La PSU es un sistema “poco sano, emocionalmente” para estudiantes, según especialista
En el sistema de educación superior existen 80 instituciones que hoy se mueven en un limbo, que son parte de un desequilibrio del sistema desregulado, que permite la existencia de universidades y de aquellos IP y CFT que no lograron el visto bueno de la Comisión Nacional de Acreditación o que, simplemente, nunca han intentado pasar por el proceso de certificación público. Un hoyo negro que busca ser saldado en la actual reforma a la educación superior, que tiene como objetivo hacer obligatoria la acreditación para las IES. Desde la CNA señalan que, bajo estos cambios, si las instituciones no logran acreditarse, correrán el peligro de cerrar.
El proceso de selección de las instituciones de educación superior puede ser un verdadero vía crucis para los estudiantes, jóvenes en su mayoría de 17 o 18 años, que se ven enfrentados a tomar una decisión que puede resultar una tortura. A la angustia por obtener el puntaje deseado, se suma una serie de procesos que deben tener en cuenta a la hora de escoger la institución en la que estudiarán su carrera universitaria, el sistema de ranking, la gratuidad, así como la calidad y valoración de las instituciones, son ítems fundamentales según los especialistas.
A juicio de la especialista en educación de Fundación Crea, Marjorie Cuello, el sistema de acceso a la educación superior en Chile “es un proceso sumamente estresante para el estudiante, sobre todo aquel que viene de sectores más vulnerables, al que se le convence de que todo su futuro se juega en esas 48 horas. Creo que es poco sano, emocionalmente”, recalca.
El sistema de selección vía PSU este año demostró, una vez más, las desigualdades del sistema educacional chileno. La prueba fue dada por casi 262 mil personas, se obtuvieron 151 puntajes nacionales, de los cuales 116 pertenecen a colegios particulares pagados (76%), 15 son particulares subvencionados y 20 municipales. Según datos de la Universidad Católica, solo un 0,1% de los que rindieron la prueba obtuvieron 800 puntos y un 30,5% no obtuvo los 450 puntos para postular al sistema único de admisión.
Para Cuello el sistema de acceso y la PSU, principalmente, generan un sistema educativo basado en la competitividad y en el entrenamiento para que los estudiantes puedan rendir de la mejor manera. “No sería curioso encontrarnos con que los colegios con mayor puntaje PSU sean precisamente aquellos que centran todo su proceso educativo en estas pruebas y en ensayos para superarlas, en desmedro del aprendizaje significativo”, señala. Y agrega que, si fuera madre, “pensaría dos veces antes de matricular a mi hijo en un colegio con excelentes resultados en pruebas estandarizadas o, al menos, preguntaría cuál es la dinámica o modalidad para lograr aquellos indicadores. Creo que a costa de la salud mental y el pensamiento crítico, no es un buen augurio”.
Tras el debate educacional de los últimos años, nacido a partir del estallido estudiantil de 2011, se logró concluir que la herramienta de la PSU no es la más idónea para medir los conocimientos y aptitudes de los estudiantes, razón por la que la Reforma al Sistema de Educación Superior determina que debe cambiarse por otro modelo, el cual aún no ha sido elaborado. En opinión de Cuello, la PSU “es un sistema de selección en base a criterios estandarizados que no consideran la peculiaridad de los estudiantes, de sus contextos sociales, económicos o educativos”, pero se han creado “políticas de acceso que logran disminuir los efectos de los criterios de selección del sistema nacional, como lo son los propedéuticos y el programa PACE”. Según la experta, “estas son las políticas que deben guiar una transformación que pueda pasar de la selección a un sistema de acceso integral”.
En este contexto de estrés para los estudiantes y sus familias, con la promesa de la educación superior, particularmente la universitaria, como modelo de superación social y mejora económica para los estudiantes y su núcleo familiar, la calidad de las instituciones se vuelve un aspecto preponderante, que muchas veces no cuenta con la publicidad necesaria desde los organismos institucionales.
