Diputados de la Nueva Mayoría dicen que Mineduc ha cerrado el diálogo con el oficialismo
A tres meses del ingreso de lo que era la madre de todas las batallas en materia de Educación, la discusión parece estar congelada. Ante las constantes críticas por la “falta de cohesión” del proyecto elaborado por el Ministerio de Educación, el Gobierno anunció el ingreso de una indicación sustitutiva “profunda”, que tiene como objetivo lograr algunos consensos sobre la iniciativa, que hasta el momento parecen insalvables.
“La Reforma educacional va a concluir en el próximo Gobierno”, con esta frase el ex Presidente Lagos materializó un temor que ha rondado el proceso prelegislativo y la tramitación en el Congreso de la Reforma a la Educación Superior: que el Gobierno de Michelle Bachelet no logre sacar adelante una de sus principales promesas de campaña y responder con un proyecto robusto a las demandas del estallido social de 2011.
A casi tres meses del ingreso de proyecto de Reforma a la Educación Superior a la Cámara de Diputados, la iniciativa aún se encuentra en la Comisión de Educación en ronda de expositores. A pesar de que el 6 de agosto el Gobierno puso suma urgencia al proyecto –con el fin de que tuviera una sesión más a la semana–, la larga lista de asistentes ha generado que “haya un excesivo retardo en la primera etapa legislativa”, señalan desde el Congreso. Esta situación, según los parlamentarios de la Nueva Mayoría, reside en que todos los sectores ven en el proceso parlamentario la oportunidad para poder incidir en un proyecto poco “cohesionado” y ante un Ejecutivo que no ha logrado tomar una postura firme respecto a las bases de la reforma, “dejando a todos los sectores insatisfechos”, agregan.
Según el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, el diputado radical Alberto Robles, uno de los problemas de la reforma tiene que ver con la inconsistencia entre el discurso y su materialización. Señala que, por ejemplo, el mensaje presidencial de la reforma habla de reforzar a la educación pública, pero esto no queda plasmado en un “articulado que refuerce sobre todo la función del Estado”, situación de la que el Ejecutivo tendría conciencia, según indica el parlamentario.
Otro flanco abierto reside en el flujo de información y la comunicación entre el Ministerio de Educación y los parlamentarios y asesores de la Nueva Mayoría. En los pasillos de la Cámara hace algunas semanas se han intensificado las críticas a la falta de disposición al diálogo directo entre el Ejecutivo y los miembros de la Cámara Baja del oficialismo. Aseguran que el Ministerio “no ha cortado relaciones”, pero que no ha logrado mantener un trabajo en conjunto, sino que ha “separado los esfuerzos”.
El proyecto parece estar congelado, más allá de que el trabajo en la Comisión de Educación se haya visto extendido por la lista de expositores, el anuncio de que el Mineduc enviará en los primeros días de octubre una indicación que mejoraría de “forma sustantiva el proyecto de ley” y que en teoría incluya resoluciones a los principales puntos de desacuerdo. Esto hace que el foco de la discusión vuelva a estar marcado por la voluntad del Ejecutivo, lo cual genera inseguridades desde el mundo parlamentario, principalmente al interior de la Nueva Mayoría, “por la falta de operatividad y gestión que ha tenido el Mineduc”, señalan cercanos al proceso legislativo.
El pasado lunes la ministra Adriana Delpiano aseguró que la indicación que trae consigo cambios sustantivos tendría un foco: el reconocimiento de la vocación pública. “Los rectores se han comprometido a hacerme un planteamiento general y con esos antecedentes mandaríamos una indicación al proyecto de ley”, dijo.
