El abogado y ex embajador Roberto Mayorga elaboró el escrito que lo acusa de transgredir la Constitución.
Un grupo de personas tratan de evitar que se concrete la propuesta del persecutor para terminar el caso más grande de financiamiento irregular de la política en una multa para la empresa y no en un juicio por el delito de cohecho. La salida alternartiva se sumaría a la que se le propuso hoy al senador Ivan Moreira involucrado en el caso Penta
Un grupo de denunciantes encabezados por el abogado y ex embajador Roberto Mayorga presentará en los próximos días una petición al Fiscal Nacional Jorge Abbott para que remueva del Ministerio Público al fiscal del caso SQM, Pablo Gómez.
La denuncia, que firman también el abogado Mauricio Daza y el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago Juan Pablo de la Torre, se refiere a la propuesta que a comienzos de enero detalló el fiscal Gómez, respecto a ofrecer una salida alternativa en el caso donde se investiga a la minera SQM por cohecho, a partir del financiamiento irregular a más de 160 personas ligadas a la política.
La acusación se basa en que Gomez habría vulnerado la Constitución al ofrecer una multa para la empresa en vez de llegar a juicio.
La denuncia detalla que «recientemente, en forma pública, el Fiscal Gómez ha señalado que conforme al artículo 8 de la citada ley 20.393 ofrecerá una salida alternativa a SOQUIMICH, dejando sin efecto el juicio que se le ha seguido, reemplazándolo por el mero pago de una multa.Lo anterior es una flagrante vulneración a la Constitución que, sobre la materia, no autoriza salida alternativa de ninguna especie. En efecto, imperativamente expresa:
Artículo 19: “La Constitución asegura a todas las personas”. “N.21. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al Orden Público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”.
A continuación la denuncia explica por qué alude al orden público que está consagrado en la Carta Fundamental
«Cuando en la materia hay más de 160 individuos imputados y/o formalizados por delitos relacionados con el financiamiento ilegal de la política y/o cohecho, todos o casi todos ellos vinculados directa o indirectamente al Congreso Nacional o al Gobierno, esto es, delitos que implican conductas contrarias a deberes y responsabilidades constitucionales y legales de sus autores, evidentemente se ha vulnerado el referido Orden Público, tanto por dichos individuos como por la sociedad que los ha cohechado o financiado ilegalmente», detallan.
«Recordemos que el concepto de Orden Público nos ilustra que éste está conformado por el “conjunto de normas, reglas y principios que regulan el armónico funcionamiento de la sociedad”. ¿No es más que obvio que al comprarse la conciencia de altos personeros vinculados directa o indirectamente al Congreso y al Ejecutivo, para servir intereses particulares y no los intereses del Estado, se ha pervertido el mencionado “armónico funcionamiento de la sociedad”, esto es, el orden público?», se preguntan los denunciantes.
El escrito será presentado al Fiscal Nacional una vez concluida la visita del Papa Francisco. De todas maneras deberá concretarse antes del 26 de enero cuando está contemplada la audiencia para acordar esta salida alternativa.
