Es una de las primeras medidas que se espera del nuevo Gobierno de Sebastián Piñera
Todos los ojos están puestos en el día 12 de marzo. Los anuncios que hará el actual Presidente electo Sebastián Piñera van desde políticas públicas, una reformulación al sistema de Inteligencia del país, hasta una profunda transformación en Carabineros, institución que vive una de las peores crisis de credibilidad de su historia, a raíz del megafraude que ya suma más de $20 mil millones y las acusaciones de manipulación de pruebas en el marco de la Ley Antiterrorista. La primera medida, la señal política clave, sería la remoción del general director Bruno Villalobos, consensúan desde todos los sectores políticos. El problema para la dupla Chadwick-Ubilla es que cambiar a Villalobos –conocido como el general de Bachelet– implica la difícil tarea de encontrar un nombre de confianza del Gobierno, con piso interno en la institución, calificado y con experiencia operativa. El gran temor es que tal designación podría ser a tientas o a ciegas.
La crisis que vive Carabineros de Chile, luego de que se conociera el millonario desfalco producido al fisco, que involucraría movimientos ilegales de dinero por más 26 mil millones de pesos; y del fracaso de la Operación Huracán, que hoy tiene en conflicto al Ministerio Público, la PDI y Carabineros, hace que la reestructuración de dicha institución y de la fórmula aplicada para el sistema de inteligencia del país, sea un incendio descontrolado que el próximo Gobierno de Sebastián Piñera debe apagar.
De la mano con los cabecillas del Ministerio del Interior, el ministro Andrés Chadwick y el subsecretario –recién nombrado– Rodrigo Ubilla (RN), el hoy Presidente electo deberá encaminar un proceso de reformulación de Carabineros, una reforma de “cirugía mayor”, que necesita de la oposición y de un “pacto nacional” para poder ser sacada adelante.
Es en este contexto que, desde distintos sectores políticos, tanto de Chile Vamos como la Nueva Mayoría, han señalado que es necesario reformular el alto mando de la policía uniformada, que implica sacar el general Bruno Villalobos, una tarea que fue esquivada por la actual administración de Gobierno.
Todos apuntan a la línea que tomará la dupla Chadwick-Ubilla, si se centrará en la pauta discursiva de la protección a las víctimas y lograr una medida efectiva para detener a los responsables de los atentados en La Araucanía o si apuntará a un proceso más profundo, y menos “populista”, que avance más allá de la arista judicial del conflicto.
Tanto Ubilla como Chadwick se han referido escuetamente al tema. Más allá de las críticas a la forma en que el Gobierno de Michelle Bachelet ha abordado el conflicto entre la Fiscalía y Carabineros, el futuro ministro Chadwick aseguró que la polémica está “dejando a las víctimas en total abandono y a los responsables de acciones terroristas en completa impunidad».
Por otra parte, tras el despliegue de la Operación Huracán en septiembre de 2017, Ubilla defendió a rajatabla la labor de la institución. “La inteligencia de Carabineros, después de un intenso y valorable trabajo, logró recolectar pruebas contundentes que llevaron a los tribunales de justicia a determinar la prisión preventiva para un grupo de personas, en el marco de la denominada Operación Huracán”, planteó en una columna publicada en La Tercera. Además, en la misma línea penalista de Chadwick, señaló que “la invocación de la Ley Antiterrorista es lo único que cabe ante hechos que en cualquier parte del mundo son considerados terrorismo”.
En las últimas semanas, las presiones por la salida del alto mando de Carabineros se han trasladado desde el actual Gobierno de Bachelet hacia el Mandatario electo, Sebastián Piñera. Y no vienen solo desde el mundo político sino también desde los actores involucrados en el conflicto en La Araucanía.
