Declaración de la Presidenta Bachelet genera nuevas diligencias
El persecutor Sergio Moya sostiene que muchas cosas que dijo el ex operador político de la UDI «fue para dejar plasmado en las escuchas algunos hitos importantes para la estructura de su estrategia de defensa».
El fiscal jefe de Rancagua, quien lleva la investigación del caso Caval, señala tener la convicción que el ex operador político de la UDI, Juan Díaz, al menos sospechaba que estaba siendo escuchado por terceros, lo cual habría aprovechado para establecer algunos hitos que luego utilizaría en su estrategia de defensa.
«Tenemos la convicción, tras diversos análisis de escuchas telefónicas, de que Juan Díaz sabía que estaba siendo escuchado, o lo sospechaba. Muchas cosas que hizo fue para dejar plasmado en las escuchas algunos hitos importantes para la estructura de su estrategia de defensa; sumado al conocimiento que tenía de la carpeta de investigación», explica en entrevista con El Mercurio.
Además, descartó que Díaz haya mantenido en su declaración los dichos de las escuchas telefónicas respecto a que la Presidenta Michelle Bachelet «se tenía que quedar con al menos mil millones», hecho que fue desmentido por la propia mandataria y que acusó una «canallada» sin excluir la posibilidad de un «montaje».
«Sin violentar el secreto de la declaración, porque no estoy dando a conocer nada de su contenido, puedo señalar que eso no fue sostenido de manera alguna. Es decir, no forma parte del relato que el propio imputado, libre y espontáneamente, prestó ante el fiscal», sostiene.
Moya también dijo que la línea de investigación existe una denuncia en contra de Sebastián Dávalos, hijo de la jefa de Estado, pero no de la mandataria. «Lo descarto absolutamente, nadie ha formulado ni denuncia ni una querella a su respecto», aclaró.
Sobre el debate que se ha generado tras la publicación de las escuchas telefónicas de Díaz, el fiscal señala que «las filtraciones han sido un problema constante en la investigación desde que se inició, porque en la causa hay aproximadamente 40 abogados con poder y que tienen acceso a todas las copias. Estas escuchas fueron liberadas semanas antes de la formalización del 29 de enero; por lo tanto, están en poder de todos los abogados y sus representados».
En cuanto a lo expresado por la defensa de la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, y el propio gobierno sobre la credibilidad de Díaz, el persecutor sostiene que «hay que distinguir entre el aporte a la investigación ceñida a los hechos formalizados el 29 de enero y la participación que se le atribuye a él en esos hechos; donde efectivamente aportó antecedentes útiles».
Sin embargo, agrega que otra cosa es la estrategia que ha usado para obtener lo que se le adeuda, los $800 millones de los cheques, los $300 millones de su trabajo a CCU y los $46 millones de préstamos personales a Compagnon.
«Otra línea es lo que tiene que ver con intereses extraproceso derivados de las connotaciones públicas y o políticas que esta causa tiene. Mi deber es centrarme en la investigación, los hechos formalizados, su participación y la de los otros coimputados. Por eso, consentimos la modificación a su medid cautelar en la causa principal; ahora, lo que él pudo hacer para cobrar estas platas o cosas fuera del proceso, eso es algo que no tenemos que calificar ni valorar, ni nada, porque no es parte central de nuestra investigación», afirma.
En todo caso, sostiene que en la causa principal Díaz es un testigo creíble, «ahora las conductas que ha tenido pueden ser aprobables o reprochables, pero nosotros no tenemos por qué calificarlas».
Moya también habla en La Tercera donde señala que la declaración que hizo la Presidenta, en calidad de testigo, «generó nuevas diligencias», razón por la que fue decretada bajo reserva durante 40 días, para que tengan resultados útiles y provechosos, como ha sido hasta ahora.
