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Tenso intercambio de correos entre Sánchez y la FEUC revive la pugna por el reconocimiento del rol de la PUC en dictadura Rector señaló que la situación «superó los límites en cuanto a falsedad y distorsión de la realidad»

Tenso intercambio de correos entre Sánchez y la FEUC revive la pugna por el reconocimiento del rol de la PUC en dictadura

Macarena Segovia
Por : Macarena Segovia Periodista El Mostrador
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La polémica se desató luego de que la FEUC, la Consejería Superior y una serie de representantes estudiantiles sacarán una declaración pública, en el marco de la «Semana de la Memoria UC», en la que señalaron que hubo «poca presencia real» de la universidad en tres hechos puntuales en materia de DDHH durante el año, respecto a lo cual señalaron que «es impresentable que nuestro país grite justicia y que la UC, para variar, vuelva a mantenerse callada».


Una nueva polémica se vive al interior de la Pontificia Universidad Católica, en medio del proceso de Reforma a la Educación Superior y a días de que se cumplieran 43 años del Golpe de Estado de 1973, se vuelve a abrir el debate en torno al reconocimiento y tratamiento de las violaciones a los DDHH y el rol de la institución en dictadura.

Un duro intercambio de correos -al que tuvo acceso El Mostrador– entre la Federación de Estudiantes UC (FEUC) y el rector de la institución, Ignacio Sánchez, dejó en evidencia los roces entre ambos, luego de que la FEUC, la Consejería Superior y una serie de representantes estudiantiles sacarán una declaración pública, en el marco de la «Semana de la Memoria UC», en la que señalaron que hubo «poca presencia real» de la universidad en tres hechos puntuales.

El primero, según la FEUC, fue la revisión de la causa por el homicidio calificado del profesor de Arquitectura de la PUC, Leopoldo Benítez, «frente a este importante proceso poca fue la presencia real de nuestra universidad y más ausente aún estuvo algún posicionamiento público respecto al proceso, mientras la familia y los estudiantes observaban cómo la búsqueda de justicia y verdad se veía entrampada en laberintos burocráticos».

El segundo fue a principios de julio, cuando Juan Emilio Cheyre -entonces Director del Centro de Relaciones Internacionales de la PUC y profesor Asociado de la Facultad de Derecho- fue detenido en el marco de la investigación del caso Caravana de la Muerte y sometido a proceso como cómplice de 15 homicidios y secuestros en el regimiento Arica de La Serena, en octubre de 1973, durante la dictadura.

«Independientemente de lo que determine nuestro sistema judicial y de la prudencia debida frente al desarrollo del debido proceso, escasas fueron las reflexiones que nuestra universidad dio frente a este caso, limitándose a comunicar su renuncia, pero sin manifestar ninguna postura frente a la violación de los DD.HH. en la UC ni la necesaria actitud de memoria que tanto está ausente en el corazón de nuestra universidad», declaró la FEUC.

Y además, critican el no pronunciamiento de la PUC ante la condena de Miguel Krassnoff por el ejecutamiento -entre otros- de Jaime Ossa Galdames, profesor de la Facultad de Letras UC, «frente a este caso, y en plena semana de la memoria, nula ha sido la reacción y toma de postura de nuestras autoridades universitarias».

Finalmente, la FEUC calificó de «impresentable que mientras la justicia y la verdad avanzan, a pasos cortos, pero avanza, nuestra universidad se mantenga impasible. Nos debería indignar que en plena semana de la memoria la universidad se mantenga impávida (…). Deja mucho que desear, cuando frente al ímpetu de la comunidad por reflexionar, la universidad ponga trabas burocráticas y retire las intervenciones en vez de hacerse parte y buscar soluciones a través del diálogo (…). Es impresentable que nuestro país grite justicia y que la UC, para variar, vuelva a mantenerse callada».

Ante esta declaración el rector Sánchez envió un correo el día 9 de septiembre a Daniel Gedda, presidente FEUC, y a Andrea Parra, Consejera Superior, en el que les señaló que «en varias oportunidades Uds. han actuado de manera incorrecta, con declaraciones injustas hacia mi persona y la Dirección Superior, que no estaban acordes con la verdad y que omitían los hechos pasados en nuestra universidad, personalmente siempre pensé que era falta de experiencia y madurez y no mala intención».

«Sin embargo, creo que esta declaración superó los límites que se pueden tolerar en cuanto a falsedad y distorsión de la realidad», agregó, y explicó que enviaría «una nota pública a través de los medios de la UC para dejar en evidencia la falta a la verdad en que ustedes han incurrido con esta declaración».

Los principales puntos y antecedentes a los que hace referencia el rector son el reconocimiento de títulos póstumo realizado en el Campus San Joaquín en el año 2013, un reconocimiento a los profesores Jaime Ignacio Ossa y Leopoldo Benítez el 23 de noviembre de 2015 y a profesores exonerados, además de un homenaje el 25 de enero de 2016, y la declaración de la PUC respecto al caso del ex profesor Juan Emilio Cheyre, los que –asegura– no son reconocidos por los representantes estudiantiles.

La situación ha causado molestia al interior de la universidad y ha aumentado las tensiones respecto al tema de los DDHH. Desde el sector estudiantil critican una falta de «reconocimiento institucional del rol de la Universidad Católica en los hechos ocurridos en la dictadura» y la falta de de «iniciativa» desde Rectoría para dirigir procesos que apunten hacia el «reconocimiento y la conciliación», principalmente porque los actos descritos habrían sido iniciativa de colectivos, como el de «Memoria PUC» y FEUC anteriores, hasta hacen hincapié en que en el periodo anterior del Rector Sánchez no se permitió entregar títulos póstumos a los estudiantes desaparecidos y asesinados políticos debido a que no habían terminado sus estudios.

En un último correo -que fue enviado a todos los dirigentes estudiantiles- el rector Ignacio Sánchez le señaló a Daniel Gedda que «ignoro si estas actividades se relacionan con el proceso de término de las actividades de la Federación que tú presides, espero eso sí que el recuento de la labor realizada demuestre de manera muy objetiva el aporte de esta directiva al desarrollo de la UC», al tiempo que agregó que «tenemos una mirada muy diferente de los temas expuestos (…) nuestra política ha sido la condena pública, tajante y definida de toda violación a los derechos humanos y el apoyo cercano y delicado a los familiares de las víctimas de estos condenables hechos».

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