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Osorno representa constantemente un tercio de este tipo de hechos en la Décima Región y en medio de ese panorama se enfrenta, además, a otra realidad: los 16 obstetras del hospital principal de la provincia declararon objeción de conciencia en la causal de violación en caso de aborto; un hecho que ha sido condenado por quienes creen que no se puede objetar con platas públicas, sobre todo si se habla del 100% de los profesionales, y tampoco dejar desamparadas a las mujeres que sufren un trauma y después la imposibilidad de escoger poner término a un embarazo producto de un delito, al menos en la zona donde viven.
Si hoy se sacara una radiografía a parte de los datos de criminalidad de Osorno, la foto sería ésta: según datos del Ministerio Público, las causas vigentes señalan que actualmente hay 244 causas por delito de violación en la Región de Los Lagos. De estas, 52 están en la Fiscalía de Osorno.
Los números no son muy distintos a años anteriores. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, mientras en 2015 hubo 539 abusos y otros delitos sexuales y 158 violaciones en toda la Región de Los Lagos, en la Provincia de Osorno ocurrieron 52 violaciones y 153 abusos y otros delitos sexuales. Según estas cifras, respecto a la primera clasificación, la provincia de Osorno concentra un 28,9% de este tipo de delitos en la región. Respecto a la segunda, los números son los mismos: también un 28,9%.
Es decir, Osorno representa constantemente un tercio de este tipo de hechos en la Décima Región y en medio de ese panorama se enfrenta, además, a otra realidad: los 16 obstetras del hospital principal de la provincia declararon objeción de conciencia en la causal de violación en caso de aborto; un hecho que ha sido condenado por quienes creen que no se puede objetar con platas públicas, sobre todo si se habla del 100% de los profesionales, y tampoco dejar desamparadas a las mujeres que sufren un trauma y después la imposibilidad de escoger poner término a un embarazo producto de un delito, al menos en la zona donde viven.
Andrea Huneeus, experta en Ginecología Infanto-Juvenil, suma además una proyección: “Según estadísticas internacionales 1 de cada 10 violaciones denunciadas termina en embarazo y mi proyección es que, por ejemplo, anualmente hay 56 embarazos por violación en la X Región. Sin embargo, esta cifra puede ser mucho mayor porque se estima que una de cada diez violaciones son denunciadas”, dice Huneeus.
[cita tipo=»destaque»]“Cualquier barrera en la oportunidad de atención a la causal violación puede impactar en la libertad de la sobreviviente de violación para tomar su decisión respecto a la terminación o no voluntaria del embarazo por que la legislación chilena pone límite de 12 semanas de gestación”, señala Andrea Huneeus. La especialista cuenta que un tercio de las sobrevivientes de violación embarazadas se da cuenta que está embarazada después de las 12 semanas y la mitad tiene su primer contacto con el sistema de salud después de las 12 semanas. “Esto por la extrema vulnerabilidad de estas víctimas ( menores de edad, víctimas de violaciones repetidas, intrafamiliares etc..). Entonces si además de eso agregamos la traba burocrática del traslado a otra ciudad, muchas sobrevivientes de violación embarazadas quedarán fuera del plazo de 12 semanas de gestación de la causal y se verán obligadas a llevar el embarazo a término aunque no quieran”.[/cita]
El protocolo de objeción de conciencia del Ministerio de Salud establece que en caso de que un médico se declare objetor, puede ser reemplazado por otro cirujano y en último caso, la mujer puede ser derivada a otro centro asistencial, que en este caso es el Hospital de Puerto Montt. Sin embargo, este no es el mejor camino para quienes lidian con este tipo de impactos en la vida de una mujer.
“Cualquier barrera en la oportunidad de atención a la causal violación puede impactar en la libertad de la sobreviviente de violación para tomar su decisión respecto a la terminación o no voluntaria del embarazo por que la legislación chilena pone límite de 12 semanas de gestación”, señala Andrea Huneeus. La especialista cuenta que un tercio de las sobrevivientes de violación embarazadas se da cuenta que está embarazada después de las 12 semanas y la mitad tiene su primer contacto con el sistema de salud después de las 12 semanas. “Esto por la extrema vulnerabilidad de estas víctimas ( menores de edad, víctimas de violaciones repetidas, intrafamiliares etc..). Entonces si además de eso agregamos la traba burocrática del traslado a otra ciudad, muchas sobrevivientes de violación embarazadas quedarán fuera del plazo de 12 semanas de gestación de la causal y se verán obligadas a llevar el embarazo a término aunque no quieran”.
Una ginecóloga de la zona dice que los “objetores” han sido injustamente tratados porque no se oponen al aborto que decida una mujer en caso de ser violada, sino a no practicarlos ellos. “Una mujer embarazada producto de una violación debe ir al Hospital de Osorno, pedir ayuda y ahí debe ser acompañada, informada y hasta dejada en la puerta del Hospital de Puerto Montt si se quiere. La objeción de conciencia no es una obstrucción, es una decisión valórica de un médico con respecto a sí mismo”, señala la especialista.
Sin embargo, dadas las características emocionales y delictuales de una violación, esa decisión personal es, para muchos de quienes no la comparten, finalmente un nuevo trauma en la vida de una mujer violada.
El protocolo ha sido ampliamente cuestionado e incluso le costó al gobierno de Sebastián Piñera la primera interpelación a uno de sus ministros. El titular de Salud, Emilio Santelices, debió responder al requerimiento –solicitado por 58 diputados– donde también fue cuestionado por su performance, en el que no solo llamó diputado a la diputada Marcela Hernando.
Como si Hernando jugara en un frontón, en más de una ocasión no obtuvo más que evasivas de parte del interpelado, como cuando preguntó “¿Cuántos puntos modificó con la resolución exenta?” presentada por el Minsal y el ministro respondió: “En ningún momento el cambio de protocolo ha generado perjuicio alguno a las mujeres para el uso de esta ley. El gobierno ha definido que un eje es terminar con la discriminación a las mujeres … resguardar el derecho a la objeción de conciencia y también el derecho a la atención de salud de otras mujeres en otras circunstancias”.
-Son más de diez los capítulos cambiados -devolvió la pelota a la pared Hernando-. Y otra vez apareció el frontón, aunque siguió preguntando: “¿La modificación fue por una convicción personal o cediendo al lobby de algunas instituciones?”.
-Nada se hizo con premura, sino que se usó el sentido de la prudencia y de la urgencia. No nos moveremos ni un milímetro de la agenda que ha marcado a este gobierno y a este ministro de Salud – respondió Santelices.
Con impotencia y evitando un rosario poco digno, Hernando entonces resumió su molestia y le dijo al ministro las ganas que tenía de usar la clásica polera de Natalia Valdebenito –quien se encontraba entre el público invitado a la Sala de la Cámara- en la que se lee: “Y vo` creí que soy weona”.
Por sus constantes evasivas y la forma errática de contestar las preguntas en la oposición consideraron que la actuación del ministro fue un fracaso; tanto así que también podría enfrentar una acusación constitucional sobre un tema que puede tener impacto profundo en la vida de las mujeres, sobre todo aquellas que se enfrentan a hospitales que solo poseen médicos objetores de conciencia.
El Mostrador se comunicó con el Ministerio de Salud, sin embargo, no hubo respuestas, pese a la insistencia.
