Recordó las multas que la compañía ha tenido en los últimos seis años
«La última venta que se hizo de las acciones del Estado, en el Gobierno de Sebastián Piñera, a privados, supuestamente iba para mejorar el servicio, para incentivar la inversión, y eso no se hizo. Lo estamos viendo concretamente», afirmó la parlamentaria.
La diputada del PC Camila Vallejo abordó el problema del abastecimiento de agua potable en la Región Metropolitana, a partir de los eventos climáticos que han generado cortes masivos al menos tres veces en el lapso de un año, generando cuestionamientos sobre la eficiencia de los planes de inversión que la empresa dice estar implementando desde el año de 2000 para prevenir estas situaciones.
«Yo evaluaría, y lo digo con toda responsabilidad, no se trata si el Estado administra mejor o si el privado administra mejor, superando ese debate que puede ser ideológico, o en relación con elementos de experiencia concreta: la concesión de Aguas Andinas, yo revisaría si corresponde darle continuidad o no», dijo la parlamentaria.
Vallejo justificó su afirmación en el hecho de que la empresa «según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ha tenido más de 18 multas desde 2010 a la fecha. La mayoría relacionadas con cortes o mala calidad del servicio. Entonces, el fin último, que es cumplir con las obligaciones y deberes de una concesión, que tiene que ver con la provisión de agua potable, no se está cumpliendo. Llueve un poquito y se corta el agua y tenemos turbiedad que muchos relacionan con el proyecto Alto Maipo», afirmó.
La diputada explicó que «más allá de eso, las millonarias utilidades de la empresa no se reflejan en un plan de inversión. La última venta que se hizo de las acciones del Estado, en el Gobierno de Sebastián Piñera, a privados, supuestamente iban para mejorar el servicio, para incentivar la inversión, y eso no se hizo. Lo estamos viendo concretamente», recordó.
Según Vallejo, «las reglas del juego están fijadas y cuando se vende a privados es bajo ciertas exigencias, porque administran un servicio público fundamental, como es el abastecimiento de agua potable de toda una región. Por lo tanto, la ley ya le da responsabilidades y, ante el incumplimiento, hay multas. Uno puede decir si son suficientes o no son suficientes. Pero las reglas del juego están fijadas y hay mandato para cumplir con eso. Pero lleva seis años de incumplimientos. Una política pública, frente a algo que no se está cumpliendo, sería revisar, y evaluar la posibilidad de quitarle la administración».
