Aner Padilla y Mario Kompatzki de las Cortes de Apelaciones de Temuco y Valdivia, respectivamente
Según la ley, son la última barrera antes de autorizar una intromisión por parte de Carabineros a cualquier sospechoso de cometer delitos graves. En el caso de los cuestionados procedimientos para inculpar a mapuches en atentados incendiarios, primó la «fe ciega» en la inteligencia policial.
En 2015, el ministro Aner Padilla Buzada era el Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco y así explicaba su decisión de no votar a favor de aplicar la Ley Antiterrorista en las acusaciones por hechos de violencia en La Araucanía: «Cuando uno conoce el problema mapuche, parto de la base que los mapuches están pidiendo una reivindicación de algo que se les despojó. Eso está en la historia y no hay dos versiones (…). Pero de ahí a que estas reivindicaciones sean a través de hechos violentos, nosotros estamos justamente para castigar los hechos ilícitos», fue lo que dijo ese año al diario Tiempo21 de Temuco.
Padilla ya no es presidente de la Corte, pero desde el año pasado es quien, de acuerdo al sorteo que se indica legalmente, representa el último eslabón en la cadena de autorizaciones que se necesitan para interceptar conversaciones en el marco de la Ley 19.774, que rige las actividades de inteligencia. En ese contexto fue quien autorizó a Carabineros para intervenir los mensajes de nueve teléfonos móviles a partir del 9 de agosto del año pasado. La autorización fue solicitada por Gonzalo Blu, entonces director de Inteligencia de Carabineros y que fue llamado a retiro luego de que todos los antecedentes disponibles hasta ahora, especialmente una investigación de la Fiscalía, indicasen que esas interceptaciones no fueron reales y que se trató de pruebas implantadas para inculpar a los sospechosos.
Más todavía, la autorización solicitada se basa, como reza el oficio enviado por Blu a la Fiscalía con las pruebas –informe al que tuvo acceso El Mostrador–, en la necesidad de «detectar en forma anticipada y así lograr prevenir las actividades de personas, grupos y organizaciones que tengan por objeto la planificación y comisión de atentados incendiarios».
Pero al poco tiempo los hechos demostraron que la prevención no resultó. El 19 de agosto ocurrió un atentado en el que, según testigos, 20 encapuchados quemaron 18 camiones de la empresa de transportes Calafquén. La acción se la adjudicó un grupo denominado Weichan Auka Mapu, de acuerdo a los panfletos encontrados. En el oficio enviado por Carabineros al organismo persecutor, se especificó que las acciones de inteligencia estaban orientadas a desarticular ese grupo.
Según el referido informe, el líder era Juan Antiago Millanao, responsable –de acuerdo a la inteligencia de Carabineros–, junto a su grupo, del atentado en la Región de Los Ríos contra la empresa Sotraser, ocurrido en la madrugada del 28 de agosto. El fiscal de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, fue una de las primeras autoridades en determinar, el 14 de febrero de este año, que las pruebas contra los inculpados en los hechos habían sido manipuladas y, en efecto, ordenó un allanamiento a las oficinas de la Dipolcar en Temuco y luego formalizó al ex funcionario civil de Carabineros Alex Smith, al corroborar que el software «Antorcha» no existía de la manera en que era descrito.
Por otra parte, el ministro Aner Padilla, también según el informe enviado por la policía uniformada a la Fiscalía, firmó una autorización para intervenir los teléfonos el 7 de septiembre. Sin embargo, todas las conversaciones interceptadas llegan hasta el 29 de agosto. Es decir, la autorización habría sido firmada días después de la «intervención».
Cabe mencionar que la autorización solicitada a la Corte y remitida a la Fiscalía pedía aplicar las mismas medidas intrusivas a personas en las regiones del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos. Por eso, otro de los ministros que aparece autorizando estos controvertidos procedimientos es Mario Kompatzki Contreras, de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Probablemente tampoco haya visto la naturaleza de los mensajes, llenos de emoticones, escritos por gente que se educó en una época muy anterior a la llegada de los smartphones, y que además tienen alusiones obvias a los atentados, lejos de lo que sería una aceitada organización para cometer actos terroristas, como intentó convencer Carabineros a la Fiscalía.
Según declaró el 6 de marzo el ex capitán de Carabineros, Leonardo Osses –uno de los oficiales que pasó a retiro por este caso–, el Fiscal Regional de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, vio y corrigió estos informes, sacando el nombre del actor Daniel Alcaíno, cuyo teléfono fue intervenido. El persecutor ha negado públicamente esta intervención. «Solamente existe en la mente de Osses», señaló Arroyo sobre esta versión entregada en el Juzgado de Garantía de Temuco a comienzos de marzo. Según Osses, la Fiscalía siempre estuvo monitoreando las intervenciones telefónicas expresadas en los informes de inteligencia que hoy son cuestionados como falsos.
A juicio del abogado Rodrigo Román, defensor de algunos de los inculpados, el problema en parte radica en la Ley de Inteligencia, que «autoriza intervenciones de manera muy ligera y permite interceptar conversaciones a diestra y siniestra, la ley se interpreta de manera muy laxa», sostiene, refiriéndose al artículo 26 de la Ley 19.774, que autoriza la intervención de comunicaciones telefónicas previa firma de un ministro de la Corte de Apelaciones, sorteado por sus pares para tales efectos, durante dos años.
«Hay un depósito de fe ciega en la inteligencia de Carabineros por parte de los ministros de la Corte y también desde la Fiscalía, que tampoco aplicó ningún tipo de filtros a lo que se le entregaba como resultado de la investigación», afirma Román.
Ninguno de los ministros aludidos en esta nota estuvo disponible para entregar alguna versión o comentario.
