Durante su intervención este viernes en la cuenta anual de la Pontificia Univesidad Católica, el rector de la casa de estudios, Ignacio Sánchez, reafirmó la postura que ha mantenido la casa de estudios frente a la eventual aprobación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en caso de violación, peligro de vida de la madre e inviabilidad del feto.
Es así, como de manera enfática afirmó que los centros asistenciales que dependen de la institución se reservarán frente a estos casos el derecho a la objeción de conciencia.
«En esta institución no vamos a realizar abortos, eso es definitivo y es final, no vamos a realizar abortos», dijo Sánchez, citado por el portal Emol.
Y es que a su juicio «no es posible que el Estado obligue a las instituciones a contratar personas que hagan abortos, eso no lo vamos a hacer».
También indicó que si la ley entra en vigor y llega una paciente a solicitarlo, «lo que vamos a hacer es derivar de manera segura a la paciente a otro centro de salud», ya que «no hay personas disponibles aquí, y si no hay personas disponibles, se trasladarán a otro lugar».
A su juicio ese traslado no pondrá en riesgo la vida de la afectada ya que «cuando la vida está en riesgo se hace el acto médico, sin importar las condiciones (…) lo que estoy hablando es cuando, voluntariamente y en forma electiva, alguien nos solicita esa prestación, lo vamos a derivar a la Posta Central, que está a tres minutos, o a otro hospital que está cerca».
Finalmente Ignacio Sánchez instó al Ejecutivo y al Parlamento que se amplíe en el proyecto la objeción de conciencia, para que ésta no recaiga sólo en el médico.»Es completamente discriminatorio no valorar la objeción de conciencia para el equipo de salud ¿Cuál es la razón para que un anastesiólogo, para que una enfermera o una arsenalera no tenga derecho a tener objeción de conciencia?», se preguntó.
