El director regional de la institución, Christian Alveal, desmintió las denuncias de la Defensoría Penal Pública y de la Clínica Sanatorio Alemán, que apuntan a que la mujer mapuche habría estado con grilletes durante el parto.
Luego de que se diera a conocer que una comunera mapuche dio a luz engrillada y con la presencia de tres gendarmes, el coronel y director regional de Gendarmería Christian Alveal aseguró que “ningún elemento de seguridad -grilleta o esposa- permanecía adosado en los tobillos de la interna”, y agregó que según las declaraciones del personal de servicio, las grilletas estaban en la baranda de la camilla sin contacto con las extremidades inferiores de Lorenza Cayuhan.
También señaló que ningún gendarme hombre estuvo presente en el parto, y que únicamente en el pasillo del pabellón se encontraba un funcionario de la institución. El director regional afirmó que se llevará a cabo una investigación interna y señaló que el procedimiento “fue aplicado conforme al reglamento vigente y en pleno respeto de los derechos humanos e integridad física que debe recibir una persona en condición gestacional, sin desatender que hay de por medio una medida judicial”.
Pero la versión del coronel Alveal se contrapone con la de la Clínica Sanatorio Alemán en Concepción. Su directora, Paulina Romagnoli, afirmó que si bien no estaba esposada a la mesa quirúrgica, “ella fue sometida a la cesárea con persistencia de las esposas a nivel de los pies”, dijo a Radio Biobío.
La interna también dio su versión de los hechos que concuerda con la del establecimiento de salud: “Desde la cárcel me sacaron solamente con esposas hasta el Hospital de Arauco y después cuando me subieron a la ambulancia me pusieron los grilletes en los pies, siempre amarrada a la camilla, y ahí estuve con grilletes hasta el día del parto. Me sacaron los grilletes cuando la guagua había nacido ya”, afirmó.
La situación ocurrió el viernes pasado y este lunes la Defensoría Penal Pública interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción, que será la entidad encargada de destrabar la polémica.
A este recurso también se sumó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La abogada y directora regional del organismo, Carolina Chang, señaló que “existen antecedentes más que suficientes y que no se habrían ajustado a los protocolos necesarios (…) no existía tampoco un peligro de fuga que fuera físicamente posible que haya facilitado esta intervención”, dijo.
