Entre los textos ingresados al tribunal ese día también estuvo una “recusación amistosa”, presentada por la abogada Myla Chávez, en representación del Comité de Agua Potable Rural Los Choros, donde la profesional hacía un llamado a mantener una garantía de imparcialidad, que, según sus palabras, el presidente del Tribunal, Daniel Guevara, no cumplía por varias razones. “Un tribunal imparcial se transforma en un derecho irrenunciable para mis representados”, señalaba la recusación que además pedía que Guevara se inhibiera de seguir conociendo la causa.
El 14 de marzo, antes que comenzara la audiencia fjada por el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, una serie de documentos se adjuntaron al expediente de la causa. Entre ellos, no solo la decisión del gobierno y la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, de no participar como contraparte de Andes Iron, titular del proyecto, en un proceso de conciliación.
Entre los textos ingresados al tribunal ese día también estuvo una “recusación amistosa”, presentada por la abogada Myla Chávez, en representación del Comité de Agua Potable Rural Los Choros, donde la profesional hacía un llamado a mantener una garantía de imparcialidad, que, según sus palabras, el presidente del Tribunal, Daniel Guevara, no cumplía por varias razones. “Un tribunal imparcial se transforma en un derecho irrenunciable para mis representados”, señalaba la recusación que además pedía que Guevara se inhibiera de seguir conociendo la causa.
La abogada Chávez, mencionaba como argumentos la imbricada relación del abogado con la coalición gobernante y enumeraba que Guevara fue candidato a “diputado por la otrora Alianza por Chile”, en 2005 y en 2013 fue candidato independiente al Senado apoyado por Renovación Nacional, partido del actual gobernante, Sebastián Piñera, que “mantuvo interés personal”, en el proyecto minero.
Pese a que Guevara se ha esmerado en dejar de manifiesto la imparcialidad con la que actúa el tribunal, esta la primera recusación en su contra donde se habla de eventual «parcialidad” en el caso que, claramente, no sólo ha estado centrado en un ámbito medioambiental sino que también político. Es también el primer cuestionamiento por conflictos de interés que apunta a un juez de tribunal ambiental.
A partir del miércoles pasado -día en que estaba fijado el inicio de revisión de las bases de conciliación- el tribunal tiene 30 días para emitir una sentencia; es decir, antes del 18 de abril.
