Fiscalía duda que pueda comprobarse la veracidad de dichos documentos
Dos de los principales imputados, oficiales dados de baja, lograron con sus declaraciones sobre el mal uso de gastos reservados que se abriera una investigación por el supuesto pago de sobresueldos a los altos mandos y a la ex subsecretaria de Carabineros y actual consejera del CDE. Entre las pruebas que están en poder de la Fiscalía hay dos planillas que contienen nóminas con personas asociadas a diversos montos en dinero. Más allá del documento, en La Moneda aseguran que en el caso que se haya hecho un pago a Blanco, la abogada de confianza de Bachelet ya no tendría margen. El punto está en que quienes aseguran que las planillas son veraces, han accedido solo fotografías de las mismas, que no dan cuenta de su legitimidad. En el entorno de Bruno Villalobos, sospechan de una estrategia diversionista de la defensa de los imputados para distraer la atención y obtener ganancias secundarias.
La investigación sobre el fraude en Carabineros se divide en dos. Por un lado, la indagatoria que lleva adelante el equipo que encabeza el fiscal Eugenio Campos en torno a los 21 mil millones de pesos defraudados y a los 36 imputados que están en prisión preventiva. Y, por otro, la investigación sobre eventual pago de sobresueldos a través de gastos reservados que reveló uno de los cabecillas de la mafia, el ex general (I) Flavio Echeverría y que está siendo investigado por la Fiscal Macarena Cañas. Tanto en un caso como en el otro, los secretos y los engaños, abundan.
En el caso seguido por la fiscal Cañas, la sola declaración de Echeverría, realizada durante las primeras semanas de mayo, en orden a que “solo el 40% de los gastos reservados se usaba conforme a la ley”, abrió una seguidilla de especulaciones que apuntaban a que este caso podría ser incluso más grande que el mismo fraude y, de paso, restó presión al propio Echeverría, que es defendido por el estudio del que forma parte el ex Fiscal Regional Sur, Alejandro Peña, recordado por su apabullante derrota en el denominado Caso Bombas. Al día siguiente de la declaración de Echeverría, fue el turno del coronel Jaime Paz Meneses, quien confirmó los dichos. Este ex oficial es apuntado como la “mano derecha” del ex director de Finanzas y también cumple prisión preventiva.
Ambos imputados, en una declaración anterior con el fiscal Campos, habían entregado antecedentes en una planilla Excel donde aparecían nombres de altos oficiales asociados a supuestos pagos, eventuales sobresueldos, desde fondos para gastos reservados. Paz Meneses entregó dos listas, una de febrero de 2007 y otra de diciembre de 2009. En ambas aparecen 62 personas y entre estos altos oficiales, como el actual general director Bruno Villalobos, aparece también Javiera Blanco, ex subsecretaria de Carabineros y actual abogada consejera del CDE.
A partir de estos datos se abrió la causa que dirige la fiscal Cañas y en cuyo contexto volvió a interrogar a ambos oficiales. Paralelamente, durante la misma semana del 15 de mayo, el general Villalobos negó que tuviera conocimiento del mal uso de gastos reservados y explicó que solo se recibe un “certificado de buena inversión” y no el detalle con el que fue difundida esta nómina. En una línea similar y antes que el referido general director, el coronel en retiro Marcelo Zúñiga negó, en declaraciones a The Clinic, que su firma, que presuntamente aparece en la lista de 2007, sea fidedigna. “Ese documento no lo elaboré yo”, aseguró.
Como se sabe, la investigación de este caso es secreta. Pero el viernes 23 de mayo se difundió parte de la declaración de Echeverría, donde aseveró el mal uso de los gastos reservados. En la noche, una nota de Canal 13 fue la primera en mostrar en pantalla fotografías de los presuntos listados.
Al día siguiente, circuló entre varias personas ligadas a medios de comunicación una información vía WhatsApp, en la que se aseguraba la salida del general Villalobos junto a 15 generales a partir de agosto. La cadena incluía el nombre del sucesor de Villalobos y afirmaba –citando supuesta «información interna institucional»– que «todos estos movimientos se darán en el contexto de los gastos reservados de sobresueldos otorgados a los Generales». Además, una imagen fue difundida ese día como promoción de un presunto reportaje especial de Canal 13 (aunque la imagen tenía el logo de Mega), donde se anunciaba una declaración de Echeverría que involucraba a Javiera Blanco en el fraude. La promoción claramente era falsa y no se emitió reportaje alguno.
[cita tipo=»destaque»]Fuentes consultadas al interior de La Moneda aseguran que, más allá de la veracidad que específicamente puedan tener estos papeles que han estado circulando en la prensa, existe la impresión de que el uso de los gastos reservados podría ser efectivo, lo que, de probarse, afectaría a todos los beneficiados y también a Javiera Blanco, si está entre ellos.[/cita]
Seis días después, una segunda lista, esta vez de diciembre de 2009, se publicó nuevamente en formato de pantallazos fotográficos, pero esta vez por radio ADN. La fuente –según el medio– era la oficina del diputado Hugo Gutiérrez, hasta donde habría llegado un sobre anónimo con las imágenes.
