Comuneros involucrados en el caso piden que La Moneda asuma la responsabilidad política
Ha sido una semana agitada en La Moneda, el cambio de giro en una estrategia que defendió férreamente la labor de Carabineros fue modificada y hasta se interpuso una querella en contra de los responsables por la manipulación de pruebas en la Operación Huracán. Es en este contexto que el general Villalobos llamó a retiro a los funcionarios involucrados en la operación, pero que ejercían funciones en La Araucanía, sin tocar a los altos mandos –entre estos, al general Gonzalo Blu, que es el jefe nacional de inteligencia y que abrió los primeros fuegos en contra del Ministerio Público–, una jugada que es criticada desde distintos sectores políticos, incluida la Nueva Mayoría.
Esta semana La Moneda corría contrarreloj, las esquirlas de la Operación Huracán debían ser controladas antes de que la Presidenta Michelle Bachelet volviera de sus vacaciones, esto con el fin de terminar en los mejores términos posibles el segundo mandato de la Presidenta. Tarea compleja, más aún cuando el fuego cruzado entre el Ministerio Público y Carabineros no lograba ser apagado y empañó, una vez más, el antes “pasivo” mes de febrero.
Es en el marco de esta nueva estrategia, que apuntaría directamente a acotar las responsabilidades en las autoridades de la policía uniformada y de la Fiscalía en la zona, que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, anunció el “llamado a retiro” del general Marcelo Teuber, el mayor Patricio Marín, el capitán Leonardo Osses, además de la desvinculación del informático y creador del software “Antorcha”, Álex Smith. Todos involucrados en la Operación Huracán y que cumplían funciones en la denominada “macrozona” del conflicto Mapuche. La decisión se enmarcaría, según Villalobos, en una orden emanada desde La Moneda y habría sido conocida con anterioridad por el ministro del Interior, Mario Fernández.
Aunque Villalobos aseguró que esta decisión respondía a la investigación llevada adelante por el general Julio Pineda, agregó que es una respuesta “administrativa”, haciendo hincapié en que la investigación judicial corre por un carril distinto, «aquí tenemos una verdad administrativa y una verdad jurídica”, indicó. El alto mando institucional intentó poner paños fríos a la pugna que mantienen con el organismo persecutor y acotó que «este es un caso puntual que involucra a personal de una Fiscalía con personal nuestro de Carabineros de inteligencia, no es un problema de la institución, al contrario, es un caso que está focalizado en una investigación de las más de mil quinientas diligencias que hacemos a diario con el Ministerio Público».
Una jugada que se enmarca en una estrategia completamente distinta, desde el Ministerio del Interior y Carabineros, a la adoptada las semanas anteriores por la Operación Huracán. Por un lado, se intentó mover el foco de conflicto hacia Santiago; la solicitud la había realizado Marisa Navarrete, abogada de siete carabineros involucrados en el caso. Petición a la cual la Fiscalía se había mostrado contraria, alegando que los hechos investigados ocurrieron en La Araucanía. Pero la tarde de este jueves el Tribunal de Garantía de Temuco se declaró competente para conocer la causa por presunto montaje de pruebas en el marco de la Operación Huracán.
Un revés que también afectaría a La Moneda, toda vez que durante la semana el vocero de Gobierno (s), Omar Jara, señaló que se necesitaba un organismo «imparcial y suficientemente calificado» que realice los peritajes para dirimir la controversia entre Carabineros y la Fiscalía. Esto, luego que el Ministerio del Interior interviniera directamente en el ámbito judicial de la Operación Huracán y anunciara la apelación al sobreseimiento de la causa, además de presentar un recurso de queja en contra de Juzgado de Garantía que había sellado la misma. Además de anunciar que harían “una presentación ante el Fiscal Nacional Jorge Abbott, sobre las situaciones acaecidas en la tramitación de este asunto».
[cita tipo=»destaque»]Las críticas a esta falta de responsabilidades de parte de la alta dirección de Carabineros, vino desde el mismo oficialismo: el diputado Leonardo Soto (PS). El parlamentario hizo hincapié respecto a si “la responsabilidad llega solo” hasta los funcionarios llamados a retiro, y puso énfasis en por qué “¿el Jefe de la Dipolcar (Gonzalo Blu), que acusó a Ministerio Público, se mantiene. Bruno Villalobos le debe una explicación inmensa al país”, arremetió.[/cita]
Para poder calmar los ánimos entre Carabineros y el Ministerio Público, y durante la misma semana en que el general Julio Pineda daba un cierre parcial a la investigación interna que llevaba en Carabineros, el Gobierno presentó una querella en contra de quienes resulten responsables de la presunta manipulación de pruebas, en el marco de la cuestionada operación. Una señal que fue bien vista desde el sector de la Fiscalía. Además, este jueves, el abogado de la cartera del Interior, Matías Moya, sostuvo –en una entrevista en el diario La Segunda– que «está claro que los informes (de Carabineros) tendrían anomalías». Pero Moya también se dirigió al órgano persecutor y calificó de «incomprensible» la actitud de los fiscales involucrados en el caso, al tiempo que criticó la decisión de decretar secreto sobre todos los antecedentes. Igualmente denunció que la carpeta que recibieron estaba incompleta.
Una de las principales dudas que quedan tras la jugada del general director de Carabineros, es la falta de responsabilidad institucional a nivel nacional en la institución, principalmente porque todos los funcionarios llamados a retiro son de La Araucanía. Marcelo Teuber es quien tenía el más alto rango, ya que había sido ascendido a general tras el éxito de la Operación Huracán.
