Además de varias medidas, una de las propuestas es la presentación de un proyecto de ley «que obligue a quienes aspiran a dirigir los destinos del país y a los candidatos al Congreso a transparentar todos sus intereses comerciales y financieros, prohibiéndoles mantener inversiones en paraísos fiscales».
Las turbulencias que vivió el Partido Socialista tras revelarse que había realizado inversiones en empresas como SQM, Pampa Calichera y Aguas Andinas, llevó a la tienda a establecer «un nuevo modelo de administración de nuestro patrimonio».
A través de un comunicado, la tienda oficialista informó que, por instrucciones de su nueva Mesa Directiva, «se ha procedido a la actualización del mandato especial de administración de valores a la entidad financiera que administra su patrimonio. Como hemos señalado anteriormente, los recursos sólo pueden ser destinados a instrumentos de renta fija del Banco Central, instrumentos de deuda pública, depósitos a plazo u otros instrumentos de renta fija».
Para tal efecto anunció un paquete de medidas que, asegura, constituyen «un salto en nuestras autoexigencias» y cuya implementación ya le fue instruida al administrador general del partido.
La primera es el establecimiento de «un modelo diversificado y transparente, con instrucciones precisas respecto a las áreas en las que el administrador no podrá invertir. En este marco, ratificamos como principios de actuación los de protección de los derechos de los trabajadores, el cuidado del medio ambiente y la promoción de la probidad y la transparencia».
Asimismo, considerando que «el PS debe cuidar los recursos partidarios y lo hará con el máximo rigor ético» y que al mismo tiempo «hemos sido evaluados favorablemente en todas las mediciones como uno de los partidos con los más altos estándares de transparencia», se resolvió extender «la obligatoriedad para todos los miembros del Comité Central y Presidentes Regionales de realizar declaración de patrimonio e intereses, las que serán públicas».
Y la tercera medida es la presentación de «un proyecto de ley que establezca la responsabilidad penal de los partidos políticos, sancionando con castigos políticos, electorales y penales los incumplimientos. Quienes violen las leyes de financiamiento no podrán acceder a privilegios procesales -por ejemplo, suspensión del procedimiento- a fin de eludir sus responsabilidades».
«Asimismo, propondremos un proyecto de ley que obligue a quienes aspiran a dirigir los destinos del país y a los candidatos al Congreso a transparentar todos sus intereses comerciales y financieros, prohibiéndoles mantener inversiones en paraísos fiscales», agregó, en un punto que alude a la situación del ex presidente y candidato presidencial de la derecha Sebastián Piñera.
Finalmente, el PS aseguró que «en el orden interno, pondremos en marcha un plan de fortalecimiento organizacional, para elevar los estándares de democracia interna, lo que incluye la modernización de las formas de participación, incorporando nuevas tecnologías que faciliten la interacción con nuestros militantes, y un plan de sedes para el funcionamiento adecuado del Partido en las regiones».
