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A días del cambio de mando Tribunal Ambiental decide futuro de Minera Dominga: el polémico proyecto controlado por el amigo de Piñera 75% de la propiedad sigue en poder de la familia de Carlos Alberto «Choclo» Délano

A días del cambio de mando Tribunal Ambiental decide futuro de Minera Dominga: el polémico proyecto controlado por el amigo de Piñera

Alejandra Carmona López
Por : Alejandra Carmona López Co-autora del libro “El negocio del agua. Cómo Chile se convirtió en tierra seca”. Docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile
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El Primer Tribunal Ambiental está compuesto por abogados y científicos que ya han ido a terreno a observar el impacto que podría tener el proyecto de Andes Iron. Uno de ellos tiene un antiguo vínculo con la DC y uno más reciente con RN, la tienda del Presidente electo. Los tres ministros deberán decidir el futuro del proyecto integrado de mina y puerto en un relato que podría sucederse en corto tiempo o extenderse: si la conciliación fijada para el 14 de marzo –entre el SEA y la empresa– no resulta, será el Tribunal Ambiental el que decida. Y después de optar por un proceso de conciliación, el temor de sus detractores es que pueda dar luz verde a la polémica iniciativa.


El 14 de marzo próximo el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, podría barrer con la decisión del Comité de Ministros que en agosto del año pasado decidió rechazar Minera Dominga, un proyecto integrado de mina y puerto que contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro, 150 mil toneladas de concentrado de cobre, como subproducto, y una inversión de US$2.500 millones.

Ese día, el Tribunal Ambiental de Antofagasta expondrá su propuesta de conciliación para acercar posiciones de las partes –Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y empresa– y llegar a un acuerdo.

Sin embargo, haber arribado hasta esta instancia ya es un tema que incomoda a los detractores de la iniciativa. “Pese a que es parte de la institucionalidad ambiental, cuando el Comité de Ministros votó una cosa, es muy difícil que otro organismo tome una decisión como esta”, señala una fuente que conoce los pasos que ha seguido el proyecto.

El señalado Tribunal Ambiental tiene jurisdicción en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo y está constituido por ministros abogados y científicos, tres de ellos titulares: Mauricio Oviedo, Marcelo Hernández y Daniel Guevara.

El último de ellos es quien posee el perfil más político de todos. Es abogado, pero «don dedos» para la música: su pasatiempo favorito es la guitarra clásica. Y aunque la música y las leyes no están en contradicción, sí muestran una personalidad que lo ha llevado culebreando de un lado a otro.

Daniel Guevara

Según medios locales de Antofagasta, Daniel Guevara se crió en Argentina, después estudió Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso y fue ahí donde sus compañeros lo bautizaron “Che” Guevara. A pesar de lo revolucionario de su apodo, tiempo después sería nombrado Seremi de Bienes Nacionales de la Segunda Región por Ricardo Lagos. Allí haría sus primeras armas en la política.

En sus inicios fue simpatizante DC, sin embargo, después de eso, ha sido dos veces candidato al Parlamento por Renovación Nacional (RN), el mismo partido que Piñera, pero que abandonó cuando en su última incursión política quiso ser senador. La colectividad no lo apoyó y decidió ser candidato independiente. El año 2013 fue presidente regional del RN y ese mismo año impugnó en el Tricel la candidatura al Senado de Luciano Cruz-Coke, por no haber renunciado al Gobierno en el plazo que estipula la ley.

“Aunque ya no esté en el partido esa cercanía generas dudas”, señala uno de los miembros de una de las ONG que no está de acuerdo con Minera Dominga.

En una entrevista concedida hace una semana y frente a la pregunta sobre si no hay un acuerdo total, Guevara indicó que la respuesta procesal sería que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. “Sin embargo, por la misma razón de legitimidad que se ha buscado, la conciliación no solo busca efectos procesales jurídicos sino también que, si hay un entendimiento, se genere una licencia social y ambiental para el proyecto. Frente a eso, es importante garantizar el máximo de convocatoria al acuerdo que el tribunal presenta”, planteó.

Aunque máxima convocatoria no significa unanimidad, Guevara defendió la idea con fe: “No es unanimidad. Pero significa garantizar la más alta concurrencia. Tengo la expectativa de que en muchos de los puntos debiéramos llegar a una concurrencia completa”.

