Dice que la Presidenta «actuó mal»
El rector de la UDP argumenta que entre las virtudes de la ex ministra de Justicia «no se cuentan las propias del jurista» y que, por lo tanto, su nombramiento en el Consejo de Defensa del Estado «constituye una designación partisana». Según su análisis, quien ejerce el cargo de Presidente de la República, a veces, debe elegir entre dos intereses: «los que emanan de la índole de las instituciones y los de quienes le sirvieron de apoyo para alcanzar el poder». Bachelet escogió, según el columnista, «uno de los segundos».
En su columna semanal, Carlos Peña analiza el tema que ha sido objeto de críticas, incluso desde el oficialismo, durante toda la semana: la designación de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado.
El primer argumento del rector de la UDP tiene que ver con la definición de lo público: «es una esfera de asuntos que obliga a la imparcialidad, a cuidar a cuidar todos los intereses y puntos de vista en juego, sin que quien adopta la decisión pueda esgrimir nada más que su voluntad como fundamento de la misma», publica El Mercurio.
En esa línea, enfatiza que la Presidenta «subrayó» precisamente su voluntad, y no las razones que la amparaban, para justificar el nombramiento de Blanco.
«Pero nadie ha discutido que al designar a Blanco ella hizo uso de una prerrogativa que le pertenecía. Lo que se cuestiona -habría que decirle a la Presidenta- es si ella empleó correctamente esa facultad, si la usó como una facultad de índole pública o si, en cambio, lo hizo como si fuera una atribución privada, algo que le perteneciera solo a su personal discernimiento», cuestiona Peña.
Recordando que el CDE es un órgano imparcial, «cuyos miembros deben poseer alta calificación técnica y cuyo cliente final no es el gobierno de turno, sino los intereses del Estado», el abogado destaca que la ex ministra de Justicia no cuenta con las virtudes «propias del jurista» y que, por lo tanto,»parece objetivamente una designación partisana, motivada más bien por consideraciones privadas como, por ejemplo, la de retribuir servicios gubernamentales y adhesión política».
«Y la conclusión es obvia para quien no se arroje tierra a los ojos. El simple examen de las circunstancias objetivas lleva a ella: la designación de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado constituye una designación partisana, aparece como una retribución a una lealtad política más que una selección por méritos de esos que la índole del Consejo de Defensa del Estado exige», dice.
«Quien ejerce el cargo de Presidente de la República», agrega, «a veces debe elegir entre dos intereses: los que emanan de la índole de las instituciones y los de quienes le sirvieron de apoyo para alcanzar el poder. La Presidenta Bachelet escogió, esta vez, uno de los segundos».
Y al hacerlo, según Peña, «actuó mal».
