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DL deja en evidencia débil injerencia del Ministerio de Economía

La fiscalización a la medida de los grandes gremios pesqueros

por Felipe Leiva B.

6 febrero, 2017

La fiscalización a la medida de los grandes gremios pesqueros

Son las grandes asociaciones gremiales del mundo pesquero que hoy están en el ojo de la Fiscalía. Eventuales aportes irregulares y una estrecha relación con el mundo político que, para los querellantes en las investigaciones que hay en curso, representan un peligroso vínculo entre lo público y lo privado, con una Ley de Pesca cuestionada tras una serie de acciones que habrían favorecido a la industria. A raíz de los casos de financiamiento ilegal de la política, una pescadora artesanal solicitó saber sobre las fiscalizaciones a Sonapesca, Fipes y Asipes y la respuesta obtenida, vía Transparencia, fue que no hubo fiscalización entre los años 2012 y 2016. En la cartera de Economía reconocen que, por ley, la fiscalización tiene poco impacto.

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Marcela Igor dice que ha dedicado toda su vida a la pesca. Tiene 50 años y cuenta que en 1987 llegó a trabajar al mar, donde ha pasado por varias labores: recolectora, asistente de buzo, trabajos en mar y tierra. Por eso a esta pescadora artesanal, que por estos días está en Talcahuano recorriendo la caleta Tumbes, le surgió una duda mientras el caso Corpesca y su arista Asipes avanzaban y se conocía que otras asociaciones pesqueras podrían estar involucradas. “¿Qué pasaba con las fiscalizaciones a estos gremios que reúnen a los industriales de la pesca?”, fue la pregunta que quiso responder y la razón por la cual pidió antecedentes al Ministerio de Economía vía Ley de Transparencia.

El 15 de junio dicha solicitud fue recibida por la jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Economía, Ana Vargas Valenzuela, quien dos semanas después respondió dicho requerimiento sobre el número de fiscalizaciones realizadas en los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 a la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) y a la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), así como los motivos para fiscalizar y el detalle de las fechas.

Dentro de las investigaciones de financiamiento ilegal de la política, Asipes está siendo indagada por eventuales pagos irregulares y por los estrechos vínculos que tuvo el ex presidente del gremio, Luis Felipe Moncada, con autoridades políticas. De hecho, el imputado en el caso Corpesca se reunió con el renunciado subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, instancia en la que hablaron acerca de cómo se iba a favorecer a los industriales pesqueros. Pero Moncada tenía buena relación en varios sectores y otro ejemplo de ello son los diversos correos con la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, a quien le enviaba sus impresiones de algunas indicaciones que fueron incluidas en la Ley de Pesca.

Por ello, Igor quería saber cuánto se había fiscalizado a dicho gremio. El Mostrador tuvo acceso a la respuesta que dio la autoridad a la dirigenta: “Cumplo con informar que una vez revisados los registros que obran en poder de esta cartera de Estado, consta que durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2016, no se realizaron fiscalizaciones en terreno a ninguna de las asociaciones gremiales consultadas, razón por la cual no resulta posible acceder a lo solicitado en virtud de lo expuesto por el Consejo para la Transparencia, el cual ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia, que no es posible la entrega de información inexistente”, fue lo que contestó la Subsecretaría de Economía a través del oficio n.° 3153 el 30 de junio de 2016.

Una respuesta que no gustó a Igor, quien –con el transcurso de las investigaciones vinculadas a financiamiento irregular de las pesqueras– cree que estas fiscalizaciones son un traje a la medida para las empresas del rubro, ya que no es obligación, por ley, una fiscalización drástica de parte de las autoridades. “Un instrumento del Estado, como el Ministerio Economía y la unidad que debe fiscalizar a estas asociaciones, falla con estas grandes asociaciones que representan a la industria, se incumple, hacen lo que quieren. No eran sospechas nuestras, se pagó a autoridades, se financiaba a políticos y, como nosotros no tenemos ningún poder, todo eso va en desmedro nuestro y por eso tenemos la Ley de Pesca que tenemos”, afirmó molesta la pescadora artesanal.

Fiscalización” de Fipes

Pero eso no sería todo. Igor se encontró con una nueva sorpresa. El 10 de julio, el programa ‘Informe Especial’ de TVN dio cuenta de correos electrónicos y gestiones del senador Patricio Walker (DC), para aportar dinero al entonces pescador artesanal y hoy diputado Iván Fuentes. El aporte, cercano a los 15 millones de pesos, estaba relacionado con los máximos representantes de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes).

La pescadora, sorprendida con la noticia, decidió pedir al día siguiente la misma información que había solicitado por Transparencia respecto a las fiscalizaciones de Asipes y Sonapesca, pero ahora en relación con Fipes.

En el Ministerio de Economía afirmaron que sí se ha fiscalizado, pero que el Decreto Ley 2757, elaborado en 1979, en plena dictadura, no obliga a requerir de forma periódica los antecedentes contables a las asociaciones gremiales. En efecto, solo es obligación para dichos gremios tener actualizado el número de socios, los cambios en el directorio y efectuar un balance anual. Eso sí, dicha información no tiene por qué ser enviada a la cartera ministerial, a menos que sea requerida tras denuncia de uno de sus integrantes.

