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El jueves 26 de abril, el pleno del Tribunal Constitucional revisó dos causas en materia de Derechos Humanos, en ambas, ex uniformados recurrieron a esta instancia a través de un recurso de inaplicabilidad constitucional, arguyendo diversos artículos. Desde las defensas de las víctimas, acusan que con esta acción no solo se busca dilatar aún más las causas que revisan los tribunales ordinarios, sino que también apuntan a una “pasada” política de los magistrados que votan a favor de la admisión de las mismas, lo que “no tiene ninguna razón de ser”. Esto se ve favorecido por la composición binominal de la denominada “tercera Cámara”.
Causa Rol 3996, el acusado, oficial del Ejército en retiro René Riveros Valderrama. Se le imputa el delito de homicidio calificado en el caso de varios militantes de izquierda, entre ellos Jacobo Stoulman y Matilde Pessa, matrimonio secuestrado y asesinado en Buenos Aires, Argentina, en 1977. Esto, en el marco de la denominada Operación Cóndor, plan de inteligencia llevado a cabo por los dictadores de seis países de la región, incluido Chile, en concomitancia con la CIA estadounidense.
En octubre del 2017, a través del abogado Jorge Montero Mujica, Riveros Valderrama presenta ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 78 en diversos incisos, que apunta a que “las actuaciones del sumario son secretas, salvo las excepciones establecidas por ley”.
Causa ROL 3681, el acusado, el comandante en retiro Francisco Javier Pérez Egert. Imputado por detención ilegal, secuestro y tortura, denunciada por Joel Gamalier Tapia López, la causa, radicada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se ve suspendida en agosto del 2017, una vez que, en julio del mismo año, el acusado llegara al Tribunal Constitucional a través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo 78 en diversos incisos y que apunta a que “las actuaciones del sumario son secretas, salvo las excepciones establecidas por ley”.
Ambas causas se encuentran suspendidas en sus respectivas sedes judiciales, no pueden seguir su curso hasta que el TC no resuelva el fondo de los requerimientos presentados. Ocho meses pasaron entre el ingreso del escrito y que el mismo se pusiera en tabla para ser llevado al pleno. Este jueves 26 de abril, en vista conjunta, ambas causas fueron revisadas en la sesión ordinaria del pleno del tribunal que hoy cuenta con 9 de los 10 ministros, tras el retiro de Carlos Carmona. Aún está pendiente la designación que tiene al Gobierno como patrocinante.
[cita tipo=»destaque»]Actualmente, el TC está compuesto por su presidente Iván Aróstica, ratificado en el Gobierno anterior de Sebastián Piñera, y ocho ministros, Juan José Romero Guzmán, María Luisa Brahm Barril, Cristián Letelier Aguilar, Marisol Peña Torres, José Ignacio Vásquez Márquez –de tendencia más conservadora– y Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y Nelson Pozo Silva –más progresistas–, a la espera del nombramiento del décimo ministro, en reemplazo de Carlos Carmona, de manos del Presidente Piñera.[/cita]
Otra vez la lógica binominal de nombramientos de ministros, la que supone una composición más política que judicial, vuelve a estar en la palestra, en esta ocasión, no por la resolución respecto de materias resueltas en el Congreso, como sucedió con la Reforma Laboral o Educacional, sino por la fase previa a la eventual resolución, a favor o en contra, de la admisibilidad del requerimiento.
Y es que no es uno sino que son varios los abogados que siguen causas de Derechos Humanos que son claros en acusar un “sesgo político que se aplica en esta materia en específico”. Los dardos apuntan a la instancia de admisibilidad que se ve en las salas 1 y 2 del Tribunal, compuestas por cinco ministros cada una, y donde se vota a favor o en contra del requerimiento, y saben –señalan– que con la sola admisión se paraliza una causa, incluso si esta se halla alojada en la Corte Suprema.
Para varios de los juristas las admisibilidades son “infundadas”, ya que muchos de los requerimientos –indican– “no van a cambiar el curso de la causa en cuestión”, poniendo el ejemplo de los dos casos revisados el jueves 26, donde, si saliese a favor o en contra del requirente, el sumario ya estaría acabado. Ahí, apuntan, está el juego de la ralentización.
Sin ir más lejos, el abogado Boris Paredes, en representación de los querellantes Gloria Canales, Enrique Correa y Valentina Ramírez, dijo en la audiencia pública que “es absolutamente irrelevante lo que pase con el requerimiento (…) a las décadas de retraso que hay en la administración de justicia, estamos sumando meses, meses y meses también de paralización acá”.
En conversación con el abogado Nelson Caucoto, este señala que “jamás pensamos que este Tribunal se iba a meter en materia de Derechos Humanos y que este se estaría transformando en un refugio para criminales de lesa humanidad, puesto que se abre una puerta para retrasar los juicios”.
En una posición similar se manifestó la abogada en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alfonsina Peña Castro: “El Tribunal es un órgano llamado a revisar la constitucionalidad en casos concretos, la defensa de los inculpados la han utilizado como una forma de dilatar y eso no es lo más correcto, las causas deberían terminarse en la admisibilidad”.
Tiempo atrás, y por regla general, el Tribunal Constitucional declaraba inadmisibles los requerimientos cuando de casos relacionados con los Derechos Humanos se trataba. Pero las cosas cambiaron. Así, de 30 casos ingresados entre finales del 2015 y el 1 de abril, a 21 causas se les ha aplicado suspensión del procedimiento y 12 permanecen pendientes.
Actualmente, el TC está compuesto por su presidente Iván Aróstica, ratificado en el Gobierno anterior de Sebastián Piñera, y ocho ministros, Juan José Romero Guzmán, María Luisa Brahm Barril, Cristián Letelier Aguilar, Marisol Peña Torres, José Ignacio Vásquez Márquez –de tendencia más conservadora– y Gonzalo García Pino, Domingo Hernández Emparanza y Nelson Pozo Silva –más progresistas–, a la espera del nombramiento del décimo ministro, en reemplazo de Carlos Carmona, de manos del Presidente Piñera.
