Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia recurrida que condenó a 10 años y un día de presidio a Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Rolf Wederoth Pozo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires. Mientras que el Estado de Chile deberá pagar una indemnización total de $700 millones de pesos a los familiares de las víctimas.
La Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a cinco agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de los dirigentes sindicales Jorge Corvalán Valencia, Jorge Salgado Salinas y Pedro Silva Bustos, ilícitos perpetrados a partir del 9 de agosto de 1976, en Santiago.
En fallo dividido se confirmó la sentencia recurrida que condenó a penas de 10 años y un día de presidio a Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Rolf Wederoth Pozo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires, todos ellos pertenecientes a la Brigada «Caupolicán».
En la etapa de investigación, el ministro en visita Leopoldo Llanos logró establecer que los hechos ocurrieron en el centro de detención clandestino conocido como «Cuartel Terranova» o «Villa Grimaldi», ubicado en Avenida José Arrieta Nº 8200 de la comuna de Peñalolén en la Región Metropolitana.
Allí operaba un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo Director era el Coronel Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, bajo cuya dependencia jerárquica se encontraban varios oficiales y otros funcionarios de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, así como también algunos civiles.
Todos ellos -ordenaron algunos y ejecutaron otros- capturas de personas militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico de variada índole, con el objeto de hacerlos entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas.
Los primeros detenidos llegaron a mediados del año 1974 a Villa Grimaldi y en enero de 1975 pasó a convertirse en el centro de operaciones de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, que ejercía la función de represión interna en Santiago.
A los detenidos se les mantenía todo el tiempo vendados, con deficientes condiciones higiénicas y con escaso alimento, el que no recibían durante los primeros tres días. Los lugares más característicos donde se mantenía a los detenidos se denominaban «La Torre», «Casas Chile» y «Casas Corvi».
«Las consecuencias de estas detenciones es que las personas antes mencionadas se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no han tomado contacto con sus familiares; tampoco han realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado ni organismos privados, ni registran entradas o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción», se lee en la resolución.
El Estado de Chile deberá pagar una indemnización total de $700 millones de pesos a los familiares de las víctimas.
