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En concreto, la querella se interpone contra quienes estén implicados como autores, cómplices y encubridores de los delitos de falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos.
La investigación de la Contraloría General de la República revelada la semana pasada no dejó indiferente a la administración de Sebastián Piñera. De hecho, el Gobierno hizo oficial una querella en contra de los responsables por pagos irregulares en la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), la cual fue presentada el 20 de abril.
La decisión no sorprende, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, lo había adelantado la semana pasada, considerando además la promesa hecha por Piñera de transformar a la policía uniformada, cuya imagen se ha visto empañada por el desfalco millonario conocido como Pacogate que ya llegó a los $28 mil millones de pesos.
En concreto, la querella se interpone contra quienes estén implicados como autores, cómplices y encubridores de los delitos de falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos.
Las irregularidades desenmascaradas por el ente contralor -que ascienden a 196 millones 714 mil 827 pesos- «han afectado en conjunto (…) de forma trascendente la credibilidad, rigurosidad, legalidad y legitimidad de Carabineros de Chile», señala el documento al que accedió Bío Bío.
El texto explica que se reutilizaron numeraciones y fechas en documentos, sin Toma de Razón, y se registraban falsos estampados de timbres asociados al control de juridicidad de Contraloría.
El órgano también detectó pensiones mal pagadas. Dipreca demoró meses en quitar de sus sistemas a 39 funcionarios que habían sido notificados como fallecidos, en matrimonio o reincorporados. Sin embargo, dichas pensiones se siguieron pagando.
En cuanto a los problemas de contabilidad, Contraloría descubrió una serie de transacciones no registradas por el banco donde Dipreca posee la cuenta corriente para las pensiones. Son más de 10.645 millones de pesos los que, de acuerdo a la auditoría, no se condicen con los registros del servicio.