La dirigencia de la CAM ha sido enfática a la hora de pedir la remoción de las autoridades de Carabineros en la localidad. Desde el gremio de camioneros –que en distintas ocasiones ha respaldado a Piñera– también piden la salida de Villalobos. José Villagrán, dirigente de la Federación de Camioneros del Sur, plantea que “lo mínimo que tiene que hacer el Presidente electo es que, a contar de la segunda semana, haya una renovación total del alto mando de Carabineros, también de la PDI”.
Desde el Frente Amplio (FA) también siguen la línea de la remoción del general Villalobos. “Si de verdad Sebastián Piñera quiere dar una señal de responsabilidad política y transparencia con nuestras instituciones, debería pedir el primer día de su Gobierno la renuncia al general director de Carabineros, Bruno Villalobos”, señaló la diputada electa Claudia Mix (PP).
No cabe duda de que el único consenso, tanto en los personeros del próximo Gobierno como en la futura oposición, es que la cabeza de Bruno Villalobos debe rodar. Desde Palacio explican que una de las principales complicaciones para poder sacar al actual jefe de Carabineros radica en que la única forma de cambiar en esta etapa del Gobierno a la mayor autoridad de la institución, era logrando un acuerdo con la futura administración gubernamental, idea que nunca alcanzó un consenso. Un requisito más que difícil, entendiendo que Sebastián Piñera no querría iniciar su mandato con un pacto de “unión” junto a la Presidenta Bachelet. El Mandatario electo no le entregaría en “bandeja de plata” ese triunfo a la Nueva Mayoría, ni la sacaría de la crisis en la que actualmente está al final de su administración, aseguran desde Chile Vamos.
Ahora, sacar al general Bruno Villalobos, con toda su planta de altos mandos, no es una acción sencilla para el Gobierno venidero y los encargados del Ministerio del Interior, Chadwick y Ubilla. Y es que el cargo de general director de Carabineros debe contar con la venia y la confianza del Ejecutivo y, particularmente, del Presidente. Una tarea difícil, ya que, si son removidos los altos mandos de la institución, los nombres para asumir la reestructuración son de oficialidades jóvenes, que no cuentan con la experticia ni cercanía con la nueva Moneda, como sí la tiene Villalobos con el Gobierno de Michelle Bachelet.
Cabe recordar que la relación de Bruno Villalobos con La Moneda, y principalmente con la Presidenta Bachelet, se forjó durante años y proviene desde el primer mandato de la actual Jefa de Estado.
[cita tipo=»destaque»]Por otra parte, aseguran que tanto el fracaso como la forma de desplegarse en la Operación Huracán dan cuenta de la incapacidad de Carabineros para desarrollar inteligencia, ya sea por falta de experticia en el área o por la constante rotación de efectivos en la unidad de inteligencia de la institución. Además, la pugna entre la PDI y Carabineros también influiría en la decadencia del sistema de inteligencia, ya que el enfrentamiento constante entre las dos policías no permite que la ANI cumpla su rol y cruce las informaciones de ambas instituciones en materia de inteligencia, lo que sería fundamental para poder generar operaciones efectivas.[/cita]
Es por esta razón que el reemplazo del general director es una de las tareas más complejas para la administración de Interior, aseguran desde la derecha. Una misión que además deberá ser acompañada de una reformulación interna que necesita de un acuerdo del Gobierno de Chile Vamos con la futura oposición, tarea difícil de sacar adelante, si aún no está clara la dirección que tomará la próxima administración gubernamental respecto a la crisis de Carabineros y el conflicto en La Araucanía, apunta el diputado Leonardo Soto (PS).
El parlamentario hace hincapié en que aún no se conoce el diagnóstico del Gobierno, no hay una claridad respecto a si se va a centrar en la línea de la defensa de la propiedad privada, se alineará con el gremio de los camioneros y las forestales en la zona, o “apuntará a una línea que busque asegurar y proteger a todos los chilenos respecto al fenómeno de la delincuencia, y no solamente proteger a los transportistas, que es la mirada que ha mostrado el Gobierno”, indica el diputado.