La discusión respecto al rol público es un nudo anticipado por distintos actores. Un conflicto que lo anunciaba se dio cuando quedó en evidencia que en el proyecto de ESUP se establecían dos formas de financiamiento basal a las instituciones: por un lado, un Aporte Fiscal Directo (AFI) asegurado a las instituciones del Estado, y, por otro, un aporte directo por proyecto, al que pueden postular todas las instituciones y competir tanto privadas como estatales por obtenerlo. Si a esto se le suma la eliminación progresiva del Aporte Fiscal Indirecto –que se entrega sobre la base de los buenos puntajes PSU a las instituciones–, las denominadas “universidades privadas con rol público”, como las universidades de Concepción, PUC, Federico Santa María, entre otras, quedarían equiparadas en cuanto a financiamiento estatal a las casas de educación superior privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores.
En este contexto, para cercanos al proceso legislativo, “uno de los grupos que ha entrado con fuerza es el G9” y, a pesar de que no hay certeza respecto al contenido completo de la indicación del Mineduc, aseguran que dentro de las últimas semanas “se les ha escuchado y han convencido a casi todos de estar presentes en la sustitutiva”.
El rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y presidente del G9, Claudio Elortegui, asegura que la ministra Delpiano “ha tenido una gran apertura a escuchar opiniones”, pero añade que no conocen cómo se va a plasmar esto en la propuesta. “No conocemos el detalle y la forma cómo esa indicación reconocerá este carácter público del G9 y de qué forma pasaría esto”, ya que “la afirmación de la ministra fue muy genérica”.
Elortegui indica que “el proyecto, como está planteado hasta ahora, es una ruptura respecto al tratamiento que se les da a estas universidades (…) esperamos que efectivamente se vaya en la línea de que para nosotros la cultura y el desarrollo de la Educación Superior en Chile muestra que lo público es mucho más que lo estatal y la sociedad chilena lo ha reconocido así, porque gobiernos de distintas líneas lo han tratado así”.
El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, asegura que el ministerio está “abierto a reconocer que el proyecto original estaba muy lejos de dar respuesta a las necesidades que tiene la Educación Superior chilena”, por lo tanto, el envío de la indicación sustitutiva “hace bien”.
La relación entre el Mineduc y el Congreso, parece no cumplir con las expectativas de coordinación y trabajo en conjunto dentro del oficialismo, así lo señalan varios parlamentarios y asesores vinculados a la comisión. Es el caso de la diputada DC, Yasna Provoste, quien dijo que cree que el Mineduc “tiene un problema serio respecto a sus equipos técnicos». Agrega que desde el ministerio no hay una política clara, «uno no sabe cómo le hace para que todos queden insatisfechos, porque claramente tiene que ver con eso, con no tomar ninguna posición al respecto. Es más, en este proyecto de ley hay quienes sostienen que se podía dividir para hacerlo viable y que, presentarlo como un todo, no lo es”, señala.
La diputada democratacristiana agrega que, pese a que separar la iniciativa en tres subproyectos –como lo ha planteado Educación 2020– “si bien podría ser una alternativa, no es bueno, porque son tan malas las partes, que también trae complicaciones”. Según la parlamentaria, desde el Mineduc han transformado la iniciativa “en un proyecto de ley que busca legitimar la acreditación y que han terminado en procesos judiciales”. Además, a su juicio, el texto tendría “problemas conceptuales”, hasta llegaría a confundir la “calidad con financiamiento”.
Si bien los parlamentarios confirman su compromiso con el proceso de reforma, afirman que al proyecto le falta cohesión y maduración. “El Ejecutivo quiso quedar bien con dios y con el diablo y no se puede, tiene que tomar una opción y para mí es la educación pública «, comentó el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Alberto Robles (PR).
El parlamentario puntualiza que hay sectores, “sobre todo las universidades privadas”, a los que “no les gustaría que cambiara mucho (el sistema) y ahí es donde tenemos el problema grave. Ellos están contentos con que el proyecto se atrase”.
Las condiciones para que reforma salga de la Cámara y siga su camino legislativo dependen de la indicación sustitutiva. Los diputados de la Nueva Mayoría que integran la comisión confían en que esta contenga los principales puntos del conflicto; sin embargo, de una u otra forma, realizar estos cambios “sustanciales” significaría «volver a escuchar a todos los expositores que han pasado hasta ahora», dijo la diputada PPD Cristina Girardi, quien asimismo desea poner una indicación para evitar entregar recursos a entidades que han sido transadas en el mercado.
