El envío de contaminantes a Chile no fue un problema en la dictadura de Pinochet.
Más de 20 mil toneladas de residuos tóxicos provenientes de la minera sueca Boliden Metall fueron internadas por Arica entre 1984 y 1989 por la empresa chilena Promel.
Rolf Svedberg, ex gerente de asuntos ambientales de empresa sueca que mandó a Chile residuos tóxicos, recuerda que el envío de contaminantes a Chile no fue un problema en la dictadura de Pinochet.
El Convenio de Basilea, que prohíbe tales exportaciones, entró en vigor solo en 1992, y la autoridad de conservación de la naturaleza de Suecia tampoco presentó objeciones.
La idea era que los residuos tóxicos fueran tratados para recuperar oro y plata. Sin embargo, la firma nacional nunca realizó dicho trabajo y abandonó los residuos en un lugar donde años más tarde se construirían cinco villas para 12 mil personas.
Una parte importante de los habitantes de ese sector presentó síntomas de intoxicación por metales. Producto de lo anterior, en 1997 los desechos fueron trasladados a una quebrada.
Diez años más tarde, la Corte Suprema determinó que Promel y sus socios debían reparar el daño y el Estado indemnizar a las 365 personas que participaron en la demanda con $8 millones para cada una.
De forma paralela, abogados del estudio jurídico Fima (Fiscalía del Medio Ambiente) acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La empresa ya no existe, pero subsiste su responsabilidad”, dijo entonces Rodrigo Pérez, abogado de la entidad.
Este martes, comenzó un juicio por el caso en Suecia, país de origen de los residuos tóxicos.
Johan Öberg, quien representa a 796 demandantes chilenos, ha estado trabajando en el caso junto a sus colegas suecos y el Centro de Derecho Ambiental Defensor de los EE.UU. (EDLC), con quienes ha recolectado más de 10,000 páginas de evidencia.
Él describe la exportación de entonces como «ilegal y legalmente criminal». Los médicos tenían que tratar cada vez más niños debido a las enfermedades del tracto respiratorio, el daño esquelético, la parálisis y el daño al sistema nervioso central. Como asimismo, abortos involuntarios, malformaciones y cáncer.
«Boliden sabía lo que estaban haciendo y cerró los ojos», advierte el abogado.
Los afectados exigen una compensación monetaria por cerca de $7.500 millones.
