Caso Exalmar-Bancard
A la acción penal de Hugo Gutiérrez (PC) contra Sebastián Piñera, que ya ha tenido impactos políticos en las encuestas para el ex Mandatario, ahora se suma esta presentación de cuatro parlamentarios oficialistas en contra de quienes resulten autores, cómplices o encubridores de los delitos de negociación incompatible y uso de información privilegiada.
Reforzar la acusación del diputado comunista Hugo Gutiérrez para que se investigue a fondo por parte del Ministerio Público el vínculo Exalmar-Bancard. Eso es lo que busca esta nueva querella que presentarán ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el diputado Sergio Aguiló (IC) y las diputadas Clemira Pacheco (PS), Cristina Girardi (PPD) y Camila Vallejo (PC).
Acción penal de los parlamentarios de la Nueva Mayoría que va dirigida contra quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de uso de información privilegiada al efectuar operaciones de valores, negociación incompatible y el ilícito señalado en el artículo 247 del Código Penal.
En el libelo, se insistió en que Sebastián Piñera “perpetró un ilícito penal” como Presidente de la República y premunido de su calidad de jefe de las relaciones diplomáticas del Estado de Chile, al estar vinculado a Bancard, empresa del ex Mandatario que adquirió participación de la pesquera peruana Exalmar. Según la querella, Piñera tuvo conocimiento de estos negocios en medio del litigio marítimo entre Chile y Perú en La Haya.
Dentro de la apreciación jurídica de los hechos presentados, en la acción penal a la que tuvo acceso El Mostrador, se plantea lo siguiente: “Mientras el señor Piñera era el Jefe de Estado, una de las empresas controladoras de sus inversiones: Bancorp S.A. en donde son socios todo su núcleo familiar (cónyuge, hijos e incluso su hermano), manejaba el ‘Fondo de Inversiones Privado Mediterráneo’ con la empresa pesquera peruana Exalmar, en donde se registran inversiones de esta empresa ya en agosto de 2012, en pleno litigio marítimo y con el señor Piñera recibiendo información estratégica de los escenarios posibles de pérdida o no de territorio marítimo chileno en beneficio no sólo de Perú y su poder soberano, sino que con más exactitud a favor de las empresas pesqueras peruanas que explotan los recursos naturales en esa y otras zonas de las costas del país limítrofe”.
En la querella de los diputados oficialistas se afirma que “un acta de la junta de accionistas de Exalmar revela que el FIP Mediterráneo tenía el 1,7% de la pesquera a esa fecha. Cuatro años después, Piñera ha seguido aumentado su participación hasta el 9,10%, pero bajo otro vehículo de inversión: Bancard International Investment, una sociedad con domicilio legal en Islas Vírgenes Británicas” y se agrega que “la Administradora Bancorp S.A., de la que cuelga el FIP Mediterráneo, es controlada por Inversiones Santa Cecilia S.A. e Inversiones Bancorp Limitada. En esta última sociedad, según registros de Dicom, el ex Presidente Sebastián Piñera sí tiene participación accionaria, mientras que en Inversiones Santa Cecilia S.A. participa, según los mismos registros, a través de Bancard Inversiones Limitada”.
En la acción penal que presentan Aguiló, Vallejo, Pacheco y Girardi, piden que se le ordene a la PDI que investigue estos hechos, además de solicitar nuevas diligencias, entre ellas, que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados envíe las actas respecto a la postura de Chile ante Perú, en especial las que se refieren al cambio de la política anterior al Gobierno de Sebastián Piñera y la llamada de “cuerdas separadas” en las relaciones con el país vecino.
Caso Exalmar-Bancard en el que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente ya solicitó a la empresa del ex gobernante que haga entrega voluntaria de los correos electrónicos entre su gerente Nicolás Noguera y Sebastián Piñera Morel, miembro del directorio e hijo del ex Jefe de Estado.
