«En este caso poco sorprenden las cosas que ocurren», sostiene el abogado querellante por la Fundación Ciudadano Inteligente en el caso SQM.
Mauricio Daza, abogado querellante por la Fundación Ciudadano Inteligente en el caso SQM, se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones que confirmó la suspensión condicional de la causa por cohecho que enfrentaba la empresa SQM como persona jurídica.
«Ya resulta claro que hay un esfuerzo orquestado al interior del Ministerio Público para poner término rápido a todas las causas que involucran financiamiento ilegal y el pago de sobornos y que, además, afectan a empresas -hablamos de Penta y SQM- y a distintos dirigentes políticos de todos los sectores», sostuvo en Radio Cooperativa.
«En este caso poco sorprenden las cosas que ocurren (…) se dejó a firme la oferta hecha por el fiscal Pablo Gómez a SQM, la cual consideramos que es bastante impresentable», agregó Daza.
«Lo que hizo la Corte de Apelaciones de Santiago fue básicamente señalar que a los Tribunales de Justicia no les corresponde analizar el fondo o mérito de los acuerdos a los cuales llega el Ministerio Público con imputados en los procesos penales en los cuales está el Ministerio Público investigando», acotó el abogado.
«No se ve que haya una voluntad de investigar de manera seria, completa y profunda esta red de corrupción que se ha denunciado y que habría operado la minera SQM desde hace varias décadas a partir del financiamiento ilegal, incluso de coimas, a los personeros políticos de todos los sectores. En cambio, lo que se opta es por cerrar esta causa, a mi juicio, de manera apurada, sin hacer una investigación profunda y esto, además, a partir del pago por parte de la empresa de un monto (900 millones a beneficio fiscal y otros 1.650 millones para fundaciones) que es absurdo, es una pena de bagatela para esta empresa, que corresponde a una fracción de lo que realiza en términos de operaciones al día», señaló.
Para el abogado querellante por la Fundación Ciudadano Inteligente en el caso SQM lo ocurrido envía «una señal muy negativa hacia el empresariado, pues se le dice ‘soborna a altas autoridades de la República e, incluso, usted llega eventualmente a ser descubierto, no hay problema, porque usted una suma de bagatela en relación a las utilidades que obtiene y va a quedar esto en nada’. Se garantiza impunidad», sentenció el abogado de Ciudadano Inteligente.
