Sustentabilidad
Entre las crisis ambientales que tiene en su haber la salmonicultura se encuentra el brote del virus ISA en el 2007, la intensificación de la marea roja en Chiloé y la fuga constante de salmones. Las condiciones laborales de sus trabajadores tampoco son auspiciosas: en promedio muere una persona al mes durante las faenas.
A casi seis meses de la celebración de la COP25, solo dos anuncios sobre materia medioambiental hubo en la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera: descarbonización y el envío al Congreso de la Ley Marco de Cambio Climático. Pero en la ocasión hubo notables omisiones, como las salmoneras y el impacto ambiental en el sur de Chile.
Uno de los primeros impactos de la salmonicultura en el país ocurrió en el 2007. El brote del virus ISA fue desatado por una sobrepoblación de salmones en los centros de cultivo. Desde ahí se han sucedido una serie de crisis ambientales, como la intensificación de la marea roja en Chiloé en el 2016, por el arrojo de mortalidad al mar, o la fuga de casi 700 mil salmones desde una de las jaulas de la salmonera Marine Harvest, durante el año pasado en Puerto Montt.
“Estamos teniendo crisis ambientales prácticamente todos los semestres, muertes de trabajadores, daño al medio ambiente (…) La omisión de este tema en la Cuenta Pública no es una casualidad, porque si el presidente hubiese tenido que hablar de este tema no hubiese podido dar ni una sola buena noticia”, indicó la coordinadora del área de océanos de Greenpeace, Estefanía González.
Afectación al fondo marino por heces y alimentos en exceso, fuga de salmones que amenazan a la biodiversidad autóctona, despreocupación de las empresas respecto a las estructuras que dejan en zonas cuyos fines productivos ya concluyeron, entre otras consecuencias comprende los procesos operativos de las salmoneras.
Una de las últimas controversias con la salmonicultura acaeció con la empresa Nova Austral. La firma noruega, a través de su filial Cabo Pilar S.A., estaba trasladando, en enero, estructuras a las aguas del canal Beagle. Pero en ese entonces, sobre la salmonera recaía una medida cautelar del Tribunal Arbitral de Osorno dictada el 2008. La cautelar suspendía, hasta abril de este año las cuatro concesiones que tenía Cabo Pilar para operar en el Beagle.
Después de insistencias de la comunidad de Magallanes para declarar caducas esas concesiones, interponiendo un recurso de protección de por medio, Sernapesca finalmente dio la caducidad. Solo resta que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas firme el decreto.
Pero el caso de Nova Austral no es, ni de cerca, el único caso de concesiones caducas. “Hay más de cien concesiones en la región de Los Lagos, Aysén y Magallanes, que son concesiones que la industria no utiliza, que las tienen aprobadas hace un montón de años”, señaló González.
“Hoy día la autoridades” –continuó- “debiesen hacer una revisión exhaustiva de todas estas concesiones y también las autoridades ambientales, porque hay muchos proyectos que tienen Resoluciones de Calificación Ambiental aprobadas que tampoco nunca han iniciado. Hacemos un llamado a que las autoridades, esta misma revisión que hicieron por el caso de Puerto Williams por el pedido de la gente, lo inicien con todas las otras concesiones dentro del país”.
Entre abril de 2013 y 2019 murieron 36 trabajadoras y trabajadores de la salmonicultura durante la realización de faenas. En promedio fallece una persona al mes. Así lo reveló el informe “Salmones de Sangre”, desarrollado por la ONG Ecocéanos.
El presidente de la Federación de Trabajadores Portuarios de Punta Arenas, José Villarroel Maldonado, mencionó al diario La Prensa Austral que “las embarcaciones que prestan servicio a la salmonicultura sólo cuentan con dotación mínima, para movilizar las naves de un punto a otro, lo que se encuentra establecido en la legislación. Y ahí surge el problema, porque es la misma que se utiliza a nivel comercial.
“Los tripulantes hacen además faenas de carga y descarga, trinca, junto a varias otras actividades que en la práctica además significan que están quitando labores que corresponde hacerlas por parte de los trabajadores portuarios. Esto lo hemos venido denunciando muchas veces pero ahora con este informe queda clara la urgencia con que se debe abordar la problemática”, concluyó Villarroel.
