Es hora de que las instituciones respondan

Millones de chilenos amanecimos hoy sin agua. Vamos a accionar judicialmente en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y de quienes son responsables por los cortes de aguas que ha sufrido Santiago. Accionaremos también contra la SISS y contra Aguas Chañar para despejar responsabilidades en el drama del agua en Atacama.

Hace un mes y medio tuvimos un episodio de lluvias, desbordes de ríos y cortes de agua. Lo nuevo hoy, es que se confirma que cuando llueve se acaba el agua. Lo nuevo, es que se ha confirmado que estamos sujetos a sufrir cortes y aluviones, no en casos de catástrofe sino en cada lluvia que se deja caer sobre Santiago.

Lo nuevo es que ya sabemos como detener este círculo de tragedias, disculpas, olvido y repetición. Sabemos que aquí no hay ‘causa mayor’ sino simple negligencia. Sabemos que la negligencia involucra no solo a actores directos sino a sus fiscalizadores. Sabemos que el daño que se causa a la población con los cortes de agua se debe a que empresas sanitarias y Superintendencia de Servicios Sanitarios son parte de una misma institución-empresa. Esta fusión de intereses no ha sido capaz de llevar adelante los planes de desarrollo que ha comprometido a realizar para evitar estos eventos. Este es el sistema que se desborda en cada lluvia como alcantarilla de barrio.

ATACAMA. AGUAS AMARGAS

Si en Santiago podemos estar molestos, en Atacama la situación es más grave, más permanente y más absurda.

Si usted pide agua, le van a ofrecer una marca y si insiste en que sea de la llave, lo van a mirar extrañados y no se la van a dar para evitarle un envenenamiento. Los atacameños han sido acostumbrados a diferenciar entre el agua corriente y el agua potable y a pagar precios de jugo de fruta por el agua envasada.

Me dicen desde Copiapó; “es verdad que la gente esta acostumbrada, y que para muchos basta con que salga agua de la llave medianamente transparente, pero también es verdad que nadie la toma, excepto los que no pueden pagar el agua envasada, que no son pocos, y que hace falta un corte de suministro o que el agua salga turbia para que alguien se mueva (como paso hace unos días, en una manifestación en las oficinas de Aguas Chañar”.

Esta diferencia entre agua corriente, no apta para consumo humano, y agua potable que puede ser bebida directamente y sin procesar; de esa diferencia esencial no hemos sacado conclusiones legales y políticas suficientes. Atacama, como todas las regiones del país, tiene contratada a una empresa que cobra precios que están entre los más caros del país por un agua potable que no produce. Aguas Chañar no ha sido capaz de proveer el servicio que se le contrató y, la institucionalidad, a su vez, no tiene capacidad para hacer valer el contrato ni para satisfacer las necesidades de agua de la población.

Desde hace años las autoridades y la empresa especulan sobre si será o no necesaria la construcción de una planta desalinizadora. El problema es que el modelo de inversión financiada vía tarifas tiene límites que responden a la capacidad de pago de las familias. Para que el Estado pudiera intervenir en el financiamiento se necesitaría una reforma Constitucional. Una simple ley puede ser impugnada desde el concepto de subsidiaridad del Estado.

Atacama es una muestra de un Estado compuesto por instituciones amarradas a condiciones de desarrollo y de ciudadanía que están terminadas. En este caso, se trata de concesiones y contratos en los que específicamente se renuncia a la obligación de disponer de agua potable para la población. En la región de Atacama, el agua potable no se puede beber y la empresa contratada para entregar el servicio ha dejado de intentarlo, incumpliendo reiteradamente con sus planes de desarrollo.

El dilema parece simple. Es cuestión de que la concesionaria, la estatal Econssa, caduque el contrato de Aguas Chañar. Sin embargo, como informa Valor Futuro, “Econssa hoy no puede terminar el contrato, por cuanto el incumplimiento más grave de Aguas Chañar se da en dos de las áreas de concesión -Copiapó y Freirina- y ello tiene que verificarse en todas para dar por terminada la relación contractual». En esta lógica, Aguas Andinas puede secar Santiago, Las Condes, Cerro Navia y otras veinte comunas sin que se pueda  caducar su concesión.

Alguien tiene que actuar de una vez y sustitui al operador ineficiente por uno que esté disponible para hacer no sólo las inversiones en infraestructura que se necesitan de manera urgente sino comprometiendo esfuerzos por dotar a la empresa con una gestión a la altura del carácter de “derecho humano del acceso al agua y al saneamiento” (Resolución ONU 64/292 del mes de julio de 2010 suscrita por el Gobierno de Chile).

Los derechos que no se exigen no se entregan. Los derechos que no son exigibles caducan y se limitan a adornar los discursos de los mismos que se encargan de que no se cumplan. El deber ciudadano de protestar por este incumplimiento es también un deber de la ciudadanía consigo misma; con la constitución de la ciudadanía como depositaria y garante del orden institucional.

Atacama es una oportunidad para los políticos de corregir un modelo institucional frustrante. Pero también es una oportunidad para que el mercado pruebe que es capaz de asumir desafíos de asignación de recursos en los plazos –cortos de ejecución y largos en la rentabilización- que requieren los servicios públicos.

Sin embargo, es también, inevitablemente una responsabilidad de la ciudadanía. No se trata solo de un problema de precios abusivos sino de la privación de una seguridad humana básica. Si de algo sirve que el agua potable y los servicios sanitarios sean declarados como un derecho humano, es para exigir ese derecho.

Si la población está malamente abastecida de agua corriente pero no tiene acceso al servicio de agua potable, entonces no debe pagar por el servicio que no está recibiendo. Adicionalmente, la ciudadanía puede concurrir a los tribunales, pidiendo que se impida a la empresa todo corte de suministro del servicio. Es probable que esta doble iniciativa de suspender los pagos y de recurrir a la justicia por protección permita destrabar las timideces de las autoridades y del mercado para resolver estos problemas.