Cumpliendo sus amenzas, el rector de la PUC demandó al estado por no haber incluido en el presupuesto 2017 los recursos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), un suculento fondo de aportes gubernamentales que se reparte entre las instituciones que eligen los 27.500 estudiantes con mejor puntaje PSU.
La no entrega del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), un aporte gubernamental a las universidades por contar con los mejores alumnos, es la razón por la que la Pontificia Universidad Católica ha demandado al estado ante los tribunales civiles.
Según informa El Mercurio, después de estudiarlo durante tres semanas, el rector Ignacio Sánchez tomó la decisión de emprender la acción legal tras evaluar la situación con el equipo jurídico de la casa de estudios encabezado por el decano de la Facultad de Derecho, Carlos Frontaura, y el director de asuntos jurídicos , Juan Esteban Montero.
«Por medio de esta demanda queremos, como universidad, hacer presente el incumplimiento de la ley en que ha caído el Estado de Chile respecto de una normativa plenamente vigente, que fue creada como una ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer y reconocer a las instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes», dijo Sánchez.
El AFI entrega recursos adicionales a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en donde estudien los 27.500 estudiantes con mejores puntajes PSU. En el presupuesto 2017 no se incluyeron los recursos para pagar este aporte y de ahí el enojo del rector Sánchez, quien preside una de las universidades que acostumbra acaparar a los puntajes más altos del examen de selección. De hecho se estima en $1700 millones el perjuicio monetario para la casa de estudios.
En noviembre durante la reunión del CRUCh el rector de la PUC habría amenazado con llevar adelante una demanda. Lo que Sánchez busca que se declare un incumplimiento de una norma legal por parte del estado, y de hecho la acción legal se dejó abierta para que puedan incorporarse otras instituciones de educación superior que se sientan vulneradas.
Por su parte la Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) Sofía Barahona se mostró en desacuerdo con la medida tomada por la dirección de su universidad. En entrevista con CNN Chile la dirigente estudiantil apuntó a que el AFI es una manera de mantener la elitización de la educación superior.
A partir de ahora el Consejo de Defensa del Estado tiene 15 días para responder a la demanda, y si no se da una conciliación, el tribunal deberá dictar sentencia, sin embargo debido a los tiempos de las réplicas y dúplicas de los diferentes escritos del caso la resolución podría tardar meses.