Uno de los nombres que se esperaba que fuera llamado a retiro es el de quien encabeza la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), general inspector Gonzalo Blu. Uno de los principales defensores de la Operación Huracán, y que apuntó directamente al Ministerio Público. «El Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar miedo”, indicó Blu a fines de enero, cuando anunció un sumario interno en la policía uniformada.
Pero fue más allá y señaló que «nosotros mantenemos inalterable la convicción respecto de la seriedad de los antecedentes que involucran a los imputados. Más aún, y como fruto de la investigación, han aparecido otros implicados, como ayudistas, encubridores y financistas».
Las críticas a esta falta de responsabilidades de parte de la alta dirección de Carabineros, vino desde el mismo oficialismo: el diputado Leonardo Soto (PS). El parlamentario hizo hincapié respecto a si “la responsabilidad llega solo” hasta los funcionarios llamados a retiro, y puso énfasis en por qué “¿el Jefe de la Dipolcar (Gonzalo Blu), que acusó a Ministerio Público, se mantiene. Bruno Villalobos le debe una explicación inmensa al país”, arremetió.
Sin lugar a dudas, “La Moneda y Carabineros quieren reducir el conflicto al territorio de La Araucanía”, indicó un parlamentario de la zona, lo que quedó en evidencia en la función que cumplieron los funcionarios llamados a retiro por parte de Villalobos.
El oficial de más alto rango que salió de la institución –como se indicó– es el general Marcelo Teuber.Hasta hace poco, era el coronel a cargo de la U.I.O.E de Temuco, una unidad nueva en la institución, creada por Villalobos y encargada de abordar “de manera especial” los atentados que ocurren en la macrozona definida como “en conflicto”, que incluye a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. En la prensa se destacó que, tras la realización de la Operación Huracán, ya se habría logrado frustrar tres ataques incendiarios, mientras era dirigida por Gonzalo Blu. En enero de este año, Teuber fue ascendido a general, debido al “éxito” de la señalada operación.
Otro de los funcionarios llamados a retiro es el mayor Patricio Marín, miembro de la unidad de inteligencia de Carabineros, especializada en la zona. Específicamente en la Operación Huracán, fue miembro del equipo de peritos de inteligencia que habría extraído la información de la evidencia incautada en los operativos. Marín es quien habría recibido los primeros cuestionamientos a los datos recabados. Uno de los persecutores que dio testimonio en la investigación, aseveró que le señaló a Marín que en su experiencia “de perito, ese archivo .txt no corresponde a un archivo de WhatsApp”, a lo que el mayor le habría contestado que “estaba en el teléfono”. Además, Patricio Marín contaría con un cuestionado historial de pruebas en distintas causas en La Araucanía, que irían desde declaraciones irregulares hasta el recordado caso del infiltrado de Carabineros en comunidades mapuche, Raúl Castro Antipán.
Finalmente se encuentra el capitán y jefe de inteligencia de Malleco, Leonardo Osses Sandoval, acusado por manipulación de evidencias en el caso que lleva el fiscal Luis Arroyo, y que además habría tenido un intercambio de correos con Álex Smith, creador de la aplicación “Antorcha”, que también fue desvinculado de la institución.
Según una publicación de Ciper, Osses habría enviado el mismo día de la incautación de pruebas en la Operación Huracán distintos archivos con conversaciones entre Héctor Llaitul, líder de la CAM, y otros comuneros implicados en la causa. Una prueba que habría sido clave, según cercanos a La Moneda, para que se desatara una nueva estrategia, con el fin de poner un cortafuegos a las esquirlas que ha dejado la controvertida operación.
El llamado a retiro de estos funcionarios es a todas luces “insuficiente”, plantean parlamentarios del Frente Amplio, del oficialismo y los propios comuneros involucrados en la Operación Huracán.
Durante la tarde de este jueves, Héctor Llaitul, líder de la CAM, detenido en el marco de la Operación Huracán, recalcó que “las policías no se mandan solas” y, en tal sentido, añadió que “el Gobierno no tiene la seriedad ni la altura de miras de reconocer un error”. Por otra parte, desde el Frente Amplio, la diputada electa Gael Yeomans (IL), quien había solicitado la remoción del general director de Carabineros, afirmó que esta señal no les “parece que sea suficiente. No hay ningún gesto político que vaya dirigido a asumir responsabilidades políticas, por eso pedimos la renuncia del general Villalobos y que Mahmud Aleuy asumiera su responsabilidades. Lo que se da hasta ahora es tratar de cortar por el hilo delgado, sin asumir responsabilidades políticas, ni de los altos mandos de Carabineros”, apuntó.
Desde el oficialismo, el diputado Leonardo Soto indicó que “es positivo que por primera vez, en varias semanas, Carabineros de Chile reconozca, a través de esta decisión, que hay irregularidades en el trabajo de inteligencia desarrollado en torno a la denominada Operación Huracán”, y recalca que “es siempre sano que se aplique el principio de responsabilidad en el mando. Ahora bien, me parece igual insuficiente”.
Soto agregó que es preocupante que “no se den mayores explicaciones de qué hicieron o no hicieron estos funcionarios y de dónde surge su responsabilidad y los incumplimientos a sus deberes policiales (…). No sabemos nada”. Finalmente, señaló que “la pregunta que nos hacemos es por qué la responsabilidad llega solo a ese nivel y no se extiende al general Gonzalo Blu, que es el jefe nacional de inteligencia, que avaló el trabajo de Teuber y este grupo de oficiales. Y no tan solo eso, sino que a través de sus declaraciones inició el enfrentamiento entre Carabineros y el Ministerio Público. Resulta incomprensible que la responsabilidad llegue a este nivel y no se extienda al general Gonzalo Blu”, recalcó.
