Quién es quién en la instancia que se encuentra bajo la lupa
La decisión de los miembros del órgano DC que está revisando la petición de expulsión del diputado, envuelto en un antiguo caso de violencia intrafamiliar, está bajo mirada de los medios, la opinión pública y el propio partido. La entidad es criticada por algunos sectores que la consideran históricamente dependiente de la directiva en sus decisiones y con la aplicación de una vara distinta dependiendo del peso y las redes del acusado dentro de la falange. Lo que es tajantemente desmentido desde la máxima autoridad jurisdiccional de la colectividad.
Este jueves se cumple el plazo para que el diputado DC Ricardo Rincón conteste, al Tribunal Supremo (TS) de su partido, el requerimiento interpuesto por más de 15 militantes que pidieron la expulsión del parlamentario envuelto en un antiguo caso de violencia intrafamiliar que El Mostrador hizo público hace varias semanas.
Pero Rincón pidió un aplazamiento, lo que seguramente obtendrá, según explican fuentes ligadas al caso, en vista de la gran cantidad de años transcurridos desde que, en 2003, el 16° Juzgado Civil de Santiago fallara en su contra, lo que haría difícil que él reúna pruebas en su defensa.
La situación del parlamentario es incómoda. Y no solo para él sino también para el partido, la directiva y el Tribunal Supremo, que el pasado lunes 29 de agosto, por cinco votos a favor y cuatro en contra, aprobó acoger a trámite la solicitud que podría desvincular al hermano de la ministra del Trabajo de la falange.
Así lo manifiestan desde el interior de la instancia, donde señalan que “muchas causas llegan al Tribunal, pero este tiene pocas posibilidades de actuar, debido a su estructura normativa. Muchos de esos casos merecen algún tipo de declaración política de las instituciones del partido, más que del tribunal. Por ejemplo, el caso de Rincón. O sea, frente a una falta de decisión política, nos tiran la pelota a nosotros y a la Comisión de Ética. Lo que uno esperaría sería que la directiva nos dijera ‘sabe qué, este señor no puede volver a ser candidato’. El tribunal tiene limitaciones, por lo tanto, es más fácil para la directiva echarle la culpa al tribunal, que asumir la responsabilidad política”.
Y agregan que “la directiva es la que maneja ese tipo de cuestiones. Una única declaración de la directiva, así firme, es suficiente políticamente, pero no lo han hecho. Es más, esa ha sido la crítica que le hicieron a Carolina Goic los medios”.
Ese 29 de agosto asistieron 9 de los 15 miembros de la instancia, que es la máxima autoridad jurisdiccional del partido y que ha tenido que enfrentar situaciones complicadas para varios de sus miembros. Pero, según diversos militantes, la vara del tribunal depende del poder e influencia del personaje caído en desgracia y, sobre todo, de su nivel de cercanía con la mesa directiva del momento.
“Desgraciadamente el TS se vincula mucho con la directiva nacional que esté a cargo del partido. Esa es la influencia que pesa”, asegura el abogado Enrique Bravo, que el 6 de abril de 2015 presentó ante el TS, junto a 11 militantes –entre los que se contaban el ex presidente de la DC Ricardo Hormazabal, además de Patricio Basso y Jaime Hales–, una solicitud para que se abriera una causa contra “todos los militantes de la DC que han aparecido o aparezcan involucrados, directamente o a través de terceros” en los casos de emisión de boletas o facturas ideológicamente falsas.
En un par de horas la petición fue rechazada, porque la denuncia no contenía nombres. El 8 de abril se solicitó una reposición detallando los nombres del entonces presidente del partido, Jorge Pizarro, como asimismo de Clara Bensan, Roberto León y Carolina Leitao-Salamanca, además de todos los DC que “aparezcan involucrados”. Doce días después, el TS rechazaba la reposición, argumentando la “inexistencia de una denuncia concreta de militantes ni antecedentes que permitan abrir una investigación”.
Para un antiguo militante este caso refleja que las puertas se cierran a la hora de juzgar a miembros con peso dentro de la DC. Percepción que comparte el abogado Jaime Hales, que opina que además el “Tribunal Supremo de la DC es un organismo que sirve a la directiva, no es independiente y en esa condición es un tribunal, podríamos decir, cooptado por la directiva, en el que no se puede confiar”.