Desde la Comisión Nacional de Acreditación son enfáticos en señalar que es relevante el grado de acreditación de las instituciones de Educación Superior. En tal sentido, afirman que el hecho de que existan instituciones que no están obligadas a acreditarse para poder funcionar es un problema del actual sistema, el cual busca ser solucionado en la reforma a la ESUP que se encuentra hoy en el Congreso, aunque existen sectores, principalmente entre parlamentarios de derecha, que se han mostrado reacios a extender la obligatoriedad de la acreditación para las instituciones.
En un paneo de consulta abierta, realizado por El Mostrador en la feria del postulante de la Pontificia Universidad Católica y la feria universitaria realizada en Estación Mapocho, que integra a decenas de instituciones de educación superior, acreditadas y no acreditadas, se comprobó que la mayoría de sus asistentes conoce la relevancia de que una institución esté acreditada, aunque no saben en detalle el funcionamiento del sistema, ni tampoco que las ayudas y beneficios estudiantiles entregados por el Estado dependen directamente de que la universidad, IP o CFT estén acreditados; por ejemplo, para que una institución pueda ofrecer el beneficio de la gratuidad, debe contar con al menos cuatro años de acreditación.
Si miramos la realidad de la acreditación en Chile, hasta el año 2017, 1.246.930 estudiantes se encuentran matriculados en Instituciones de Educación Superior (IES); de estos, un 59% estudia en Universidades, un 30% en Institutos Profesionales y un 11% en Centros de Formación Técnica. Según la CNA, 9 de cada 10 estudiantes actualmente están matriculados en IES acreditadas.
Según la última edición del informe “Barómetro de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior”, elaborado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), del total de instituciones existentes en Chile, el 90% se encuentra acreditada, un 6% entró al sistema pero no logró la acreditación, y un 4% nunca se ha sometido al proceso de acreditación, por lo que están fuera del sistema. Entre las universidades, un 94% se encuentra acreditada, un 5% no se acreditó, y un 1% no ha ingresado al proceso de acreditación. Por otra parte, de los CFT, un 89% está acreditado, un 6% no lo está y un 5% nunca ha intentado acreditarse. Finalmente, un 85% de los Institutos Profesionales se encuentra acreditado por la CNA, un 8% no logró terminar el proceso y un 7% nunca ha ingresado al sistema de acreditación.
Las instituciones acreditadas con 7 años, el máximo grado de acreditación, son las universidades de Chile y de Concepción, junto cone la Pontificia Universidad Católica, además del IP Duoc UC, estas instituciones representan sólo un 2% de la oferta institucional, pero concentran el 16% de la matrícula total en 2017. En contraste, las instituciones no acreditadas y fuera de sistema suman un total de 80 instituciones, lo que representa un tercio de la oferta, y concentran el 10% de la matrícula.
Paula Beale, secretaria ejecutiva de la CNA, explica que la acreditación no es permanente, requiere revisiones periódicas de la forma de operación y los resultados de la docencia que imparte cada institución. “Para acreditar en el primer tramo (2-3 años), se requiere que la institución muestre consistencia general entre la misión y propósitos declarados, al menos en el corto plazo. Si esta misma misión y propósitos orientan en forma evidente el desarrollo actual y futuro de la institución en el mediano plazo, y se ve consistencia entre su gestión y sus resultados, ya se está en condiciones de aspirar al segundo tramo (4-5). Quienes están en el último tramo (6-7 años) son aquellos que han integrado ya la cultura del mejoramiento continuo tanto en su docencia como en su gestión, incorporando también una productiva vinculación con la comunidad en que se desempeña, investigación y docencia de postgrado”.
Pero el caso de las universidades cerradas o en proceso de cierre de los últimos años, como la Universidad del Mar, la Universidad Arcis o la Iberoamericana, han demostrado que la mera acreditación no es sinónimo de calidad o sustentabilidad del proyecto educacional, ya que, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología obtuvo, en 2016, dos años de certificación pública para funcionar, un sello que les dio confianza a muchos estudiantes para matricularse en dicha institución, y que hoy ven cómo su universidad se halla en proceso de cierre, es más, existen casos de estudiantes de la Universidad del Mar que en su proceso de reubicación escogieron a la Iberoamericana para terminar sus estudios, se matricularon confiando en la certificación de la CNA y del mismo Ministerio de Educación, y hoy reviven el mismo calvario que pasaron hace unos años.
