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Cabe destacar que, para presentar el documento, se necesitan 39 firmas, por lo que desde hoy empezará a circular entre los parlamentarios de oposición una minuta donde se indica que “el decreto no supera el test de constitucionalidad, contraviniendo el artículo 5° (la soberanía reconoce su límite en los derechos humanos reconocidos en Constitución y tratados internacionales); el artículo 7° (sobre el actuar de los órganos del Estado conforme a facultades conferidas), y el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley)”.
Recientemente, el jefe de la bancada de diputados DC, Matías Walker, se juntó con el representante del Servicio Jesuita Migrante, Pablo Valenzuela, quien le entregó un informe donde se cuestionaba la constitucionalidad del decreto presidencial de Sebastián Piñera, en el marco del proceso migratorio.
Luego, esto fue ratificado por asesores jurídicos de la bancada DC, quienes coincidieron en la posible “inconstitucionalidad” de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.
En ese sentido, Walker, junto a sus pares Joanna Pérez, miembro de la Comisión de Gobierno Interior, y Raúl Soto, miembro de la Comisión de Trabajo, impulsarán un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el anuncio que hizo Sebastián Piñera.
Cabe destacar que, para presentar el documento, se necesitan 39 firmas, por lo que desde hoy empezará a circular entre los parlamentarios de oposición una minuta donde se indica que “el decreto no supera el test de constitucionalidad, contraviniendo el artículo 5° (la soberanía reconoce su límite en los derechos humanos reconocidos en Constitución y tratados internacionales); el artículo 7° (sobre el actuar de los órganos del Estado conforme a facultades conferidas), y el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley)”, consignó La Tercera.
De este modo, el decreto “vulnera las normas constitucionales y legales establecidas conforme a ella, al no fundamentarse las razones por las cuales se ha establecido la excepción legal”, y agrega que “no basta invocar razones de interés nacional, ya que los agentes de los poderes públicos del Estado deben justificar racionalmente sus actuaciones (actuación motivada por hechos sustanciales), debiendo el TC resolverlo”.
Desde la DC explicaron que con esta ofensiva se busca seguir ejerciendo un rol de “oposición constructiva” y que, por este motivo, resolvieron como bancada no participar de la presentación de una eventual acusación constitucional al ministro de Salud, Emilio Santelices.