De hecho, el requerimiento presentado por el tema de Rincón incluye algunos casos que fuentes cercanas aseguran que son “menos graves que la violencia intrafamiliar” y por los que se ha expulsado a militantes. “Aquí se nota que hay otra mano con gente que sí pesa en el partido. A estos tipos los echaron de una”, señalan.
Al respecto, desde el TS admiten que “históricamente la directiva ha tenido un gran peso dentro de la instancia. “Pero no es el caso ahora, ya que los cambios en la directiva nacional que se han producido en el partido han permitido que el tribunal no obedezca a la directiva y que ningún grupo domine las decisiones, ni siquiera los grupos más poderosos”, explican.
Otras fuentes internas consideran que el órgano está “muy desordenado: el Tribunal se genera en orden a acuerdos políticos, de acuerdo a una realidad. Y esto cambió, ya que Pizarro nunca ejerció el mando. El partido en general quedó sin lineamientos políticos y no había una directriz. Entonces el Tribunal se desordenó”.
La actual composición del TS es de 15 miembros, elegidos por el Consejo Nacional del Partido.
El presidente de la instancia (s), Gonzalo García, detalla que la principal función de esta estructura es “resolver las controversias entre militantes y el comportamiento de esto es en relación con los deberes estatuarios”. Sus miembros titulares, agrega, son elegidos “por el Consejo Nacional del PDC, por lo que se ven representadas la variedad y pluralidad de tendencias internas. En la composición del actual Tribunal no existen sectores o tendencias, ni otras estructuras internas que tengan la capacidad de influir sobre sus decisiones. Cualquier insinuación en sentido contrario, implica un desconocimiento de sus funciones”.
García fue uno de los 4 votos en contra de acoger a trámite la solicitud para desvincular a Rincón, ya que junto a José Miguel Donoso, Antonio Saavedra Veas y Patricio Reyes Zambrano, estuvieron por resolver que, antes de pronunciarse sobre la admisibilidad, se requiriera un informe a la presidenta nacional de la DC, Carolina Goic, a la Comisión de Ética y a Rincón.
Es así como, de acuerdo a cercanos al tribunal, “los votos en contra se explican por varias razones: en general porque todas esas personas optaron por pedir más información y antecedentes –como si hubo una causa anterior– antes de declarar admisible la causa. Algunos más convencidos o menos que otros”.
[cita tipo= «destaque»]“Desgraciadamente el TS se vincula mucho con la directiva nacional que esté a cargo del partido. Esa es la influencia que pesa”, asegura el abogado Enrique Bravo, que el 6 de abril de 2015 presentó ante el TS, junto a 11 militantes –entre los que se contaban el ex presidente de la DC Ricardo Hormazabal, además de Patricio Basso y Jaime Hales–, una solicitud para que se abriera una causa contra “todos los militantes de la DC que han aparecido o aparezcan involucrados, directamente o a través de terceros” en los casos de emisión de boletas o facturas ideológicamente falsas.[/cita]
Las mismas fuentes recalcan que “no todos los votos en contra deben ser leídos como votos a favor de Rincón, sino como un voto ponderado respecto a los antecedentes necesarios para tomar una decisión respecto a la admisibilidad del requerimiento”.
Gonzalo García Palominos es doctor en derecho Penal y académico de la Universidad de Los Andes, así como en postgrado en la Universidad Alberto Hurtado. El abogado, que es considerado un académico más que un hombre político, ha asesorado a distintos militantes en temas técnicos. Se le sindica con cercanía valórica a Soledad Alvear. El especialista en delitos económicos y funcionarios vinculados a corrupción, subroga en la presidencia a Andrés Parra, que está desde hace varios meses de baja debido a una enfermedad.
En el caso del abogado de la Universidad de Chile, Antonio Saavedra Veas, fue Seremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana. Cercano al diputado Gabriel Silber, aparece en los registros de la Cámara Baja como su asesor externo, así como del ex parlamentario y embajador en Ecuador, Gabriel Ascencio. Saavedra representó a este último mientras era diputado, junto al entonces jefe de bancada Ricardo Rincón, en la fallida impugnación de los resultados de la elección senatorial de Los Lagos de 2013, que dio como ganadores a Iván Moreira (UDI) y Rabindranath Quinteros (PS), por supuestas irregularidades que, aseguraban, habrían perjudicado la candidatura de Ascencio en la zona.