Otra crítica sobre la gestión del Ejecutivo es la relación que este ha mantenido con los parlamentarios del oficialismo. En los pasillos del Congreso es sabida la poca coordinación que existe entre los parlamentarios y el ministerio, y señalan que el responsable es el modelo de participación.
[cita tipo=»destaque»]La idea de que la reforma pudiera ser zanjada durante un próximo Gobierno no tuvo buena recepción entre algunos círculos de universidades. Para el rector Valle el objetivo está claro, la reforma debe aprobarse en el mandato de Bachelet: “Como Cruch debemos hacer un esfuerzo común por que esa reforma se apruebe en los tiempos de una reforma de esta envergadura, no es posible que nos pongamos en la idea de que pase a otro Gobierno”.[/cita]
Dentro del timing de la reforma, cercanos al proceso esperan que, con la indicación sustitutiva en las manos, se pueda acelerar y que salga de la Cámara entre marzo y abril, para que en el Senado no tarde más allá de octubre o septiembre en ver la luz y, con ello, evitar que una de las promesas del Ejecutivo sea tema de campaña para otros candidatos, escenario que –a priori– no asegura que esta reforma, y las voluntades e ideologías que prometió en un inicio, sean aprobadas. Por su parte, el senador DC, Andrés Zaldívar, asegura que se deben poner esfuerzos en sacar la iniciativa este año; no obstante, cree que es el Ejecutivo el que debe recoger las visiones de «todos los actores» que han estado en «contradicciones» por los «intereses legítimos» de estos.
La idea de que la reforma pudiera ser zanjada durante un próximo Gobierno no tuvo buena recepción entre algunos círculos de universidades. Para el rector Valle el objetivo está claro, la reforma debe aprobarse en el mandato de Bachelet: “Como Cruch debemos hacer un esfuerzo común por que esa reforma se apruebe en los tiempos de una reforma de esta envergadura, no es posible que nos pongamos en la idea de que pase a otro gobierno”.
Según Valle, declaraciones como las de Ricardo Lagos “demuestran una voluntad muy débil respecto a la urgencia que tienen muchos jóvenes y su familia”. El rector sostiene que aprobar el proyecto “es una urgencia que no debe postergarse para un próximo Gobierno, ya que en el hecho pone en riesgo que se apruebe la reforma”.
Por otra parte, para el presidente del G9, Claudio Elortegui, el tiempo utilizado por la comisión de la Cámara ha sido “necesario para escuchar a los distintos actores, porque este es un proyecto muy amplio, complejo, largo y que cubre una serie de temas. Es lógico que el Congreso se tome su tiempo, porque lo que importa es tener una buena reforma”.
El rector cree que “la educación superior es un tema de Estado, entonces lo que debiera ocurrir es buscar acuerdos lo más amplios posible y no simplemente ocupar una mayoría para aprobar el proyecto, el Gobierno la tiene (…). No hay que preocuparse demasiado si el proceso legislativo de un proyecto como este se demora”.
Desde el interior de la Nueva Mayoría aseguran que la reforma tiene que aprobarse luego, “ojalá antes de marzo (de 2017) que salga de la Cámara y así entre septiembre y octubre sale del Congreso y no es tema de campaña para las próximas elecciones”. Agregan que, si no se aprueba en este mandato, no “hay certeza de que salga”, ya que “hay una serie de condiciones que la Nueva Mayoría no debería desaprovechar”.
La indicación sustitutiva fue anunciada para la primera semana de octubre, por lo que los parlamentarios se encuentran a la espera para conocer su contenido, ya que no se les ha hecho llegar el texto. Sin embargo, cercanos al proceso aseguran que, debido a las largas rondas de expositores que se repetirán tras la indicación, “es difícil que se apruebe antes de noviembre”.
