Aunque Ignacio Sánchez descartara públicamente que la Iglesia Católica hubiese realizado presiones para que se llegara a un acuerdo en el tema del Aporte Fiscal Indirecto, fuentes de uno de los principales organismos definitorios de la universidad pontificia, el Consejo Superior, señalan que “esto no habría ocurrido sin la venia directa del arzobispado”, debido a que es una demanda de un organismo perteneciente al Estado Vaticano.
Una serie de críticas al interior del mundo de las universidades ha despertado el acuerdo al que llegó el Rector de la Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, junto al ministro del Interior, Rodrigo Valdés y el Mineduc, para restituir un fondo de inyección de recursos indirectos para la institución de educación superior, con el fin de aminorar la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).
La principales críticas vinieron desde el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien señaló que “se ve muy fea una movida para darles más a las Universidades que tienen más», además, apuntó directamente al poder que tendría el arzobispado y agregó que “uno no entiende qué tipo de presiones son efectivas para que, en cosas tan sensibles de política universitaria, el ministerio tome sus decisiones», esto mientras la ministra Delpiano prefirió descartarse del acuerdo, señalando que era “un error” de parte de Hacienda.
De inmediato desde la PUC hubieron reacciones, y el mismo Sánchez descartó que la Iglesia Católica hubiese realizado presiones para que se llegara a un acuerdo, aunque desde uno de los principales organismos definitorios de la universidad pontificia, el Consejo Superior, señalan que “esto no habría ocurrido sin la venia directa del arzobispado”, debido a que es una demanda de un organismo perteneciente al Estado Vaticano, al Estado de Chile.
El proceso de definición respecto a esta demanda fue largo, ya en noviembre de 2016 -previo a la aprobación de la glosa presupuestaria- el mismo rector Sánchez advirtió al Gobierno que entablaría una demanda si se eliminaban los recursos entregados por el AFI, en marco de una reunión del Consejo de Rectores.
En paralelo, un equipo jurídico liderado por el decano de la Facultad de Derecho de la PUC, Carlos Frontaura, comenzaba a preparar la arremetida judicial, para cuando estuvo terminado este proceso, el rector tomó cartas en el asunto y mantuvo conversaciones directamente con la máxima autoridad de la PUC, el Padre Cristián Roncagliolo, Vice Gran Canciller de la UC, quien fue designado por el arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Ezzati, como su representante en la universidad.
Además la iniciativa fue expuesta, “pero nunca consultada” en el Consejo Superior de la PUC, que integra a trabajadores, académicos, autoridades y estudiantes de la universidad. En la instancia “nunca se votó la propuesta”, pero si fue explicada y consultada, señala un miembro desde el Consejo, quien agrega que existía respaldo para la iniciativa entre sus integrantes, menos la de los estudiantes, quienes se habrían manifestado en contra de levantar la demanda.
Ya con el equipo jurídico definido y a cargo del abogado Raúl Tavolari, académico de la universidad, Sánchez habría realizado las últimas gestiones para lograr levantar la demanda. A pesar de que el mismo Rector señaló en Radio Duna, que “ya ha quedado claro que el Canciller no ha tenido ningún trabajo acá”, desde la PUC aseguran que Sánchez “no habría levantado la demanda sin el respaldo de Ezzati”. Es por esto que previo a la presentación de la demanda, el 5 de enero de 2017, el mismo Sánchez se habría reunido con monseñor Ezzati con el fin de conseguir su respaldo, en dicho encuentro Sánchez logró conseguir “el visto bueno”, del sacerdote –así lo reconoció el rector en una entrevista a El Mercurio-. De esta forma entabló la demanda que terminó con el compromiso de presentación de un proyecto de ley especial para entregar recursos de forma indirecta a la Pontificia Universidad Católica.
