Opinión
También en el propio Gobierno las alertas han comenzado a mostrar cómo el “Caso Padrón” podría afectar negativamente en la opinión pública las noticias positivas que trajo la última encuesta Cadem Plaza Pública, de detención en la caída de la Mandataria en las encuestas, quitándole, de paso, el control de la agenda.
La serie de errores ―y quizás también horrores― en relación con la confección del Padrón Electoral para las elecciones municipales 2016, deja de manifiesto los problemas de competencias y capacidad técnica y política de las dos instituciones responsables —el Registro Civil y el Servicio Electoral― de organizar el padrón electoral que regirá dicha elección. Pero, junto con los problemas de gestión, se coloca en la discusión el principio de la responsabilidad de las autoridades a cargo de la institucionalidad del sistema electoral.
La disputa entre autoridades públicas por deslindar responsabilidades, así como las contradictorias explicaciones sobre la magnitud de las irregularidades ―el director del Registro Civil cifró en algo más de 17 mil los ciudadanos afectados, en tanto que el Servicio Electoral habla de más de 450 mil―, están dando lugar a un debate entre lo que es la responsabilidad institucional-administrativa, penal y política.
No cabe duda de que hay responsabilidad personal por los propios actos; hay una responsabilidad institucional, si la persona encarna o forma parte integrante de una institución, y hay responsabilidad legal si los actos violan normas legales. La responsabilidad política tiene un alcance distintivo y propio. Esta sería la que tiene cada actor político respecto de todo lo que ocurre en su área de influencia directa, aunque no haya intervenido directamente.
Por ahora se ha instalado la idea de circunscribir está última responsabilidad a una suerte de responsabilidad fusible que estaría radicada en el director del Registro Civil, y en el Servel en alguna autoridad por ahora sin identificar. La lógica detrás pareciera ser blindar a la ministra de Justicia, que es la superior jerárquica del Registro Civil e Identificación.
Su director Luis Acevedo, quien se ubica debajo de la cúspide del poder de la ministra Blanco y arriba de la estructura de ejecución del Servicio, se sindica ―sotto voce―, en los mentideros de La Moneda y en la mayor parte de los actores políticos del oficialismo, como el responsable de la compleja situación del actual proceso electoral, el que se une a un ambiente de escasa confianza en las instituciones políticas y al fantasma del abstencionismo a menos de una semana de las elecciones para elegir alcaldes y concejales.
No solo la ministra y su entorno más cercano evalúan que la situación se está tornando difícil para ella. También en el propio Gobierno las alertas han comenzado a mostrar cómo el “Caso Padrón” podría afectar negativamente en la opinión pública las noticias positivas que trajo la última encuesta Cadem Plaza Pública, de detención en la caída de la Mandataria en las encuestas, quitándole, de paso, el control de la agenda.
Lo anterior ―en términos de imagen para La Moneda― abriría en la evaluación del Ejecutivo un nuevo flanco de críticas sobre la eficacia gubernamental, que haría inviable retomar la agenda política de aquí al término de año.
[cita tipo=»destaque»]Es necesario insistir en un punto clave y central: la responsabilidad política se produce con carácter inmediato. La penal, con la lentitud propia de los procesos judiciales. De allí que no es la dimensión temporal lo que define la anterior distinción, sino otros factores que hacen nítida la misma: la responsabilidad política no se basa solamente en conductas ilícitas sino también lícitas, porque no descansa solamente sobre criterios de legalidad sino también de oportunidad.[/cita]
En este punto es necesario insistir en que el objeto de la responsabilidad política son los errores en la gestión, tanto los propios como los de los subordinados, se conozcan o no. El reconocimiento del error generalmente se asume mediante la renuncia al cargo que es, en definitiva, lo que no ha ocurrido en este caso. Esta es la disyuntiva en la que hoy se encuentran nuevamente la ministra Javiera Blanco, el equipo político de La Moneda y la Presidenta.
No cabe duda que la decisión de la ministra Blanco, de guardar silencio y evitar la exposición sobre el tema, reinstala un caro principio para la transparencia y, en definitiva, para nuestra democracia, al no establecer con claridad una línea de separación entre responsabilidad política y administrativa o de otro tipo, que podrán desprenderse del sumario administrativo que el Gobierno solicitó a la Contraloría General de la República.
Es necesario insistir en un punto clave y central: la responsabilidad política se produce con carácter inmediato. La penal, con la lentitud propia de los procesos judiciales. De allí que no es la dimensión temporal lo que define la anterior distinción, sino otros factores que hacen nítida la misma: la responsabilidad política no se basa solamente en conductas ilícitas sino también lícitas, porque no descansa solamente sobre criterios de legalidad sino también de oportunidad, y porque su finalidad no es castigar a un posible culpable o reparar un daño, sino asegurar que los gobernantes no son, en definitiva, más que servidores públicos.
