.
En la declaración, las afectadas también criticaron la Agenda de Género que presentó el Presidente Sebastián Piñera, la cual adoptó como principales objetivos la «igualdad de derechos, deberes, trato y participación» entre hombres y mujeres, además de velar por «la autonomía e integración laboral de la mujer».
Ante estas promesas incumplidas, las trabajadoras creen «firmemente que un Estado que asume compromisos tendientes a erradicar la violencia contra la mujer, no puede perpetuar o tolerar diferentes manifestaciones de violencia institucional a funcionarias públicas», afirmaron las trabajadoras afectadas, quienes exigieron un «goce digno y efectivo de nuestros derechos».
