Ignacio Abarca, egresado de la carrera de Derecho de la PUC, fue investigado por haber entregado -de acuerdo al SII- boletas de honorarios falsas a SQM por un monto de 7 millones de pesos. Abarca fue activo miembro del movimiento político de derecha, Solidaridad UC, y obtuvo, en ese contexto, dos cargos de representación estudiantil, a nivel de Facultad. Primero fue electo secretario general del Centro de Alumnos de Derecho (CADE), entre noviembre de 2010 y octubre de 2011. Posteriormente, fue electo Consejero Territorial de la Facultad de Derecho, en el periodo 2011-2012.
La complicada semana que le ha tocado al ministro de Salud, Emilio Santelices, a raíz de la polémica por el cambio realizado al protocolo para la manifestación de objeción de consciencia ante la interrupción del embarazo en tres causales, parece no terminar.
Y es que -en otro tema- acaba de ser nombrado, en calidad de asesor director de él y hombre de confianza, Ignacio Abarca, egresado de la carrera de Derecho de la PUC e investigado por haber entregado -de acuerdo al SII- boletas de honorarios falsas a SQM por un monto de 7 millones de pesos.
Esto no obstante que, en su momento, el último trabajo que tenía registrado era una pasantía en la firma Noguera Larraín & Dulanto, en enero de 2014.
Abarca fue activo miembro del movimiento político de derecha, Solidaridad UC, y obtuvo, en ese contexto, dos cargos de representación estudiantil, a nivel de Facultad. Primero fue electo secretario general del Centro de Alumnos de Derecho (CADE), entre noviembre de 2010 y octubre de 2011. Posteriormente, fue electo Consejero Territorial de la Facultad de Derecho, en el periodo 2011-2012.
En marzo de 2013, ingresó a procurar al estudio Vergara, Labarca y Cía., hasta diciembre del mismo año. Durante su periodo de trabajo estalló el Caso Cascadas, cuando la SVS decidió formular cargos en contra de las personas relacionadas a las sociedades cascadas, controladas por SQM, entre otros. Allí trabajó con Sebastián Oddó, quien era asesor legal de sociedades cascadas y, en el marco del referido caso, parte de la defensa de Julio Ponce Lerou, director de SQM, servicios que habrían sido pagados en 20 boletas de 7 millones de pesos.
