Mario Cortés Cevasco fue el primer juez de policía local que sancionó a un legislador que excedían velocidad en la Ruta 68.
«Si uno acepta que vive en un Estado de derecho, donde la ley debe aplicarse a todos por igual, no debieran existir motivos para considerar que una sanción a una autoridad es algo especial, digno de reconocimiento público o de ser destacado», sostiene Mario Cortés Cevasco, juez de policía local de Casablanca, respecto de las multas que ha aplicado a parlamentarios por excesos de velocidad en la Ruta 68.
Hace unas semanas, el llamado «juez de hierro» suspendió indefinidamente la licencia de conducir del presidente de la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Felipe Letelier (PPD).
En entrevista con La Tercera, Cortés va más allá y se refiere a la mala imagen que tiene la gente de los políticos: «Episodios como los “jubilazos”, viajes de turismo con cargo a fondos públicos, viáticos parlamentarios cuestionables, el desconocimiento al mérito en la educación o la rotativa de nombres en la designación de cargos públicos, contribuyen a eso. La ciudadanía siente que muchas de estas conductas resultan impunes y eso hiere profundamente el sentimiento de igualdad ante la ley. Todo ello es lamentable y requiere que la clase política se esmere en hacer un real esfuerzo para revertirlo».
Consultado por si siente que marcado un precedente al multar o quitar la licencia de conducir a «personas con poder», el juez afirma: «Sin referirme a un caso concreto, tal como he señalado en otras ocasiones, es ya tradicional que en Casablanca la ley se cumpla a cabalidad. Se aplica como corresponde a todos por igual, ya sea que se trate de un ciudadano común o de una autoridad. Ese precedente no deviene de ningún caso particular, sino que de la consistencia y perseverancia en el tiempo para que así sea».
«Parece evidente que la ciudadanía tiene una actitud de desconfianza hacia la clase política. Uno de mis hijos es dirigente estudiantil universitario y le hago bromas con que tenga cuidado si quiere entrar a ese “club”, porque la censura ciudadana es evidente. Me parece que a esto nos referimos cuando se habla de “crisis de representatividad”. Nuestra clase política no se ha planteado hasta ahora que lo que la gente reprueba son sus actitudes, y no necesariamente sus ideas. Es una tarea pendiente que requiere un cambio de fondo, y uno de sus componentes es aumentar los estándares éticos. Debe entenderse que muchas de las conductas en que incurren hieren abiertamente el sentimiento de igualdad ante la ley, algo profundamente arraigado en el alma nacional», recalca.
Respecto si ha recibido alguna presión a lo largo de su carrera, recuerda que «años atrás, recién instalado el Congreso en Valparaíso, el Juzgado de Casablanca fue el primero en sancionar a los parlamentarios, fundado en que el fuero parlamentario no cubre las conductas infraccionales, como muchos pretendían. Eso provocó reacciones airadas y amenazas que fueron de conocimiento público, incluso recurrieron a la Contraloría General de la República, formulando reclamos administrativos en mi contra. Hoy está superado y es indiscutible que los parlamentarios están sometidos a la ley y responden como cualquier ciudadano, sin privilegios».
Por último, deja una interesante reflexión: «Si se multa con $ 120.000 a quien gana $ 360.000 mensuales, corresponde a un tercio de su sueldo, y si se aplica la misma sanción a quien tiene ingresos por $ 2.400.000 equivale solo a un 5% de su remuneración. Ante la misma infracción, se estaría aplicando una sanción mayor al que gana menos. Es labor del juez velar por la justicia y proporcionalidad de las sanciones económicas».
