El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, conversó en un nuevo capítulo de Agenda País 2030 conducido por Max Raide, sobre el nuevo escenario tras la Ley de Inclusión Laboral, la relevancia de la nueva Subsecretaría de la Niñez y sobre la evolución de los emprendimientos indígenas.
Desde el 1 de febrero están disponibles los reglamentos de la Ley de Inclusión Laboral, la cual comenzó a regir el 1 de abril y establece que «los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad», según indica el Senadis. Por lo mismo, para el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza este ha sido un sello distintivo del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. «En este gobierno hemos sentado bases para tener políticas de inclusión para personas con discapacidad que sea efectiva, que sea real», señala.
«Esta ley tiene reglamentos porque en otros países se ha aplicado sin y su funcionamiento se obstruye. Entonces lo hicimos con reglamentos, lo hicimos con consultas ciudadanas, es decir, las personas con discapacidad son una fuerza viva, que vienen a partir de este derecho laboral a reconvertir , por ejemplo, un plego petitorio de una negociación colectiva. Si tenemos un sindicato con mil trabajadores y vamos a tener 10 con discapacidad obviamente los temas de esto van a tener que formar parte de la conversación», comenta.
Y es que para él, esto representa una nueva fuerza de trabajo que generará un cambio cultural y estructural en como se comprende en mundo del trabajo en Chile. «Tenemos una generación completa de estudiantes con discapacidad que en algunos años más van a egresar y se van a incorporar al mercado del trabajo como profesionales. Cierto es que en el pasado y presente hay otros estudiantes con discapacidad que han logrado acceder a la educación superior con las restricciones propias de la educación. Esta primera generación también es cambio cultural y lo impulso el Senadis, pero también es cambio cultural la derogación de la norma que impedía que las personas ciegas o sordas», comenta. Con respecto al Servicio Nacional de la Discapacidad, añade «se esta convirtiendo en una servicio de una envergadura y de una capacidad que tiene que ir creciendo, lo natural es que el servicio se fortalezca en términos de sus capacidades». Es por esto que se creó el departamento de tecnologías dentro del Senadis para lograr abarcar mucho más.
Por otra parte, el emprendimiento sobretodo los orientados a los pueblos indígenas que buscan apoyar la restitución de tierras, han sido uno de los puntos que más trato esta cartera durante los últimos cuatro años. «Ese ha sido el desafió de proyección más intenso que hemos tenido desde la política pública destinada a los pueblos indígenas. Yo sacaba la cuenta que en el gobierno de la presidenta se han destinado de 154 mil millones a través de Conadi para la compra y restitución de tierras. Con un impacto en estos cuatro años de 8.300 familias. Desde el año 1994 a la fecha son del orden de 19 mil las familias beneficiada, entonces tenemos cerca de un 45% que se ha hecho estos cuatros años», comenta. Además, esto se suma a los programas de agua potable para las zonas rurales y el de emprendimiento para organizaciones indígenas y familias en zona urbana, que representan el 75% de la población indígena total.
Y aunque la lógica detrás de esto ha sido asistencial y a menor escala, se creó el Comité de Fomento y Desarrollo Indígena, que lo preside el Ministerio de Desarrollo Social y participa la Corfo, Ministerio de Energía y Agricultura. «Son negocios que tengan pertenencia cultural indígena, conocimiento informado de las comunidades y en consecuencia requieren en términos de procedimiento por parte de Corfo de una apertura cultural, una puesta en valor y un pre proyecto de inversión. A la fecha, tenemos 95 proyectos en estudio, ocho priorizados y lo interesante es que aquí no estamos hablando de un negocio mediante subsidios», dice.
Por último, la Subsecretaría de la Niñez que actualmente se encuentra en control por parte del Tribunal Constitucional buscara velar por la infancia vulnerada, y además de la protección también buscará la prevención del universo total de los niños, considerándolos como un sujeto de derecho integral. «Lo que se requiere a nuestro entender es recrear la política pública en niñez, y cuando digo esto, es tener un sistema de protección especializado que reemplace al Sename. En un servicio de protección especializado con asiento en el Ministerio de Desarrollo Social y otro de reinserción social juvenil en el Ministerio de Justicia. Recrearlo en el sentido de redefinir la oferta programática, los parámetros de intervención, a quien se atiende si solo al niño o a su grupo familiar que es lo que se buscamos en este caso, pero también tener una política preventiva», concluye.
