Opinión
Los estacionamientos destinados para personas en situación de discapacidad no son una temática nueva en nuestro país. Corría el 2003 cuando, con el fin de asegurar a aquellos conductores que tuviesen algún tipo de discapacidad, la comodidad y seguridad necesaria a la hora de aparcar, se dio pie a la modificación de la Ley de Tránsito que establecía lugares exclusivos.
La Ley N°19.900 que modifica la Ley Nº 18.290, de Tránsito, sobre Estacionamientos Reservados para Personas con Discapacidad, entró en vigencia en ese entonces, hace ya dieciséis años.
Para que las personas con discapacidad puedan utilizar los estacionamientos exclusivos, la ley sólo exige la identificación otorgada por el Registro Nacional de la Discapacidad. El símbolo de la silueta de silla de rueda blanca sobre fondo azul (Símbolo Internacional de Accesibilidad-SIA) es la imagen adecuada a usar, ya sea en los vehículos como en los aparcamientos.
Sin embargo, la realidad no ha sido color de rosa a partir del momento en que se aprobó la iniciativa, ni tampoco se ha cumplido el objetivo que tuvo en un primer lugar dicho cambio en la ley. Y es que dichos estacionamientos “exclusivos” no cumplen con el fin que se les otorgó, ya que son empleados en su gran mayoría por ciudadanos que no presentan ninguna discapacidad.
Así, a pesar de que el ajuste a la ley fue promulgado ya hace bastante tiempo, es escasa la frecuencia de uso de estos lugares exclusivos para ellos. Por lo tanto, en lugar de posibilitar un acceso más fácil, este se torna aún más complicado.
Ni siquiera el hecho de que los aparcamientos para personas en situación de discapacidad son escasos, incluso menos del número que establece la norma, detienen a personas sin empatía y que no dudan en aparcar en un lugar que está destinado para alguien que tiene ese derecho, e incluso sabiendo lo dificultoso que puede ser para un individuo en este estado encontrar uno de estos espacios.
Como si esto fuera poco, los aparcamientos destinados a personas con alguna discapacidad no están acondicionados con el espacio suficiente para realizar el traslado del asiento del auto a la silla de ruedas, por ejemplo. Es más; en muchos casos, estos estacionamientos son protegidos con conos, a pesar de que un sujeto en situación de discapacidad evidentemente no está en condiciones de bajarse a retirarlos.
Es absolutamente necesario que los alcaldes se hagan cargo de la fiscalización y del riguroso cumplimiento de las sanciones a los infractores. La ciudadanía no puede olvidar que los discapacitados necesitan de nuestro apoyo y conciencia, en todos los ámbitos que implique la integración social.
Además, la Ley 20.422 establece en el Art. 31 que los recintos que cuenten con estacionamientos para personas con discapacidad al interior de sus dependencias, como centros o complejos comerciales y supermercados, y posean servicios de vigilancia privada, deberán velar por su correcto uso, denunciando a los vehículos infractores ante las autoridades competentes. Entonces ¿dónde está esa fiscalización?