El otro abogado que figura como ministro titular es Mauricio Oviedo González, quien estudió en la Universidad de Concepción y dedicó su tesis al área del bosque nativo. Trabajó en el Serviu de la Región del Maule, donde ejerció como contralor interno y, antes, en el Servicio de Evaluación Ambiental. Trabajó asimismo en el Departamento Jurídico de la Municipalidad de San Javier, con el gobernador de la provincia de Linares, Pedro Pablo Fernández (DC).

Marcelo Hernández Rojas es ingeniero forestal por la Universidad de Talca y fue director del Indap desde 2014 a 2016 en la Región de Aysén.

Los ministros suplentes de este Tribunal Ambiental son el abogado Cristián Delpiano y el doctor en Ciencias Naturales Fabrizio Queirolo.

Todos ellos tendrán la misión de poner una lápida o dar luz verde al proyecto que se convertirá en una verdadera primera prueba ambiental para Sebastián Piñera, casi tanto como lo fue Barrancones, en su anterior administración. Piñera ha sido cuestionado por los vínculos económicos con el proyecto y también porque uno de los accionistas más importantes (con un 75%) es la familia Délano Méndez, de Carlos Alberto Délano, amigo personal del actual Presidente electo. Un 14% de Andes Iron pertenece a la familia Garcés Silva y 11% a otros ejecutivos de la compañía.

Carlos Alberto Délano

La cercanía entre el Gobierno de Piñera y el proyecto también se vio manchada en medio del caso Penta. El año 2010, el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, le escribió un correo a Pedro Ducci, vicepresidente de proyectos mineros de Andes Iron, con las siguientes líneas: «Acá estamos para servirlos», una situación que puso de manifiesto la Fiscalía, sobre todo por el cuestionado pago de $42 millones de parte del grupo Penta a Wagner.

Expectación por el acuerdo

La idea de una “conciliación” fue la apuesta del Tribunal Ambiental luego de haber revisado una serie de antecedentes y haber visitado en terreno el sector donde se llevaría a cabo Dominga, La Higuera, en Coquimbo.

El sector es de una alta diversidad. De hecho, la organización Oceana describe que en 1998 apenas 995 turistas fueron a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, ubicada justo frente a Punta de Choros, y en 2015 el número se disparó a 53.294. “Un estudio de Sernatur identifica esta zona como una de las áreas silvestres protegidas propicias para el desarrollo del turismo sustentable, por su gran belleza escénica y por ser un lugar privilegiado para el avistamiento de cetáceos, mamíferos marinos y avifauna”, señala la organización en su web. Y agrega: “En La Higuera habitan distintas aves marinas como el pingüino de Humboldt y el yunco; mamíferos como la nutria de mar, más conocida por los lugareños como ‘chungungo’, además de diversas variedades de peces, moluscos, algas y muchas otras especies que conforman este excepcional ecosistema , una de las áreas de mayor biodiversidad marina del país”.

La conciliación tiene en vilo a todo ese ecosistema.

La audiencia de conciliación está fijada para el 14 de marzo (de 14:00 a 15:00 horas en el tribunal) –y se puede extender hasta los días 15 y 16–. Después de ese tiempo se puede llegar a acuerdo total o parcial. Ese cara a cara es entre la empresa Andes Iron y el SEA, que en representación del Comité de Ministros debe defender la última decisión de este, es decir, rechazar el proyecto.

El tema es que el Gobierno de Sebastián Piñera habrá asumido tres días antes y el temor estriba en quién formará parte del SEA cuando llegue el día de ese proceso.

¿Cuáles son los escenarios posibles? Si se arriba a acuerdo, se definen los pasos a seguir sobre la base de las etapas de la conciliación, pero, si no, el camino tiene una salida clara y queda en manos del mismo tribunal: este dictaría sentencia antes del 30 de marzo. En caso de que votara en contra de la última decisión del Comité de Ministros, el Primer Tribunal Ambiental daría luz verde a Dominga.

Si es que las partes no están de acuerdo, pueden recurrir a la Corte Suprema como última instancia, aunque hay quienes participan en el proceso que creen que la etapa de conciliación podría tener buen final, sobre todo porque la conversación directa con comunidades detractoras del proyecto queda fuera.

Daniel Guevara, hace unos días, se refirió así a esta etapa: “Cautelándose el bien jurídico protegido ambiental, si las partes llegan a un entendimiento, a un acuerdo que permita garantizar las condiciones de la controversia, el acta de conciliación tiene equivalente jurisdiccional de sentencia firme y ejecutoriada”.

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