$706 mil millones entregará el Fisco para el CAE en 2017
El presupuesto para el año 2017 define dentro del ítem educación un 30% de los recursos para el CAE. Pese a que el monto asignado es menor que para la gratuidad, deja en evidencia que el criticado crédito –implementado bajo el Gobierno de Ricardo Lagos–, si bien comenzará a morir, seguirá inyectando, por algunos años más, recursos para el sector privado, junto con lo cual arrastrará a una generación completa de estudiantes con deudas millonarias, quienes asimismo ven cada día más escasas las plazas laborales.
El 30 de septiembre el Mineduc anunció con bombos y platillos el crecimiento en un 6,2% del presupuesto 2017 para educación, es más, envió una minuta en la que destacaba los principales ítems para el próximo año, entre ellos la gratuidad. “El 2017 incrementaremos en 55% el Presupuesto, y se estima poder duplicar el número de jóvenes que estudien gratuitamente –que en 2016 fueron 140 mil universitarios–, esto equivale a $265.925 millones”, señala el documento.
Lo que no detallaba el texto son los recursos para un ítem que concentra más de un tercio de las asignaciones, el Crédito con Aval del Estado (CAE), al cual se destinará el 36% del presupuesto, por un total de $706 mil millones. A pesar del alto monto, este 2017 la gratuidad contará con $42 millones más que el CAE, cambiando diametralmente el panorama del 2016, en que el fisco destinó un 35,2% del Presupuesto para el CAE, frente a un 29,5% para el primer año de la gratuidad.
Las críticas por el alto monto destinado al CAE –una forma de financiamiento para la Educación Superior que ha sido calificada como una “caja pagadora para privados”– no se dejaron esperar. La diputada PPD Cristina Girardi señaló que el “CAE no puede ocupar un tercio del presupuesto de educación superior, porque esas platas van, fundamentalmente, a las instituciones privadas… Me parece de la peor calaña».
Por su parte, las diputadas PC y ex dirigentas estudiantiles, Camila Vallejo y Karol Cariola, en su columna “Defensa interesada al CAE” manifestaron que este crédito “es la expresión material de una concepción que ve a la educación como un negocio más y del cual, por tanto, se puede y debe extraer utilidades”, razón por la cual propusieron poner fin al CAE “e impulsar un crédito, administrado por el Estado, de carácter transitorio y que dé cobertura a todos los deciles socioeconómicos que aún no se incorporan a la gratuidad”.
A pesar de las fuertes críticas a este sistema de financiamiento, el Ejecutivo no ha sabido dar una respuesta clara ante la demanda por su eliminación. El Mineduc ni siquiera estableció una propuesta de término en la esperada Reforma a la Educación Superior ingresada en julio de este año. Distintos actores del mundo de la educación han demandado la necesidad de poner fin a las altas tasas de estudiantes endeudados que, desde su implementación en el año 2010 hasta el 2015, suman más de 600 mil deudores CAE, que deben a la banca privada al menos $3,44 billones, sin contar los intereses ni los cobros por mora, según indicó el estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE”, de Fundación Sol, lanzado este año.
[cita tipo= «destaque»]Es por esta razón que el fin del CAE es una solución para las generaciones futuras, pero no para aquellos estudiantes y sus familias que durante una década se vieron obligados a financiar sus estudios superiores con este crédito.[/cita]
Además, un punto que suele pasar inadvertido es que, dentro del presupuesto destinado para financiar el crédito, parte importante va a parar directamente a la banca privada, debido a la “recompra de cartera de deudores”, y para este año 2017 no será diferente. En el año 2005, cuando se creó el CAE, en el Gobierno del ahora precandidato presidencial Ricardo Lagos, con el Mineduc bajo la conducción de Sergio Bitar, el fisco se comprometió a subsidiar a los bancos participantes, “comprando cada año el 25% de los créditos entregados, con un sobreprecio del 6 %”. Solo por este ítem el Estado ha comprado cerca del 48% de los créditos entregados, y ha pagado 62,19 millones de UF, en créditos base. Si a esto se le suma el sobreprecio asignado, alcanza los 79,78 millones de UF, un total mayor a $2 billones.
Aunque han surgido voces que defienden la permanencia del CAE, con algunas modificaciones, fuentes cercanas al Mineduc aseguran que en las próximas indicaciones que ingresaría el Ejecutivo a la Reforma a la Educación Superior su eliminación es uno de los tres puntos primordiales. Agregan que por el momento se encuentran a la espera de que los partidos de la Nueva Mayoría, y algunos otros actores del mundo educacional, terminen de revisar la propuesta, la que sería ingresada a la Comisión de Educación durante la primera semana de noviembre. Lo que no está claro es si su eliminación apunta hacia una mirada de gratuidad universal o la estatización del crédito universitario.