El 29 de julio, el Ministerio de Economía nuevamente respondió: “Durante el periodo comprendido entre los años 2015, 2016 no se han realizado fiscalizaciones a la asociación consultada”. Señaló, eso sí, que hubo algunos procesos de fiscalización entre 2012 y 2014 y, dentro de los documentos de dicha fiscalización, en enero de 2014, se indicó que en el balance del 31 de diciembre de 2012 se requiere origen, análisis, detalle y composición de partidas contables, entre ellas, un ítem de asesorías por $166.500.912. En otro oficio, la cartera de Economía, en abril de 2014, nuevamente solicita boletas y otros documentos por tales asesorías.

Finalmente, en el oficio ordinario n.° 6188, se recordó a Fipes que se han formulado varias observaciones y, en el punto tres de dicho documento enviado en agosto de 2014, el señalado ministerio informó que dicha asociación gremial ha incumplido por no enviar la información requerida, planteando que, de no haber respuesta en 20 días hábiles, se aplicará una multa de medio ingreso mínimo mensual a diez ingresos mínimos anuales, si no se verifica el cumplimiento de lo requerido.

“Más allá de los responsables, aquí el problema es transversal. Tienen que fiscalizar sin colores políticos, independientemente del Gobierno de turno. Cómo es posible y nadie dice nada. Pasan de derecha y no se fiscalizó; pasa a la izquierda, y tampoco. Y nadie dice nada y seguimos viendo cómo privilegian a unos pocos con leyes como esta. ¿Quién va a fiscalizar finalmente, si no sabemos hasta dónde llegan los tentáculos del dinero de estas asociaciones y menos vamos a saber si las autoridades no están fiscalizando?”, planteó Igor.

Para el presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), Juan Montenegro, las fiscalizaciones son débiles por ley y el Ejecutivo no propone nada para cambiar dicho escenario. “No es de sorprender, considerando que, de una u otra manera, el Gobierno y los gobiernos en general han venido actuando de una manera especial en defensa de estas organizaciones, que han sido mayoritariamente incidentes en las regulaciones pesqueras. La fiscalización ha sido mediocre y precaria. Durante mucho tiempo el Gobierno ha venido faltándonos el respeto”, criticó el dirigente.

Para el abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, es la Unidad de Asociaciones Gremiales la que de todas formas pudo haber realizado algún tipo de fiscalización aleatoria a cualquiera de estas agrupaciones cuestionadas: “No hay limitaciones en requerir esa información, particularmente cuando había conocimiento de que existían altos montos involucrados en asesorías contratadas por este tipo de organizaciones”.

Las explicaciones

Consultados por El Mostrador, en el Ministerio de Economía afirmaron que sí se ha fiscalizado, pero que el Decreto Ley 2757, elaborado en 1979, en plena dictadura, no obliga a requerir de forma periódica los antecedentes contables a las asociaciones gremiales. En efecto, solo es obligación para dichos gremios tener actualizado el número de socios, los cambios en el directorio y efectuar un balance anual. Eso sí, dicha información no tiene por qué ser enviada a la cartera ministerial, a menos que sea requerida tras denuncia de uno de sus integrantes.

Por lo mismo, en dicho ministerio saben y reconocen que la fiscalización es genérica por ley, pero igual se debe cumplir con la referida legislación. Reiteraron que las asociaciones están obligadas a confeccionar un balance anual –firmado por un contador–, el cual no tienen la obligación de remitirlo al ministerio, salvo que sea específicamente requerido por la institución en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, además de las fiscalizaciones que realiza la cartera de Economía y que estos puntos –explican– son los aspectos que la ley señala.

Asimismo –agregaron en el citado ministerio–, las fiscalizaciones que realiza la Unidad de Asociaciones Gremiales son facultativas en atención a sus recursos humanos y a los reclamos de uno de los socios de una organización.

Un Decreto Ley pasivo deja a las agrupaciones gremiales bajo una fiscalización a la medida, a juicio de los pequeños pescadores, porque la obligación es con ellos mismos y no con las autoridades. En el Ministerio de Economía solo apuntan a la ley como la madre de su fiscalización, que tienen que cumplir, sean cuales sean los alcances de esta.

Para el representante de Fetrapes, la fiscalización es irrisoria: “La industria pesquera tiene mucha incidencia en los gobiernos. Ellos no van a autofiscalizarse, tampoco va a haber una denuncia de un socio cuando son ellos los que han financiado y, con el correr del tiempo, se ha mostrado que han financiado a la política”, apunta Montenegro.

Para el abogado Ramírez, hay que trabajar en una institucionalidad más robusta, con mayores atribuciones y poder de sanción ante eventuales prácticas irregulares. “Hay que generar un nuevo régimen de fiscalización a este tipo de asociaciones, que se han vuelto verdaderos entes corruptores. En este caso, las asociaciones eran creadas para cometer ilícitos, como se ha acreditado en estas investigaciones. A partir de eso, es necesario tratar de dar no solo mayores atribuciones sino también generar nuevos reglamentos para tener acceso a la información de manera oportuna”, sostiene el penalista.

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