El 2013 fue presidente regional del partido de Chile Vamos
Daniel Guevara se ha movido de un lugar a otro. Fue simpatizante DC, seremi de Bienes Nacionales por Antofagasta bajo el mandato de Ricardo Lagos y dos veces candidato a parlamentario por Renovación Nacional. Es el más político de los jueces que tendrán en sus manos resolver uno de los mayores dolores de cabeza para La Moneda.
“Yo a lo mejor no tengo el lustre noticioso del señor (Alejandro) Guillier, pero sí te puedo decir que a mí no me designaron entre cuatro paredes como a él, que lo eligieron las cúpulas políticas en Santiago (…). El candidato de la UDI fue designado por las cúpulas políticas”.
De esta manera, en 2013, el abogado Daniel Guevara Cortés se refería a su candidatura al Senado cuando postulaba en el pacto de RN. En ese entonces, Guevara era presidente regional del partido de Chile Vamos. Y este era su segundo intento por llegar al Congreso. Antes, había sido candidato a la Cámara de Diputados como independiente en un cupo RN.
Su postulación en 2005 no estuvo libre de roces. Guevara, entre 1998 y 2002, durante en el Gobierno de Ricardo Lagos, fue seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta y, antes, abogado asesor en el Ministerio de Hacienda.
Hasta 2005 fue simpatizante de la Democracia Cristiana y, a instancias de Carlos Cantero, se fue al partido de derecha, donde al principio fue recibido con cautela a causa de su domicilio político anterior. Sin embargo, Guevara llegó a presidente regional de la colectividad, logrando notoriedad cuando en 2013 impugnó en el Tricel la candidatura al Senado de Luciano Cruz-Coke, por no haber renunciado al Gobierno en el plazo que estipula la ley.
Daniel Guevara, de 45 años, anglicano, aficionado al montañismo y a la guitarra clásica, es desde el 29 de junio –cuando juró ante la Corte Suprema– uno de los cinco integrantes del Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta. El juzgado tiene jurisdicción desde la Primera a la Cuarta regiones y, como tal, es el que tendrá que resolver la apelación que presentarán los gestores del proyecto minero Dominga, en la Tercera Región.
El proyecto fue rechazado por el comité de ministros conformado para este efecto y el tribunal es la última instancia para revertir la decisión.
Guevara, apodado “el Che Guevara” por sus compañeros en la Universidad de Valparaíso, es el más político de todos los integrantes. El tribunal se compone de dos ministros titulares, abogados, y un tercero que es un científico, más dos ministros suplentes, que no tienen dedicación exclusiva y entre los que se cuenta otro científico, además de un abogado.
El otro abogado que figura como ministro titular es Mauricio Oviedo González. Oviedo estudió en la Universidad de Concepción y dedicó su tesis al área del bosque nativo. Trabajó en el Servicio de Evaluación Ambiental y, antes, en el Serviu de la Región del Maule, donde ejerció como contralor interno. Antes laboró al frente del departamento jurídico de la Municipalidad de San Javier, con el actual gobernador de la provincia de Linares, Pedro Pablo Fernández, militante DC.
Respecto al otro ministro, Marcelo Hernández Rojas, es ingeniero forestal de la Universidad de Talca. Fue director del Indap desde 2014 a 2016 en la Región de Aysén.
[cita tipo=»destaque»]Hasta 2005 fue simpatizante de la Democracia Cristiana y, a instancias de Carlos Cantero, se fue al partido de derecha, donde al principio fue recibido con cautela a causa de su domicilio político anterior. Sin embargo, Guevara llegó a presidente regional de la colectividad, logrando notoriedad cuando en 2013 impugnó en el Tricel la candidatura al Senado de Luciano Cruz-Coke, por no haber renunciado al Gobierno en el plazo que estipula la ley.[/cita]
Entre los ministros suplentes está el abogado Cristián Delpiano Lira, egresado de la Universidad Diego Portales y con un magíster en la Universidad de Salamanca. Delpiano, quien, como suplente, no tiene dedicación exclusiva, trabaja en un centro vinculado a la Universidad Católica del Norte, que monitorea el uso de recursos naturales.
Por último, entre los suplentes, está el doctor en química Fabrizio Queirolo, quien es un respetado académico de la misma universidad, gracias a los proyectos Conicyt en que ha participado y las publicaciones internacionales que llevan su nombre.
Una mezcla de integrantes más politizados que otros, que no dan cuenta del retardo que tuvo la implementación del tribunal: la ley que dio luz verde a esta institucionalidad es de 2012 y en Antofagasta debió estar operativa en 2013.
Pero tardó prácticamente cuatro años en estar listo. El mecanismo legal es que la Corte Suprema, donde el proyecto de nuevos tribunales fue recibido con algo de cautela, envíe quinas de nombres para cada cupo y luego la Presidenta decida y los envíe al Senado para su aprobación final.
Desde 2014, la Corte envió una serie de nombres, pero en La Moneda existen dos versiones: una, que el nivel de los profesionales propuestos era muy bajo y, otra, que costó mucho encontrar gente sin inhabilidades.
Ambas versiones coinciden en que la decisión de los nombres que fueron al Senado pasó por Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de la Presidenta y ex ministra de Medio Ambiente. Los otros tribunales, en Santiago y Valdivia, llevan meses funcionando y en caso de que este asunto no se hubiera resuelto, el tribunal encargado de ver el caso de Dominga habría sido el de Santiago, donde el presidente es Rafael Asenjo.
De cualquier forma, los pasos de Dominga para presentar la apelación no parecen muy holgados. Aunque en la compañía esperan el fallo oficial con la resolución del comité de ministros, que podría tardar varias semanas en estar disponible, ya trabajan con el abogado Patricio Leyton –del estudio Ferrada Nehme– en una estrategia que incluirá la decisión del SEA, que luego de años de discusión y evaluación aprobó el proyecto. Esto, además del apoyo que la minera tiene en la zona. La idea es que el asunto se resuelva en este Gobierno y no en el período que eventualmente le pueda tocar a Sebastián Piñera, sabiendo que su familia tuvo intereses en dicho proyecto.
