El titular de justicia alude a su repudio a los violadores de derechos humanos
Los dichos del secretario de Estado sobre Punta Peuco se suman a otros comentarios en materia de derechos humanos por los que el gobierno ha tenido que salir a contextualizar sus palabras o a dar explicaciones. Incluso, el primer episodio ocurrió tan sólo un día después de su arribo al ministerio.
Luego que el ministro de Justicia, Jaime Campos, pusiera en duda el compromiso adquirido por la Presidenta Michelle Bachelet de cerrar Punta Peuco, este jueves el secretario de Estado hizo envío de una carta a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos para darles a conocer sus explicaciones.
«¿Alguien ha escuchado decir a la Presidenta que va a cerrar Punta Peuco? Yo no (…) Yo lo único que sé es que una señora -Carmen Gloria Quintana, víctima del caso Quemados- dijo que había hablado con la Presidenta de la República y la Presidenta le había dicho (que iba a cerrar Punta Peuco), y el resto han sido puras interpretaciones», estas fueron las palabras de Campos, luego que se le consultara sobre los compromisos de la mandataria en cuanto al cierre del penal donde se encuentran recluidos violadores de los derechos humanos, lo que provocó la indignación de Gloria Quintana, quien salió a desmentir al ministro.
«Desmentir a este señor se me hace un deber ético. Señalo los siguientes hechos, que como tales son indesmentibles y no corrresponden en absoluto a una versión periodística de fuentes inciertas. Es un hecho de conocimiento público que tuve una reunión con la Presidenta de la República. Despues de dicha reunión, a los pocos minutos hice un punto de prensa en el mismo palacio de La Moneda, en la que hice público lo que me manisfestara la Presidenta respecto a su deseo de cerrar el penal de Punta Peuco», precisó Quintana esta mañana.
Además, junto con los familiares de detenidos desaparecidos, algunos parlamentarios salieron a pedir la renuncia del jefe de Justicia. «Creo que el ministro de Justicia debe dar un paso al costado, creo que lo que ha hecho es inaudito para un Gobierno que sin duda defiende y promueve los derechos humanos», dijo el diputado comunista, Hugo Gutierrez.
Esto repercutió en el ministro e hizo que durante esta jornada enviara una carta a Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
«En relación con vuestra carta de hoy, me permito reiterarle a Ud. y a la Agrupación que preside lo que ayer declaré a los medios de comunicación y que invariablemente he manifestado durante el año en que me he desempeñado como Ministro de Justicia y Derechos Humanos», comienza el escrito.
«Si bien es una materia de gran interés y preocupación en este Ministerio, a la fecha el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet no ha adoptado ninguna resolución en torno al cierre del Penal de Punta Peuco. Como Uds. bien saben, el Poder Ejecutivo actúa a través de los actos administrativos que ejecuta y, hasta este momento, no conozco ninguno que dé cuenta de lo anteriormente dicho. Luego, salvo que me compelan a faltar a la verdad, no puedo dar como ciertos hechos que no han ocurrido y menos aún determinar términos que no se han fijado», explicó.
Asimismo en la misiva consigna que «lo precedentemente indicado no implica desconocer, dudar o ratificar compromisos de ninguna especie y de nadie, como, tampoco, relativizar la política del actual Gobierno sobre ese tema, dado que sólo soy un ejecutor de la misma; sino que, consultado, simplemente he procurado objetivar o precisar lo que al día de hoy acontece, por mucho que los medios de comunicación anhelen anticiparse y conocer tiempos ciertos. En consecuencia, no advierto donde puede estar la supuesta contradicción denunciada».
Además Campos expresó que «cuando se adopte una providencia definitiva sobre el particular, oportunamente será informada a la ciudadanía, y tengan la certeza que este Ministerio y sus Servicios serán parte activa de ella. Sin embargo, como Uds. comprenderán, por su naturaleza, ésta no es una cuestión que resolverá unilateral y exclusivamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos».
Y finalmente aclaró que «jamás me he manifestado a favor de la mantención de cárceles especiales de criminales de lesa humanidad, sino que siempre he abogado por la segregación penitenciaria en razón de otros factores criminógenos», y que «en cuanto a los horrendos crímenes que detallan, debo indicarles que ellos han merecido y merecen mi irrestricto repudio, rechazo y condena, respeto a sus víctimas, y sólo deseo que, dentro del Estado de Derecho, nuestros Tribunales de Justicia apliquen la ley como corresponde, puesto que sólo así se fortalece nuestra Democracia y se impide que hechos tan deleznables vuelvan a ocurrir. Cualquier otra interpretación de mis dichos y actuaciones contradice mis más íntimas convicciones».
Cabe recordar que esta no es la primera vez que el ministro genera polémica tras sus dichos, donde luego debe salir a ofrecer explicaciones poniendo en una incómoda situación al Gobierno. El primer episodio ocurrió tan sólo un día después de su arribo al ministerio.
