Peña dispara duro contra el TC por audiencias masivas por el aborto: «No puede ejercer un derecho de manera torcida y errónea»

En su más reciente columna, el rector de la UDP, Carlos Peña, analizó lo ocurrido en los últimos días en el Tribunal Constitucional, que se caracterizó varias audiencias en las que diversas personas y organización expusieron sus puntos de vista con respecto al aborto.

En primer lugar, el abogado recordó que «fue, en efecto, el Tribunal el que decidió convocar estas audiencias. Tenía derecho a hacerlo, por supuesto; pero se puede ejercer un derecho de manera torcida o errónea (…) Como en este caso».

Luego, planteó las siguientes preguntas: «¿En qué sentido los intereses de las oenegés, de los creyentes, de los sindicatos, los alegatos del pastor Soto, el planteamiento de la vocera del bus de la libertad o de los creyentes del aborto libre, de los candidatos, de Beatriz Sánchez, de José Antonio Kast, podrían contribuir al discernimiento que debía llevar a cabo el tribunal? ¿Acaso el Tribunal no debía juzgar si la regla aprobada en el Congreso es admisible a la luz de la Constitución?».

Con respecto a las razones para realizar estas audiencias, argumentó que «una, que el Tribunal haya estado movido por la creencia de que los puntos de vista mayoritarios de esos grupos le ayudarían a discernir el problema; otra, que los asaltara el temor de que, si no los oían, los acecharía la impopularidad». Y agregó: «Pero ambas razones son indignas de un Tribunal Constitucional y, en vez de fortalecerlo, lo debilitan».

Luego, Peña dio a conocer con mayor profundidad su punto de vista y lanzó: «Aunque la unanimidad de las oenegés, sindicatos, iglesias y universidades (suponiendo que los miembros de las oenegés, los socios de los sindicatos, los fieles de las iglesias y los académicos de las universidades tengan opiniones uniformes) esté a favor o en contra del aborto, ello no debiera significar nada a un Tribunal Constitucional consciente del papel que está llamado a cumplir. Porque -vale la pena reiterar- lo que al Tribunal corresponde no es averiguar lo que la mayoría considera correcto, sino si acaso lo que la mayoría piensa es correcto a la luz de las reglas constitucionales», consigna El Mercurio.

Y añade: «Y todo eso que constituye el deber fundamental de un Tribunal Constitucional -al que los ciudadanos le han confiado custodiar las reglas constitucionales- se ve perjudicado por esa amalgama de ciudadanos y organizaciones que tienen ímpetu, intereses, fervores, prejuicios y memoria; pero carecen de las razones que los jueces constitucionales tienen el deber de considerar».