El Crédito con Aval del Estado fue diseñado con el fin de ampliar la matrícula de la educación superior, de forma que se pudiera dar financiamiento a estudiantes de familias precarizadas que no pudieran sostener el pago de las millonarias matrículas y mensualidades de las carreras en Chile, pero, si bien dicho objetivo se cumplió, junto con ello se sumió a los estudiantes y sus núcleos familiares actuales y futuros en una espiral de endeudamiento.
Así lo plantean los investigadores de Fundación Sol, Marco Kremerman y Alexander Paez, ambos autores del estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE”. De acuerdo a los investigadores, el CAE es “una herramienta de disciplinamiento social” que parece ser “un salvavidas al corto plazo, pero a la larga es un gran peso”, ya que significa una mochila de deudas millonarias para parte importante de la vida, debido a que su pago es obligatoriamente entre 15 a 20 años, lo que “produce inseguridad financiera para los hogares”, mientras “asegura un negocio y disciplina a los hogares en su reproducción futura».
Es por esta razón que el fin del CAE es una solución para las generaciones futuras, pero no para aquellos estudiantes y sus familias que durante una década se vieron obligados a financiar sus estudios superiores con este crédito.
Uno de estos casos es el de Ariel Barra, quien en 2005 ingresó a estudiar una carreras identificada como la más cara del país: Odontología, en la Universidad Andrés Bello. En el año 2012 se tituló y junto con recibir su diploma se dio cuenta de que acumuló cerca de 30 millones de pesos en deuda por créditos universitarios, los que deberá pagar al menos hasta el año 2022.
A sus 30 años, Ariel junto a su familia pagan sagradamente $267.000 pesos mensuales en créditos universitarios. Recalca que es “su familia” porque, a pesar de llevar cuatro años titulado, con su sueldo como trabajador del sector público no le alcanza para financiar la deuda y vivir; por lo tanto, su mamá –que se encuentra jubilada– le ayuda a financiar su cuota mensual del Crédito Corfo.
La familia de Ariel es una de las miles que se denominan como “clase media”. Cuando entró a estudiar, su hogar –compuesto por sus padres y un hermano– tenía una renta total de $700.000. Debido a que el ingreso per cápita superaba los $150.000 no pudo acceder a ninguna ayuda estudiantil y se endeudó con el Crédito Corfo, por el que debe cerca de $15 millones totales. “Cómo mi mamá era pensionada de Carabineros no teníamos acceso a ninguna beca, a nada, solamente era el Corfo y no cubría todo el arancel, por lo tanto, el resto se cubría con créditos de consumo que los pedíamos año a año”, relata.
De esta forma, Ariel costeaba los $3.900.000 aproximados que costaba su carrera en 2005, más una matrícula anual de $400.000. En el año 2008, el hoy ortodoncista pudo acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE). Este crédito “cubría el 100% del arancel de referencia, en los últimos años ya estábamos en $5.600.000 anuales, pero el CAE solo cubría $2 millones y algo, por lo que no alcanzaba ni para la mitad”. Los millones faltantes los continuó financiando con créditos de consumo y en el año 2012 su mamá vendió su casa “para que yo pudiera seguir estudiando”, cuenta el ex estudiante.
El joven segura que cuando solicitó el CAE “no tenía idea del grado de endeudamiento” que significaba, “no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, solo que me estaban ofreciendo un préstamo y que la otra parte había que financiarla como fuera”, dijo. En el año 2008 no tenía otra alternativa, ya que los créditos Corfo significaban un endeudamiento mayor a los $16 millones que acumuló con el CAE. “El Estado castiga mucho a la gente que tiene un tramo económico medio, no te dan ninguna ayuda. O tienes que ser muy pobre o tener un puntaje sobre 800 puntos para poder acceder a un beneficio”, asegura.
Actualmente paga una cuota de $67.000 al Banco Scotiabank, la que debe saldar sagradamente antes del día 5 de cada mes, durante 15 años más. Si se atrasa un día, el monto asciende a los $110.000, ya que pierde el beneficio de la rebaja de interés de un 6% a un 2%, que fue dictada en 2011, bajo el Gobierno de Sebastián Piñera.