Saavedra es jefe del Departamento de Desarrollo de las Personas del Registro Civil y, según publicó Ciper, fue uno de los asesores legislativos que cumplían un doble rol al asesorar bancadas de forma externa y paralelamente prestar asesorías individuales a parlamentarios, a través de su consultora Antonio Saavedra Veas EIRL, lo que está prohibido.
Por su parte, el también abogado Patricio Reyes Zambrano es jefe de la División de Carabineros del Ministerio del Interior. Transversal en amistades, se lo liga al sector de los “príncipes”, especialmente al senador y ex presidente de la DC, Ignacio Walker.
En tanto, José Miguel Donoso Trigo es sindicado como del ala de los “chascones”.
Entre los cinco miembros del Tribunal Supremo que votaron a favor de declarar admisible la denuncia contra Rincón se encuentra el sociólogo Christian Valenzuela Lorca, que ha sido el histórico jefe de gabinete de Andrés Zaldívar en el Senado. Cargo que aún mantiene.
También está el abogado Luciano Fouillioux Fernández, que fue subsecretario de Carabineros durante el Gobierno de Eduardo Frei, y cuando Edmundo Pérez Yoma era ministro de Defensa. Cercano al ex secretario de Estado, lo representó durante el caso Tsunami por su rol como ministro del Interior, así como a la entonces directora de la Onemi, Carmen Fernández.
El abogado representa a la periodista Mónica González en la denuncia de secuestro en México, presentada por la directora de Ciper. Fouillioux tuvo una activa participación en la Mesa de Diálogo. Por año y medio, desde junio de 2001, fue director del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior.
En tanto, Héctor Ruiz Vargas es reconocido “como un hombre de Gutenberg Martínez”. Para algunos incluso “un peón de Martínez y Soledad Alvear, él les lleva el maletín”.
Otro integrante que votó a favor de la petición fue el ex embajador Raimundo González Aninat, profesor de Derecho Espacial en la Universidad de Chile, que fue elegido entre los 9 expertos para asesorar al Desarrollo Espacial del país. Así como María Cecilia Cáceres Navarrete, que no fue vinculada a ninguna tendencia clara entre los entrevistados.
Actualmente el TS funciona solo con 13 integrantes, debido a que –como se señaló– su presidente se encuentra enfermo, y a que hace unas semanas presentó su renuncia Sergio Ortega Gutiérrez. Renuncia que, aclaran varias fuentes, no tiene nada que ver con el caso Rincón ni con otro, sino con temas personales.
Los otros integrantes, que no participaron en la votación del lunes 29 de agosto, son Carlos Cárdenas Maturana, antiguo dirigente sindical del Banco del Desarrollo y del mundo ‘chascón’. Algunos lo sindican como cercano a Goic, al igual que al abogado Hugo Cifuentes Lillo, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Católica (PUC), que según otras fuentes de la falange “flota entre los príncipes y el grupo guatón y formó parte de la comisión especial que convocó la Presidenta sobre el tema previsional”, la llamada Comisión Bravo, siendo uno de los 11 que votó por la alternativa “B”, que apuesta por un cambio estructural del sistema.
Finalmente, es parte del tribunal el periodista Jorge Donoso Pacheco, “chascón tradicional”, y uno de los firmantes de la declaración que condena el Golpe, suscrita el 13 de septiembre de 1973.
Fuentes al interior del TS señalan que el órgano “está diseñado para ciertos conflictos y no para investigar de la misma forma que investiga el Ministerio Público. Podemos hacer preguntas, pero las normas y procedimiento internos exigen que los denunciantes presenten las pruebas. Y cuando se presenta algo sin pruebas nos deja en situación compleja a nosotros. Si bien hay muchos políticos al interior del TS, los que lideran son más los juristas, que tratan de ser súper institucionales”.
En el caso de Rincón, la pista se viene pesada, ya que los medios, la opinión pública y el propio partido estarán atentos a lo que se resuelva. Incluso es posible que un equipo distinto del tribunal actual conozca y resuelva el fondo de la causa, ya que se renovaría como consecuencia de la nueva Ley de Partidos Políticos, que obliga a que la mitad del tribunal esté compuesto por mujeres. En todo caso, aún no hay claridad de cuándo se hará este cambio, que podría ser en enero.