En el sistema de educación superior existen 80 instituciones que hoy se mueven en un limbo, que son parte de un desequilibrio del sistema desregulado, que permite la existencia de IES que no lograron acreditarse por la CNA o que, simplemente, nunca han intentado pasar por el proceso.
[cita tipo=»destaque»]Según la secretaria ejecutiva de la CNA, Paula Beale, es muy relevante que las instituciones que escojan los estudiantes estén acreditadas, porque puede ser que aquellas que no lograron la certificación, o nunca han postulado, hagan que “esté en riesgo o que los conocimientos, habilidades, capacidades, competencias que esté adquiriendo o la forma en que se los estén transmitiendo no sea la más pertinente y ello pudiera impactar en su desempeño laboral posterior. Además, no tendrá acceso a becas y créditos de origen estatal”.[/cita]
Entre las universidades no acreditadas se encuentran la Bolivariana, UNIACC, del Pacífico, La República, Miguel de Cervantes, Pedro de Valdivia, SEK y UCINF. Entre las instituciones que nunca se han sometido al proceso de acreditación se cuentan las universidades Chileno Británica de Cultura, Aconcagua y Los Leones. Las nuevas universidades del Estado, de O’Higgins y Aysén, se hallan bajo la tutela de la Universidad de Chile.
Universidades no acreditadas según informe “Barómetro de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior” del segundo semestre de 2017.
En el ítem de los IP y CFT, este número de instituciones aumenta considerablemente. Son 31 los CFT sin acreditación y 25 los IP, entre los que destacan los CFT ICEL, Barros Arana, Manpower. Entre los 25 IP se encuentran el IP Vertical y Los Leones. Además, entre las instituciones que nunca se han sometido al proceso de evaluación, se observa una serie de instituciones de Defensa Nacional, entre ellas, Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, la Escuela de Carabineros de Chile del General Carlos Ibáñez del Campo, y la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile.
Los IP y CFT no acreditados según informe “Barómetro de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior” del segundo semestre de 2017.
Pero no solo las instituciones pueden no estar acreditadas. Por ley existen dos carreras que obligatoriamente deberían estar acreditadas por la CNA, Medicina y Pedagogía, pero, aún así, un tercio de la oferta total de carreras de Pedagogía (530 programas) se encuentra “no acreditada y/o fuera de sistema”, un panorama muy distinto al de las carreras de Medicina, ya que solo un programa, de los 24 que existen en el país, se encuentra sin acreditación, que es el perteneciente a la nueva Universidad de O’Higgins y que se halla en proceso para lograr su acreditación.
Según la secretaria ejecutiva de la CNA, Paula Beale, es muy relevante que las instituciones que escojan los estudiantes estén acreditadas, porque puede ser que aquellas que no lograron la certificación, o nunca han postulado, hagan que “esté en riesgo o que los conocimientos, habilidades, capacidades, competencias que esté adquiriendo o la forma en que se los estén transmitiendo no sea la más pertinente y ello pudiera impactar en su desempeño laboral posterior. Además, no tendrá acceso a becas y créditos de origen estatal”.
Agrega que “mientras la acreditación no sea obligatoria, las instituciones pueden tomar sus propias decisiones al respecto y están en su derecho legal si deciden no presentarse a esta evaluación. Si se aprueba la acreditación obligatoria de las instituciones, propuesta en la reforma que está actualmente en trámite, las instituciones que no se acrediten tendrán que cerrar”.
Actualmente, la información sobre las acreditaciones es pública en el sitio web de la Comisión Nacional de Acreditación; asimismo, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación cuentan con líneas de ayuda para los estudiantes, además de un puesto en la feria del postulante ubicada en la Estación Mapocho. Sin embargo, la principal responsabilidad de entregar información respecto al tema sigue estando en los colegios y liceos.
