El objetivo: conocer los antecedentes y ejercer los derechos procesales que la ley otorga
Esto, luego que la vocera (s) del Ministerio Público, Patricia Muñoz, acusara una «inactividad evidente y manifiesta» por parte de la cartera dirigida por Mario Fernández (DC) en la causa.
“El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en su calidad de querellante (desde el 15 de enero de 2018) en la causa por supuesta red de protección vinculada a la denominada “Operación Huracán”, solicitó al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, el levantamiento del secreto de todas las piezas de la investigación”, informó el gobierno a través de un comunicado.
«El objetivo de esta presentación es poder conocer los antecedentes y ejercer los derechos procesales que la ley otorga», agrega el documento elaborado por la cartera dirigida por Mario Fernández (DC).
Más temprano, la vocera (s) del Ministerio Público, Patricia Muñoz, acusó una «inactividad evidente y manifiesta» de parte del gobierno.
«No se ha recibido aún la petición del gobierno al fiscal nacional, por lo tanto no tenemos posibilidad de pronunciarnos», dijo en entrevista con Radio Universo.
«En relación al actuar negligente, la verdad que lo que hicieron los fiscales y también los defensores, probablemente de manera mucho más vehemente que los fiscales, fue dar cuenta más bien de las actividades procesales que correspondía realizar a uno de los intervinientes, en este caso al querellante, y que no habían sido ejecutadas conforme la ley establece», reparó.
Esto, luego de la acusación de actuar «negligente» de parte de los abogados de la intendencia hecha por los fiscales de alta complejidad en la audiencia de la semana pasada en donde los imputados de la causa fueron sobreseídos.
«Se trata de falta de información acerca del estado de la causa, falta de conocimiento acerca del secreto, la inactividad en relación a pedir que se levantara el secreto. Ahí me interesa puntualizar algo: yo como fiscal puedo decretar el secreto de una investigación, pero si hay querellante en la causa, el querellante podría solicitar al tribunal que ese secreto se levantara. Esas actividades no fueron realizadas por el Ejecutivo», agregó.
En esa misma línea, el juez del tribunal de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, comentó el viernes pasado: «Nada impedía a la intendencia regional, en su calidad de querellante, solicitar el alzamiento del secreto, durante todo el lapso de la investigación, lo que nunca realizó».
«Consecuencialmente no podrá reabrirse la investigación por no haberse solicitado diligencias en tiempo oportuno», concluyó.