Según Ariel, a la hora de firmar el contrato las reglas no quedan claras: “Te obligan a seguir pagando, te dan un año para juntar el total de la deuda y si no alcanzas a pagarlo debes dejarte la deuda”. Para el odontólogo, el CAE cuenta con muchas trabas y letras chicas que amarran a los deudores. Recuerda que, mientras estudiaba, revisó en Ingresa.cl que “debía como $14 millones, pero nadie me explicó que después del año de gracia no se puede prepagar la deuda, no se puede pagar antes y es de esa forma que se enriquecen. Con tantos intereses y lo que prestaron, ya están listos”.
A pesar de que su deuda se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, afirma que “si no existiese el CAE no sé cómo podrían estudiar alumnos como yo. No creo que todos puedan estudiar gratis, porque hay gente que tiene mucho dinero y puede pagar, pero debería haber gratuidad para la gente más pobre”. Además agrega que, al menos “si te cobran con intereses, que lo haga el Estado o que sirva para los estudiantes que vienen más abajo, podría ser más solidario”.
Victoria San Martín vive una situación aún más compleja. Se tituló en el año 2012 como ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile y solo durante un año ha ejercido su profesión, encontrándose actualmente cesante.
Victoria entró a estudiar en el año 2004, con la esperanza de ser parte de la primera generación de su familia que accedía a la tan anhelada Educación Superior. Doce años después, ese sueño se ha convertido en su peor pesadilla.
Proviene de una familia humilde, aún vive con su madre, quien también ha acogido a su pequeña hija. Cuando entró a la Universidad de Chile, el ingreso de su núcleo familiar era de $350.000. Su madre era funcionaria pública y vivían junto a su hermana. Pese a que su ingreso era bajo, no pudo acceder a becas o ayudas estudiantiles, ya que su puntaje PSU entre Lenguaje y Matemática no fue mayor a 600 puntos, por lo cual debía costear un arancel cercano a los $3 millones.
Optó por tomar el Crédito Fondo Solidario, el que cubría el arancel de referencia de su carrera; la diferencia con el real simplemente no lo pagó. En su segundo año de universidad vio un afiche en la sala del centro de estudiantes, “me di cuenta que aún se podía postular. Para mí en ese minuto era una solución, porque así no acarreaba más deuda con la universidad, no tenía idea que tenías que pagar hasta el fin de los 20 años, que si quería hacer un prepago, no lo podías hacer”.
Victoria tiene tres deudas universitarias distintas: 256,29 UF corresponden al “decreto exento 14733” –deuda con la Universidad de Chile–, casi $16 millones del Fondo Solidario y más de $7 millones de CAE, un total aproximado de $29 millones. Debido a que está sin trabajo, se ha acogido al cese de pago del CAE por 7 períodos consecutivos; además, paga 1 UF mensual en deuda de años anteriores a la Universidad de Chile, para evitar que la envíen a Dicom, aunque deberían ser al menos 5 UF. Asimismo, este año por segundo período consecutivo quedó exenta del pago del Fondo Solidario, “debido a mis casi nulos ingresos”, señala. La joven explica que, si tuviese que pagar estas tres deudas mensualmente, cancelaría cerca de $180.000, lo que con un “sueldo de 450.000 líquidos, que es lo que ofrece el mercado, sería imposible”.
Para subsistir hace “clases particulares, en conciertos vendo merchandising, y así un sinfín de actividades para generar lucas, ya que tengo una hija a la cual mantener. Si no fuese por mi madre no sé dónde estaría”, dice Victoria.
La joven cuenta que solo cuando se tituló y comenzó a pagar sus créditos se dio “cuenta de la burla que era este crédito, porque juegan con los sueños de las personas”. Al igual que Ariel, asegura que no conoció bien las condiciones, “no fue una solución real, había letra chica en el contrato, había varias trabas, yo llevo siete periodos consecutivos postulando al permiso por cesantía, voy a cumplir 36 meses y todas esas cuotas se fueron para el final de mi deuda”, las que tendrá que pagar hasta el 2036.
“Por ningún motivo volvería a tomar el Crédito con Aval del Estado, si hubiese sabido que la universidad iba a dar el crédito interno tomo ese, porque las condiciones son distintas”, sentencia Victoria. Para la joven “el CAE es un crédito más de mercado, es un crédito de consumo, en donde las familias con tus papás, y la que uno forma ahora, se ven endeudadas por años, y no es que no quieras pagarlo, sino que no puedes”.
