Agenda País
A un año de su puesta en marcha, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, comentó los balances y perspectivas que hace de la ley.
En abril del 2018 se aplicó la Ley de Inclusión Laboral para las empresas privadas y públicas que contaran con, al menos, 200 trabajadores. La normativa obliga a las empresas a tener contratado, por lo menos, un 1% de trabajadores con alguna discapacidad. El alcance de la ley aumentó desde este primero de abril, al hacer que las empresas con 100 o más trabajadores también deban contratar el mismo porcentaje de trabajadores con discapacidades.
En entrevista para Agenda País, el ministro Monckeberg comentó los efectos de la ley a un año de su implementación. “Más de 10 mil personas que estaban privadas del mundo laboral pudieron ingresar el primer año de vigencia de la ley a trabajos dignos. En general, dos tercios de los contratos que se hicieron a partir de esta ley se hicieron a tiempo indefinido y no por períodos cortos”, aseguró el ministro de Trabajo y Previsión Social, quien ve con buenos ojos la práctica.
Al ordenar la normativa contratar un 1% de los trabajadores de la planta mensual, los empleadores pueden interpretar la ley como la contratación de 12 personas el último mes, ya que para efectos de cumplimiento es equivalente a contratar a una persona por todo un año. “Ambas cosas cumplían con la norma, pero es muy distinto tener una persona un mes y después finiquitarla que haberle dado proyección y continuidad. A eso tenemos que apuntar: a cumplir la norma pero cumplirla bien, con trabajo que den proyecciones”, agregó.
Respecto al número de empresas que acatan la ley – a través de contrataciones directas o métodos alternativos -, Monckeberg reconoce que, si bien el porcentaje es alto, no es absoluto. “El gran mensaje es a no ver esta ley como una especie de impuesto, como una carga, sino que darnos cuenta de que es una tremenda oportunidad para que una persona con discapacidad se desarrolle”, invitó el jefe de la cartera de trabajo.