El 31 de mayo, el abogado del general Echeverría, José Luis Andrés, del estudio del ex fiscal Peña, reiteró la versión del mal uso de los gastos reservados y confirmó que dicha información fue entregada por su representado al Ministerio Público, al tiempo que aseguró que la versión del general director, negando este hecho, no era efectiva: «Las declaraciones de Villalobos están teñidas del interés que tiene de desacreditarlo para que no se le dé crédito al mal uso de los gastos reservados».
Si bien fuentes de la oficina del diputado Gutiérrez afirman que el pago de gastos reservados estaría acreditado y que la famosa lista es fidedigna, lo cierto es que desde la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados confirman que lo único que tienen, respecto a las misteriosas planillas Excel, son las mismas fotografías que se han dado a conocer por los medios y añaden que nunca han tenido acceso a documentos de mayor estándar probatorio. En las fotografías se aprecia que el ex general director, Eduardo Gordon, habría recibido $1.410.000 y el general Bruno Villalobos, entonces jefe de la Dipolcar (unidad de inteligencia), $412.000.
El abogado del general Villalobos, Jorge Parra, asegura que “no tenemos ningún antecedente de la existencia real de dicha planilla, debido a que la investigación tiene carácter de reservada. Pero, de acuerdo a los antecedentes que han circulado, ponemos en duda que exista un documento propiamente tal y, por tanto, restamos crédito a su veracidad. Nuestra posición es que esto responde a una estrategia de la defensa de estos delincuentes para obtener una ganancia procesal secundaria y distraer la atención», señala sobre el documento.
El que sí tendría en su poder las famosas planillas Excel es el Ministerio Público, pero fuentes de este organismo ligadas a la investigación, en la que trabaja también la Policía de Investigaciones, señalaron a El Mostrador que, sin descartar la existencia de sobresueldos por vía de gastos reservados, estos documentos en particular no han podido «verificar su veracidad de manera que pueda ser admitida como una prueba judicial».
De todas formas, estas nóminas fueron el insumo principal del abogado y ex carabinero, Claudio Cofré, para presentar una querella por «malversación de caudales públicos, asociación ilícita y falsedad» contra quienes resulten responsables y, específicamente, contra un grupo de 58 personas que aparecen en la planilla de diciembre de 2009, entre ellas, Bruno Villalobos y Javiera Blanco.
«La normativa en Carabineros es tan detallista, que todos los movimientos, para ser justificados, se escriben, se detallan. De esta manera la planilla viene de la Dirección de Finanzas y fue entregada en el contexto de la cooperación eficaz de los imputados», puntualiza el abogado, quien ha actuado en otros casos polémicos.
Según argumenta Cofré en la acción legal, «entre 2009 y 2017 se han sustraído 10 mil millones a partir del uso para sobresueldos de los gastos reservados, gastos de representación y gastos de ‘navegación terrestre naval y aérea'». En el texto recibido por el tribunal, pero sobre el cual no está resuelta su admisibilidad al cierre de esta nota, se solicita que el Ministerio Público pida los «certificados de buena inversión» de los gastos reservados y el respaldo de los gastos de representación, que –de acuerdo al querellante– en varios casos serían falsos.
En la nómina que está citada en la querella aparece la ex ministra Blanco asociada a un pago de $500 mil pesos.
Fuentes consultadas al interior de La Moneda aseguran que, más allá de la veracidad que específicamente puedan tener estos papeles que han estado circulando en la prensa, existe la impresión de que el uso de los gastos reservados podría ser efectivo, lo que, de probarse, afectaría a todos los beneficiados y también a Javiera Blanco.
El último gran escándalo de gastos reservados partió en noviembre de 2002, cuando el ex ministro de Ricardo Lagos, Carlos Cruz, reconoció que algunas autoridades, ministros incluidos, recibían sobresueldos en dinero efectivo. Desde esa época se han tomado diversas medidas para prevenir las malas prácticas, por lo que –conforme a fuentes conocedoras del tema– resulta extraño que hubiese un documento oficial que detalle los gastos reservados tal como aparecen en las mencionadas planillas. En el caso de Carabineros, este dinero se entrega para operaciones específicas, como pago de informantes en el contexto de causas por narcotráfico u otras similares, por lo que sería contradictorio con la naturaleza de su fin que se lleve un registro como el que ha sido difundido.
«En los gastos reservados opera lo que se conoce como ‘principio regalista’ que es el atributo de un funcionario que tiene competencia para resolver de manera privada cosas que involucren un egreso fiscal. La planilla no es garantía de veracidad oficial. Los gastos fiscales son refrendados en una glosa y el egreso fundamentado en un papel. El gasto reservado se salta esta última regla. No están detallados como los demás», indica un abogado que conoce del caso, pero que prefiere mantener reserva.
