«Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan, más pensión reciben», sostuvo el abogado Nelson Caucoto.
Los presos por violaciones a los derechos humanos que se encuentran en Punta Peuco no sólo gozan de los privilegios que trae consigo estar recluido en ese recinto penitenciario, condición que algunos catalogaron de «cárcel de 5 estrellas», sino también siguen recibiendo sus altas pensiones, las que llegan hasta los $3,2 millones, con un promedio de $1.618.459.
La jubilación más alta la tiene el ex fiscal militar Fernando Torres Silva ($3.254.853), mientras que Miguel Krassnoff recibe $2.489.658 cada mes, consigna La Tercera.
Torres Silva cumple una pena de 10 años de presidio por el homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos. En tanto, el ex brigadier del Ejército e integrante de la brigada Lautaro de la DINA, Miguel Krassnoff, tiene una sentencia acumulada de 500 años de presidio por diversos delitos.
Solo 13 de las 95 pensiones se encuentran suspendidas.
«El hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión. El tema va por otro lado: cómo este país no tiene en cuenta un sistema de degradación. Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan, más pensión reciben», sostiene al respecto el abogado Nelson Caucoto.
Dice no estar de acuerdo con un posible retiro de este beneficio ya que «significa castigar a su familia y la familia es distinta al sujeto. No se puede culpar a los cónyuges y a sus hijos».
En tanto, Raúl Meza, abogado que representa a un grupo de reos, indicó que se trata de «un derecho adquirido durante el tiempo que permanecieron en el Ejército en calidad de funcionarios públicos, cumpliendo al término de sus funciones con todos los requisitos que establece la ley».
