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Fue un compromiso de Michelle Bachelet en su última cuenta pública, pero a pesar del intenso trabajo técnico que se hizo por tres meses el año pasado, todo el material fue fondeado en un cajón, no en uno cualquiera, sino en el del ex ministro de Economía DC, quien hasta diciembre de 2015 fue precisamente director de la salmonera Australis Seafoods. Nadie sabe para quien trabaja.
No importa que los pescadores artesanales se refieran al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme, como «el Mosca», en alusión al patrocinio de poder de 2015 en el que figuraba como defensor de Carlos Riffo Peña, acusado de narcotráfico y que precisamente tiene ese alias. Tampoco importa que justamente ese rol que cumplió haya frustrado sus intenciones de ser subsecretario de Prevención del Delito como era su idea original, porque ahora, este histórico RN y ex asesor del senador Andrés Allamand, tiene la gran oportunidad de figurar como el funcionario que lidere el cumplimiento de una de las promesas que el Presidente, Sebastián Piñera, hizo en campaña: modificar la Ley de Pesca.
Dicha norma ha sido fuertemente cuestionada por el intenso lobby empresarial que hubo durante su tramitación, mientras Pablo Longueira (UDI) era el ministro de Economía en la primera administración piñerista, cartera de la que depende directamente Subpesca. Además, no hay que olvidar que el compromiso de cambiar la Ley de Pesca fue uno de los acuerdos que permitió sellar el apoyo político del senador Manuel José Ossandón –el detractor más firme en la derecha a esta legislación– a Piñera en la última fase de la campaña para regresar a La Moneda.
El viernes 13 de abril, en Pulso el subsecretario Riquelme dio su primera entrevista, donde aseguró que en un plazo de 45 días enviará al Congreso un proyecto de «ley corta» con algunas modificaciones, urgencia simple y que antes de fin de año el Gobierno enviará otro proyecto con cambios de más larga discusión.
Ya a fines de marzo, en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Riquelme tranquilizó a los parlamentarios insistiendo en que la voluntad del Gobierno era avanzar rápidamente en las modificaciones de la llamada «Ley Longueira», no sin aprovechar de repasar al Gobierno de Michelle Bachelet. “Lo que hizo fue pedir un informe a la FAO, demoró dos años, entregó el informe, se redactó un proyecto de Ley de pesca y ¿qué hicieron?: lo metieron en un cajón. No vamos a hacer lo mismo, sí vamos a cumplir. Ustedes piden plazos, no podemos dar plazos, porque sería irresponsable», expresó días antes de la entrevista, donde despejó en parte el cronograma.
Riquelme tenía toda la razón al afirmar que al proyecto del Gobierno anterior «lo metieron en un cajón» y no en cualquiera, sino en el del último ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, conocido por sus nexos en el sector energético y financiero. El DC fue hasta diciembre de 2015 director de la salmonera Australis Seafoods.
[cita tipo=»destaque»]En la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Riquelme tranquilizó a los parlamentarios insistiendo en que la voluntad del Gobierno era avanzar rápidamente en las modificaciones de la llamada «Ley Longueira», no sin aprovechar de repasar al Gobierno de Michelle Bachelet. “Lo que hizo fue pedir un informe a la FAO, demoró dos años, entregó el informe, se redactó un proyecto de Ley de pesca y ¿qué hicieron?: lo metieron en un cajón. No vamos a hacer lo mismo, sí vamos a cumplir. Ustedes piden plazos, no podemos dar plazos, porque sería irresponsable», expresó.[/cita]
Todo comienza en junio del año pasado, durante la última cuenta pública de la entonces Presidenta Bachelet. Ahí dijo que sabía que «sé necesitamos una legislación pesquera moderna, que resguarde los intereses de todos los chilenos, por eso, durante el tercer trimestre enviaré a este Congreso una propuesta de modificaciones sustantivas a la Ley de Pesca».
Efectivamente la división jurídica de la Subpesca trabajó arduamente durante tres meses para preparar una propuesta de medidas. Un testigo de ese trabajo explica que, ya a fines de septiembre, el trabajo estaba afinado y que «en lo sustancial incluía el mismo paquete de medidas que va a proponer este Gobierno, como por ejemplo los planes de manejo o las renovaciones de licencias de extracción, que son las que más preocupan a la industria». No solo eso, sino que agregó que todo el material se le hizo llegar al ministro Rodríguez Grossi, «pero nada de eso fue enviado al Parlamento».
La inacción del Ejecutivo generó críticas desde el entonces bloque oficialista. En diciembre, el diputado PS, Fidel Espinoza, advirtió que «Rodríguez Grossi no ha presentado las modificaciones ni a la comisión ni a la Corporación», mientras que el senador socialista por la Región de Los Lagos, Rabindranath Quinteros, reconocía que «no estamos conformes».
En octubre de 2017, con solo un mes en el cargo, Rodríguez Grossi asumió que en ese momento la pesca no era prioridad, como sí lo eran legislaciones para reformar el Sernac, medidas para agilizar inversiones o la Ley General de Bancos.
Testigos del trabajo en la Subpesca, que incluyó más de 60 reuniones con las partes interesadas, reconocen que el proyecto de modificaciones finalmente «se descongeló en enero», en el marco de las reuniones bilaterales entre los ministros salientes y los ya designados por Piñera como parte de su primer gabinete: «Dentro de los primeros contactos de Rodríguez Grossi y el equipo de José Ramón Valente, estuvo la entrega de las propuestas que van a ser incluidas en lo que el actual subsecretario ha llamado la Ley Corta». Nadie sabe para quien trabaja.
Riquelme ha renovado los equipos. La semana pasada sacó al director de Sernapesca, José Miguel Burgos, que se negaba a renunciar y, en una decisión que ha generado dudas al interior de la Subpesca, nombró en la división de Desarrollo Pesquero a Juan José Covarrubias, ingeniero comercial, uno de los fundadores de Un Techo para Chile, que fue parte de la coordinación para la visita del Papa en enero, pero sin experiencia en el área del cargo que se le asignó .
