Opinión
Hace 10 años, siendo ejecutiva para una empresa internacional, tuve un accidente de trayecto que cambió mi vida: desde ese día pasé a ser una persona con discapacidad, en silla de ruedas. Después de mi rehabilitación, comencé a buscar trabajo y visité muchas empresas.
Siendo ingeniero y con una excelente carrera laboral, no logré emplearme. La explicación que me daban en esa época era que nuestra sociedad no estaba preparada para incorporar a personas con discapacidad en el mundo laboral.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido explícita en señalar que las barreras que enfrentamos a diario “disminuyen nuestra participación en la sociedad”. Por lo mismo, exige a los estados que tomen medidas que permitan darnos pleno acceso a la actividad cotidiana y así eliminar los obstáculos que tenemos, para lograr una integración definitiva al mundo laboral, donde contribuiremos al progreso y al desarrollo del país.
Según la encuesta Endisc 2015, un 16,7% de la población chilena tiene algún tipo de discapacidad. Somos 3 millones de personas con discapacidad. ¿Cuántos somos en edad laboral y con estudios completos, que necesitamos oportunidades laborales? Un tema pendiente y no medido, porque no hay datos actualizados. Hace muchos años en la universidad, mi profesor de estadística decía: “Lo que no se mide, no existe”.
El año 2018 entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad en Chile, lo que significa que al menos el 1% de los empleados de empresas públicas y privadas que cuenten con más de 100 trabajadores, deben tener algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental. Ley que responde a los nuevos escenarios emergentes en el mundo, en materia de inclusión y búsqueda de cohesión social, que están reflejados en la Convención sobre los Derechos de los Discapacitados, promulgada por Naciones Unidas en 2016.
Esta ley viene a apoyar temas culturales, nos invita a ampliar la mirada como sociedad y como empresas. Ojalá que no se convierta en un “check” de cumplimiento. Que esta ley venga a mostrar que la inclusión constituye un activo dentro de la empresa.
El reto para el gobierno es trabajar duro en políticas públicas, que impliquen mejorar las oportunidades y condiciones de educación para personas con discapacidad. Hoy el 1% no se logra, debido a que no hay gente capacitada para acceder a un trabajo. Y eso porque no hay fiscalización de accesibilidad, ni mallas curriculares adecuadas en colegios para niños con discapacidad. Promovamos el cambio cultural, la toma de conciencia de la sociedad en general, así avanzaremos hacia un Chile más justo, accesible e inclusivo.