Soto agrega que, como futura oposición, “estamos disponibles a buscar una reforma consensuada, profunda y estructural, pero si el Gobierno quiere entregarle más atribuciones invasivas a las libertades individuales de las personas, facultades para intervenir la vida social, o darle más recursos sin controles, sin fiscalización y más transparencia a Carabineros, estará equivocando el camino, y ahí la oposición no los va a apoyar”.
Con el fin de encaminar una definición ante la crisis que vive Carabineros y las distintas inteligencias, principalmente las de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Sebastián Piñera propuso una serie de medidas para apaciguar el complejo momento político e institucional.
El Presidente electo manifestó que es necesario “tomar medidas muy profundas”, tanto para mejorar la “coordinación entre policías, fiscales y jueces” como para “generar una profunda modernización administrativa y operativa de Carabineros y de la Policía de Investigaciones”. Entre las medidas que anunció el futuro Mandatario, destacan la “reformulación” al Sistema Nacional de Inteligencia y la modernización de la Ley Antiterrorista.
En cuanto a las atribuciones de las policías, enfatizó la implementación de entregas vigiladas, los testigos protegidos y la figura del informante, las que no están incluidas en causas de terrorismo. Además, en su programa de gobierno figura la instancia para la implementación de una auditoría contable externa en Carabineros, una señal que apuntaría directamente a la crisis proveniente del millonario fraude de la policía uniformada.
Medidas genéricas que, según el diputado Soto aún no logran vislumbrar la línea que tendrá el futuro Gobierno para darle solución a la crisis. Afirma que Piñera “se equivoca” al plantear una reforma a la Ley de Inteligencia o Antiterrorista, “porque Carabineros no está calificado para afrontar ninguna de las dos dimensiones, si es que no hace cambios a nivel administrativo, financiero y operativo policial”. Agrega que “no puede haber ni un peso más adicional para Carabineros de Chile, ni ninguna atribución adicional, mientras no haya una reformulación profunda y sistémica que revierta el problema crónico que presenta sobre todo en gestión policial”.
Por otra parte, la diputada electa Claudia Mix, del Partido Poder, puntualiza que “la reforma profunda a Carabineros pasa por tener, en primer lugar, solo un escalafón de grados, permitiendo acceder a los altos mandos a quien demuestre vocación y compromiso, no importando su origen humilde”.
Respecto al rol de la ANI, cercanos a esta institución de inteligencia aseguran que no es necesario reformular el servicio, que el problema proviene directamente de las presiones políticas a las que está sometida, razón por la cual sus directores, incluido Gustavo Villalobos –nombrado por Bachelet en 2014– aplican una especie de autocensura, que no les permite desarrollar todas las atribuciones que el servicio tiene, las que incluyen la citación del Comité de Inteligencia, uno de los cambios anunciados por Piñera que ya contiene la Ley de Inteligencia.
Por otra parte, aseguran que tanto el fracaso como la forma de desplegarse en la Operación Huracán dan cuenta de la incapacidad de Carabineros para desarrollar inteligencia, ya sea por falta de experticia en el área o por la constante rotación de efectivos en la unidad de inteligencia de la institución. Además, la pugna entre la PDI y Carabineros también influiría en la decadencia del sistema de inteligencia, ya que el enfrentamiento constante entre las dos policías no permite que la ANI cumpla su rol y cruce las informaciones de ambas instituciones en materia de inteligencia, lo que sería fundamental para poder generar operaciones efectivas.
Una mirada bastante distante de la que tienen desde el mundo parlamentario. El diputado Soto sostiene que “la ANI requiere una reforma profunda (…). En consecuencia, sin duda es una institución que ha perdido la brújula”. La diputada Mix va más allá y señala que la ANI debe desaparecer, “basta de criminalizar, no hay amenazas internas”, al tiempo que agrega que las instituciones de inteligencia en Chile “solo sirven y han servido para proteger los intereses de los poderosos de este país, no para defender a la gente común de los abusos”.
